Poderes e indultos

Interviú publica hoy que Manuel Cobo, el número dos de Gallardón en el Ayuntamiento, figura como apoderado en seis empresas inmobiliarias de Madrid. “Me estoy enterando ahora mismo de que figuro como apoderado de las empresas", asegura Cobo. "De la mayoría, ni siquiera conocía el nombre. Imagino que son todas sociedades de mi padre (Manuel Cobo Calleja), con quien no mantengo relaciones desde los años 90. Él habrá otorgado poderes a su hijo porque le ha dado la gana. Yo jamás he aceptado o utilizado ningún poder en esas empresas. Esto es de locos”. Según El País, Cobo hijo rompió con su padre después de que se separase de su madre en 1986.

Ya que aparece un nuevo nombre en los enredos del ladrillo madrileño y aquí, de momento, no tenemos GIA, me ha dado por googlear quién es ese poderoso padre inmobiliario (resulta curioso que en la política siempre haya más familia constructora que albañil). Y esto es lo que me he encontrado en el BOE. ¿Será el mismo Manuel Cobo Calleja?

En la hemeroteca de El País aparecen más cosas. Manuel Cobo Calleja estuvo involucrado en un presunto delito de prevaricación por parte del alcalde de Pinto (en aquel entonces Carlos Penit, de IU). Como no puedo enlazar, corto y pego un par de artículos sobre el juicio.

El alcalde de Pinto se sienta en el banquillo

El fiscal le acusa de prevaricación en la concesión de licencias urbanísticas

EFE - Madrid
EL PAÍS | Madrid - 29-04-1992

El alcalde de Pinto (21.700 habitantes), Carlos Penit, de IU, declaró ayer al tribunal que lo juzga por un presunto delito de prevaricación que no sabía nada sobre la concesión de licencias urbanísticas irregulares. También se sentaron ayer en el banquillo otros dos miembros del Ayuntamiento -uno de ellos, el primer teniente de alcalde, Juan Antonio González-, a los que el fiscal acusa de prevaricación, cohecho y falsificación de documento público. El juicio, que empezó ayer en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, proseguirá el próximo lunes.
Los hechos por los que están siendo juzgados el alcalde y otras dos personas -entre ellas González, también edil de Urbanismo- ocurrieron en 1983. El constructor Manuel Cobo Calleja solicitó al Ayuntamiento de Pinto unas licencias de obras y segregación para unas naves que ya estaban construyendo en un polígono situado entre Pinto y Fuenlabrada, denominado Cobo Calleja.Según se explicó en el juicio, estas solicitudes necesitaban un informe técnico favorable del arquitecto del Ayuntamiento. Aunque no era vinculante, sí se consideraba muy importante para que fueran aprobadas por la comisión municipal permanente a la que pertenecían los tres encausados.

Terreno rústico

El arquitecto municipal informó en contra porque las naves estaban siendo construidas sobre un terreno que, en su opinión, era rústico y no urbanizable. Pero estos informes no fueron incluidos en el expediente de solicitud de licencias, por lo que fueron aprobadas.

Posteriormente, el Ayuntamiento declaró la zona como rústica, aunque poco después la Comunidad de Madrid obligó a la corporación a que lo reclasificara como zona, industrial. Las disensiones entre los concejales del Ayuntamiento desembocaron en una moción de censura contra el alcalde, que no prosperó, por parte de miembros de su propio partido, que posteriormente fueron destituidos y que son algunos de los que presentaron en 1989 la querella que dio lugar a este juicio.

Según los denunciantes, el alcalde cobró 30 millones de pesetas por esta operación urbanística, aunque durante el juicio el abogado defensor, Gonzalo Martínez Mourullo, presentó testigos que afirmaron que las altas sumas que Penit percibía eran el sueldo de los concejales de su partido, que posteriormente él distribuía.

El alcalde señaló al tribunal que no comprobó si el expediente de solicitud de licencia era correcto, porque se fiaba de su equipo de gobierno y del jefe del negociado de cada área. En el mismo sentido declararon el concejal de Urbanismo y el secretario del Ayuntamiento, Salvador Rocha, que negaron tener conocimiento de la ausencia del informe técnico en el expediente de Cobo Calleja.

El fiscal solicita que se inhabilite durante seis años al alcalde por prevaricación, mientras que el acusador particular pide 15 años de inhabilitación por ese delito, dos años de prisión por el de cohecho y otros seis años por el de falsificación de documento público.

La Audiencia absuelve al alcalde de Pinto de prevaricación

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid
EL PAÍS | Madrid - 12-05-1992

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al alcalde de Pinto, Carlos Penit, de Izquierda Unida, de los delitos de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), cohecho y falsedad de documentos. El tribunal exonera también de culpa a Antonio González, ex concejal de Urbanismo, y al secretario general del Ayuntamiento de Pinto (21.700 habitantes), acusados ambos de prevaricación y falsedad.La sentencia señala que la concesión de licencias para varias naves industriales construidas sobre terrenos rústicos no cabe tipificarse como una acción injusta. Tal medida fue aprobada por la Comisión de Urbanismo, y su objetivo era legalizar una situación urbanística "heredada, preexistente e irreversible de difícil tratamiento". Las naves objeto del litigio están situadas en un polígono industrial propiedad de Manuel Cobo Calleja. El tribunal asegura que la regularización de las mismas se amparó en el planeamiento urbanístico de Pinto, supervisado y ratificado por la Comunidad de Madrid.

Los denunciantes formaron parte del equipo de gobierno municipal, con Penit como alcalde. Éste los destituyó de sus puestos a raíz de una crisis interna que desembocó en una infructuosa moción de censura. La acusación particular expuso al tribunal que el Ayuntamiento concedió al industrial Cobo Callejas las licencias de las naves sin que se tuviera en cuenta el informe, desfavorable, del arquitecto municipal. El arquitecto se opuso porque en ese momento, en 1983, el terreno estaba todavía calificado como rústico y la Comunidad de Madrid no había ordenado aún que se catalogase ese terreno como "suelo industrial".

El Ayuntamiento entendió que era necesario legalizar la situación de las naves preexistentes, "para evitar que se perdieran puestos de trabajo", según dijo el alcalde en el juicio. La sentencia señala que la decisión de eludir los informes del arquitecto sobre las naves del polígono Cobo Calleja fue adoptada por todos los ediles de la Comisión de Urbanismo.

Ignacio Escolar | Julio 14, 2003 10:58 AM