"En aquel momento parecía una buena idea"
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Julio 28, 2005
Adiós a las armas
Se ha ordenado a todas las unidades del IRA que se deshagan de sus armas. Se han dado instrucciones a todos los Voluntarios para que presten su ayuda en el desarrollo de programas puramente políticos y democráticos con medidas exclusivamente pacíficas.
Texto completo del comunicado del IRA
Ignacio Escolar | Julio 28, 2005 07:23 PM
Antes de que se llene esto de partidismos como lo hará...
Un ejemplo a seguir, sólo eso. Y me alegro por la gente de Irlanda del Norte
Pues sí, un ejemplo a seguir. Ahora sólo falta que lleven al loquero a los miles de Ian Pasley de allá arriba.
Para los de aquí abajo, que les hagan un hueco.
Contemos cuántos mensajes pasan sin que se nombre al actual partido gobernante o al principal partido de la oposición.
Van 3.
¡Qué bonito! Por fín una noticia no deprimente.
Pregunta:¿Entregan las armas sin más o va a haber una amnistía general?
Alex, van 4
Unos menos. Ya sólo quedan ("sólo") los vascos y los islamistas. Terroristas, quiero decir, los terroristas vascos y los terroristas islamistas. Y alguno más que me dejo y que ahora no me puedo acordar.
Bueno yo he hablado de Ian Pasley, que para el caso, te sirve como si hubiese mentado a Acebes.
O al Alcaraz de la asociación esa.
Es improbable (no imposible) que haya una amnistía general tal y como está de sensible ahora la opinión pública con respecto al terrorismo. Al menos de momento, improbable. De todas formas, debe de haber encarcelados de ambos bandos, porque en Irlanda SÍ hay, al menos, DOS bandos.
¿Sólo, Manolo?
Yo me sé de algunos gobiernos que la guerra sucia les sienta como anillo al dedo.
Y el terrorismo de ETA, pues qué quieres que te diga. Ahora ya me da más miedo el terrorismo immobiliario o el laboral.
Quiero decir, que habiendo encarcelados de ambos bandos, una amnistía para todos es más probable en Irlanda que en Euskadi, por ejemplo.
Bueno, y aquí, podrás decir que ahora es discutible que los haya. Pero todo lo que duró el GAL y el Batallón, que no fue poco, pues entonces sí estaban claros.
Y la actitud del Oreja cuando la tregua, pues no sé qué decirte, si no era "otro bando".
No, Manolo, usted no sabe si me subo a un andamio y no me pagan el arnés. O si tengo que hacer 1000 km diarios en una furgoneta para no tener que pagar lo que paga un camión. O si me contrata algun medio español y me contrata los artículos sin SS ni nada. O si ...
Ok, pero el GAL no fue exactamente un grupo armado surgido de la parte de la sociedad vasca españolista, por así decirlo. ¿Cuántos miembros del GAL eran vascos? Diría que pocos. Además, nunca hubo en Euskadi ningún movimiento social o político de apoyo explícito a los GAL. El GAL no tuvo ningún brazo político (alguno dirá que sí, que el PSOE fue el brazo político de los GAL: no fue así exactamente. Algunos dirigentes del PSE-PSOE -Damborenea, entre ellos- tengo idea que estuvieron implicados, pero no sería preciso considerar a todos los socialistas vascos como la rama política de los GAL).
Nos acercamos peligrosamente a las siglas prohibidas.
Sí, Addie, el Derecho Laboral, bonito y apasionante pero no lo cumple ni dios.
A mí me da más miedo que me maten, gracias pero estoy con Manolo, comprendiendo todas las demás putadas que tenemos en nuestra vida
Oye, pues estoy esperando qué dicen de todo esto ZP, Rajoy, el PSOE, el PP, Izquierda Unida, CiU y, sobre todo sobre todo, el simpar, el inigualable, el estupendo, el simpático, el jachondooo...
¿Cuál es el recuento final de mensajes *antes de* entonces? No ha durado mucho desde luego.
Espero que no haya complicaciones en el proceso. Sí que es una gran noticia, sí.
TOLON TOLON TOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON
Hemos tardado....13 mensajes en citar a algún partido político!!!
Y, además, todo depende del momento en que se ponga el contador a cero, como siempre. Pero bueno, nos acercamos a la zona en la que te puede caer un buen puro por opinar. Otamendi no está tan lejos. Por lo de los dos bandos, lo digo.
Vaya, que la policia española, como la inglesa.
Va, Alex, que aquí no tienes porque llevar cencerro. Te damos alfalfa, pero no hace falta que te des a conocer, hombre de dios.
No no jaja noooo no es el cencerro, son los anillos que me cuelgan de las pelotas!
Ay que inocente eres!
¿Anillos en las pelotas? Coño, no sabía que eras del Opus. ¿Duelen?
Qué va. Incluso da gustito cuando alguien los lame. ¿Te apuntas?.
Por supuesto, no puede ser casualidad que justo ahora el IRA diga adiós a las jarmas, ¿no? Qué mejor tirón mediático para una noticia como esta que en medio de una campaña de atentados intentados y consumados...
Yo del GAL no hablo porque hay mucha hipocresía, las víctimas clamaban por la justicia porque caían como moscas, Pedro J., entonces reclamaba a Barrionuevo que hubiera respuestas "contundentes" y si había que pasar la línea se pasaba, Fraga no sabía/no contestaba, otros miraban para otro lado, otros contrataban a elementos de la extrema-drecha para ser mercenarios.
Y cuando la organización (por llamarla de alguna manera) desaparece, entonces todos tienen un problema de Derechos Humanos y piden Justicia.
En fín, un dislate
Vale que barsa sea "barça" en catalán, pero "pregúntaselo" lleva acento en la "u". si lo pones en la "a" hablas como Camacho, en el anuncio de "fichálo fichálo".
No sé si estais al tanto, pero los presos del IRA y de las organizaciones protestantes que firmaron la paz están en la calle desde hace años. Los últimos salieron en Julio de 2000. Eso incluye a los condenados a cadena perpetua. Algunos de hecho son parlamentarios o alcaldes.
Aqui teneis la sección relevante del acuerdo de Viernes Santo:
http://www.sentencereview.org.uk/Agreement.htm
Te lamen el anillo y te da gusto... vaya, creía que eras un no metal.
Pues entonces nos alegramos todos de que todos estén en la calle. Francamente, tiene más mérito dejar las armas así.
Como culminación de un largo proceso de negociaciones, difícil,complicado,a veces desmoralizante,otras alentador pero sin cejar en el empeño con la vista puesta en el final del conflicto, por fin el IRA ha entregado las armas.
En España muchos se resisten a que el Gobierno SONDEE las posibilidades de una futura negociación que culmine con el fin de la violencia etarra.
GRACIAS por el recordatorio PAPUCHIN,pero no te de vergüenza y pon el nombre querido mio de mi alma.¡¡¡TESORO!!!
www.concordato.org
www.concordato.org
www.concordato.org
www.concordato.org
Por favor firma si no eres un "MEAPILAS"
Espero que la cosa vaya así, en el abandono de las armas y el fin del "Ira", y no se pretendan hacer numerosos juicios para que estos decidan que las negociaciones políticas no son una buena opción.
No nos olvidemos de las numerosas masacres e injusticias que causó tambien el ejercito londinense en Irlanda, muchas veces sin justificación alguna.
Niña, ...lo del concordato!!
Eso, encima tú recuérdaselo
Eh, firmad los mensajes que luego me echa la bronca a mí :P
Una de las noticias mas esperanzadoras del año y la peña se pone a charlar de anillos lameotnes y madres, que nivel. Sr Escolar lo mejor es que cierre el chiringuito o que cambie de pais. Esta claro que esto solo es un pimpampum para los indolentes españolitos en horas de trabajo.
Vaya, nos arruina la juerga el saborio este.
Bueno, es una buena noticia, de acuerdo, ahora solamente esperamos que lo haga ETA, intereses particulares de la AVT aparte
Pues si, solo han puesto sandeces.Esto no es un chat, mejor que sean ellos quien se piensen que escriben, que hay pocas páginas así, como para que las jorobemos.
Pues yo me he reído un rato leyendo todo el hilo, Anónimo de las 11:41.
De acuerdo con FUCKING GB-Esto a veces parece la cola del supermercado,tal es la simplicidad de algunas intervenciones.Recien conocí este BLOG y francamente esperaba otra cosa;la idea es buena pero no el cachondeo de algunas intervenciones.Te metes en un chat "cultural" de los de Terra y tienes gato por liebre.Parecido es ésto:un chat de regular nivel.
Una pena porque la idea y algunas intervenciones son serias.
'Emilio', ese uso de las mayusculas de que me suena a mí....
Eh, a mí no me mires así que yo no tengo nada que ver...
;)
Respecto a Fucking GB y Emilio: No sé a qué estais esperando para elevar el nivel de este misérrimo chat...
Eso, Jerez, que nos ilustren con ideas y no solamente critiquen lo que hacen los demás
El huevo y el fuero
Por Javier Ortiz
No logro entender a los partidos centralistas españoles. No sé a cuento de qué se declaran tan satisfechos tras el anuncio del IRA de que abandona las armas y que proseguirá su lucha a través de métodos pacíficos y democráticos. Cuando ETA se proclamó en tregua tras el acuerdo de Estella, el PP, seguido entonces por el PSOE, se mostró alarmadísimo. Dijo, por boca de Mayor Oreja: «Los nacionalistas vascos quieren conseguir por la vía pacífica lo que no han logrado con la lucha armada». Les pareció que la posibilidad de que el campo abertzale pudiera imponerse por la vía democrática era una perspectiva nefanda; un peligro que había que conjurar a cualquier precio.
¿Por qué ven tan bien que el IRA y el Sinn Fein intenten hacer algo de ese mismo género en Irlanda?
Todos hemos subrayado una y mil veces que las realidades de Irlanda y Euskadi son muy diferentes. A decir verdad, no sé por qué hemos insistido tanto en ello, habida cuenta de que nadie ha pretendido jamás lo contrario. Pero, puestos a resaltar las diferencias, una que no cabe pasar por alto es que allí se llegó a un acuerdo entre todas las partes para que sea el pueblo irlandés, y no el británico en su conjunto, el que decida el futuro del Eire.
Eso se llama autodeterminación.
El reconocimiento general del derecho de autodeterminación de la población irlandesa ha sido un factor clave para el triunfo final –esperemos que final– de las vías democráticas.
También en España hay quien afirma que cualquier objetivo es defendible, siempre que se persiga por vías pacíficas. Aún en el supuesto de que así fuera –cosa que no parece avalada por los hechos–, tanto daría, porque la cuestión no estriba en lo que cabe defender, sino en lo que se puede conseguir. A los ciudadanos de Irlanda del Norte les han asegurado que todo depende de sus propias urnas: si los partidarios de la reunificación política de las dos Irlandas vencen en su día en el referéndum que se realice al efecto, verán sus deseos convertidos en realidad.
¿Alguien ha asegurado que la voluntad mayoritaria de la población vasca vaya a servir para determinar el futuro de Euskadi? No, ¿verdad? Pues eso.
La autonomía que ha tenido de manera intermitente Irlanda del Norte es una ridiculez, comparada con la que tiene Euskadi. Qué duda cabe. Pero las poblaciones de España deberían ser las primeras en entender, aprendiendo de su propia Historia, que hay veces que la gente no discute por el huevo, sino por el fuero.
Ése es un aspecto esencial: que a los republicanos irlandeses les han reconocido el fuero.
Aunque les haya costado un huevo.
Hoy está nublado, fresquito, magnífico.. Me voy a coger la bici, hasta Girona, 80 km.
Parece Irlanda y me alegro mucho.
Me alegra que a FuckinGb y resto de culturetas, este blog les defraude. No va con sus ideas, no las saben defender, al menos, rojobilbao, arthur, y alguno mas de por ahi, con mas o menos aciertos, siguen el hilo.
Casi mejor que estos FuckinGb y Emilio se piren a HazteOdiar y sus interesantes hilos sobre RatzingerZ, Ynestrillas y como llevar bien puesto el cilicio.
Aqui cabemos todos, todos los que quieran entrar.
Respecto a la noticia en si, me da respeto el pensar que el terrorismo en si, es un negocio internacional como tal. Mucha gente en Irlanda se quedara 'sin trabajo' y por tanto, estara Londres dispuesta a acoger a tanto parado?
Lo estariamos en España?
Creo que hace tiempo que estan 'sin trabajo' como tu dices, hace mucho que hacen tregua. Y supongo que el Ira, no vive de eso y no creo que vayan a irse a Londres para seguir atentando, no lo veo logico, ni a España tampoco.
Porque aunque sea un grupo terrorista, el 'Ira' tiene unos 'principios o ideales' que no tienen nada que ver con los de los islamistas radicales o los grupos fascistas en londres.
Bueno, creo que es una buena noticia, sobre todo para los irlandeses.
Esperemos a ver la reacción de los unionistas, que son los más escépticos.
Se abre un período de esperanza para tod@s.
"Y supongo que el Ira, no vive de eso"
" el 'Ira' tiene unos 'principios o ideales' que no tienen nada que ver con los de los islamistas radicales o los grupos fascistas en londres"
Publicado por: Renton a las Julio 29, 2005 09:49 AM
Renton, yo creo, y ademas se ha demostrado, que todo terrorismo tiene una trastienda de negocio de trafico de armas, de droga de extorsion y terror que es superior al 'ideal' que tu dices.
El IRA de Michael Collins esta muy lejos, al igual que los Unionistas, del ideal actual, lo de 'los 7 condados unidos' y la 'tela sin costuras'.
De la misma forma que no tiene nada que ver el Ira de la epoca de la Thacher etc...
Una buena noticia y que cunda el ejemplo, por favor no pongais palos en las ruedas de este carro.... va para quienes casi todos sabemos.
En unos momentos de gran debilidad de ETA se ha intensificado el debate sobre cómo puede llegar el final de este grupo. No es ésta una cuestión menor, pues se corre el riesgo de desaprovechar la histórica oportunidad de erradicar el terrorismo etarra si la gestión de este proceso fuera equivocada. Así lo ponen de relieve las reacciones a la propuesta de Batasuna. Días antes de su anuncio, tres socialistas guipuzcoanos, entre ellos, Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, exigían al presidente Zapatero "valentía" y "asumir algún riesgo para ganar la libertad". Lo hacían antes de hacerse pública una propuesta que, con la falsa apariencia de un nuevo lenguaje pero sin desmarcarse realmente de ETA, pretendía reparar la deteriorada imagen de una marginada Batasuna mediante engañosas expectativas. Precisamente por ello estos socialistas favorecían en cierta medida los intereses del brazo político de la organización terrorista, como sugería la acertada valoración que de la propuesta abertzale hacía el presidente del Senado, Javier Rojo: "Nos tratan de confundir, engañar y mentir y ante eso debemos seguir haciendo lo que hacemos, defender el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico en los términos en los que lo planteamos y la unidad de acción de los demócratas". La prolongada experiencia de la lucha antiterrorista en nuestro país demuestra que ésta ha alcanzado su mayor eficacia cuando se ha basado en el consenso de las principales fuerzas democráticas. De ahí el peligro de caer en la trampa que Batasuna y ETA plantean como salida a su profundo aislamiento a unos meses de unas elecciones autonómicas en las que aventuran un agravamiento de su situación. Por ello resultan dañinas peticiones como las de los socialistas guipuzcoanos basadas en la fe en ETA más que en un riguroso análisis de sus dinámicas internas.
No es la suya una visión aislada. Recientemente un grupo de profesores de la Universidad del País Vasco lanzaba en un artículo propuestas que de ser aceptadas resultarían contraproducentes para la pacificación. En su opinión, "sería deseable que el conjunto de quienes corresponda hiciesen algo a partir de lo cual ETA pueda plantear un discurso en el que otorgue sentido tanto a su pasado como al cese de su actividad". En contra de lo que indicaban, difícilmente contribuiría al final de ETA la legitimación de su violencia que sugerían adoptando una retórica propia de organizaciones terroristas o de partidos afines a éstas al recurrir a mecanismos de difusión de responsabilidad y transferencia de culpa con los que el terrorismo busca su justificación. Los profesores transferían a gobierno y partidos democráticos la responsabilidad por el final de ETA exigiéndoles nada más y nada menos que faciliten un discurso que dé sentido a la existencia de un grupo responsable de la muerte de cientos de seres humanos. Ello equivale a establecer que todos esos asesinatos, que la intimidación de miles de personas y su terrible sufrimiento han sido absolutamente necesarios y, por tanto, útiles. Semejante planteamiento es inadmisible moralmente sin que tampoco deba aceptarse en virtud del pragmatismo que reivindicaban preciso a cambio del cese de ETA, pues tan perversa lógica supone asumir como eficaz el terrorismo alentando por ello su perpetuación o su repetición en el futuro.
Esta actitud subyace también en un texto remitido al Parlamento vasco por los tres partidos en los que se sustenta el Gobierno autónomo, esto es, PNV, EA e IU. En un documento sin mención alguna a ETA reconocen que "no existe conciencia social suficiente del sufrimiento de las víctimas" y que éstas "tienen un papel importante en la reconciliación", proceso que entienden no debe plantearse "en términos de victoria y derrota". Al mismo tiempo señalan que las víctimas demandan "justicia, una restitución y reparación global, y la recuperación de la memoria". Sin embargo, estos últimos objetivos sólo pueden alcanzarse si la reconciliación se acomete en esos "términos de victoria y derrota" que estos partidos rechazan. Durante años muchos teóricos de la resolución de conflictos han errado al propugnar que el final de procesos violentos exigía la aceptación de una suerte de empate entre los actores involucrados y que ciertas exigencias a los terroristas no resultaban realistas. La asimilación de esta fórmula en el ámbito vasco equivale a renunciar a la justicia que la verdadera paz demanda y a legitimar el terrorismo etarra, dificultando por ello su definitiva desaparición, la cual exige por el contrario que se enfatice la victoria de las instituciones democráticas y de la sociedad civil frente al terror.
Quienes sostienen que esta contundencia dificulta los procesos de cuestionamiento de la violencia y el abandono de la misma ignoran que la evidencia demuestra precisamente lo contrario. La carta de seis presos etarras criticando la "lucha armada" de ETA constituye una inapelable admisión del fracaso de esta banda, conclusión a la que estos activistas han llegado como resultado del triunfo de eficaces medidas antiterroristas, pues, como ellos mismos reconocen, su "estrategia político-militar ha sido superada por la represión del enemigo". Por tanto, la racionalización que precede a la renuncia a la violencia es clara: el aumento de los costes y la disminución de los beneficios que se deriva del terrorismo desincentiva su utilización. Así ha quedado demostrado también en el caso del IRA, que ha desechado el terrorismo a pesar de no haber conseguido sus aspiraciones, constituyendo por ello un importante referente para gestionar el final de ETA.
Es significativo que los argumentos con los que a mediados de los años ochenta algunos miembros del IRA defendieron la ineficacia de su violencia fueron desprestigiados por el liderazgo a pesar de no diferir sustancialmente de los que esos mismos líderes, entre ellos Gerry Adams y Martin McGuinness, utilizaron más adelante para justificar el alto el fuego. La supresión de la disidencia se ha dado también en ETA, de ahí la utilidad de examinar cómo el IRA se sirvió de la continuidad del terrorismo para ejercer una presión con la que ciertos líderes fortalecieron sus posiciones. Por ello, cuando se pide un "Gerry Adams para el País Vasco" conviene tener presente que su falta de valentía política y humana fue precisamente la que impidió la interrupción del terrorismo mucho antes.
Como confiesan antiguos integrantes del IRA, desde mediados de la década de los ochenta destacados responsables del grupo dejaron de contemplar como posible la victoria. La consecuencia lógica tras alcanzar ese convencimiento era la interrupción del terrorismo o el abandono de la organización si ésta no adoptaba semejante decisión. Sin embargo, esos líderes no sólo continuaron al frente del IRA, sino que además se sirvieron de sus posiciones de autoridad para aislar a quienes planteaban la necesidad de detener la violencia. Al mismo tiempo mantuvieron el terrorismo como instrumento de presión para exigir al nacionalismo democrático y al Gobierno apoyos a cambio de la renuncia a la violencia. Se complementaba esto con un lenguaje como el que Batasuna y ETA emplean ahora prometiendo "explorar nuevas vías" y que también ha seducido a los socialistas guipuzcoanos citados. Finalmente el rechazo de dicho chantaje y las medidas coactivas gubernamentales aceleraron el deterioro del IRA que desembocó en el cese de la violencia, contradiciendo a quienes manifiestan que el Pacto Antiterrorista y la ilegalización de Batasuna retrasan el final de ETA.
Hay quienes se dejan seducir por las promesas de Batasuna aduciendo que el fracaso es difícil de afrontar a un nivel tanto individual como grupal y que por ello ETA requiere facilidades. Sin embargo el alto el fuego del IRA en condiciones que en absoluto "otorgan sentido a su pasado" y la admisión de numerosos activistas de que tantas muertes y años en prisión no merecieron la pena, demuestran que la salida del terrorismo es posible a pesar de la frustración que esta decisión genera en circunstancias como las descritas. Cuando se pide al Gobierno que facilite a los seguidores de ETA "una interpretación políticamente creíble y soportable" del final de la violencia, como hacían los profesores mencionados, se ignora que ya existe un sólido argumento que cumple esa función y que ha sido válido para otros militantes particularmente sanguinarios: su derrota. Lo ha sido además sin la victoria política que la legitimación de sus acciones pasadas supondría si obtuvieran concesiones como las que algunos reclaman.
Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.
Rogelio Alonso, EL PAÍS, 19/11/2004
ETA, a 10 años del alto el fuego del IRA
Rogelio Alonso
Profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de Matar por Irlanda
El 31 de agosto de l994, hace hoy una década, el IRA, la organización terrorista más activa en Europa desde finales de los sesenta, anunciaba un histórico "cese completo de las actividades militares". En el aniversario de tan importante decisión, resultan pertinentes algunas reflexiones sobre el final del terrorismo en Irlanda del Norte. ¿Cuáles han sido las causas de semejante cambio estratégico? ¿Ha sido la negociación política el desencadenante de este nuevo escenario? ¿Ha conseguido el IRA sus ambiciones a través del terrorismo? Las respuestas a estos interrogantes ofrecen relevantes lecciones para un fenómeno terrorista como el de ETA, cuya esperanzadora decadencia todavía no se ha traducido en su completa desaparición. El motivo radica en que la experiencia del IRA nos muestra cómo un grupo terrorista etnonacionalista es capaz de abandonar la violencia a pesar de no haber conseguido sus objetivos, siendo esta decisión consecuencia del fracaso y de la debilidad de la organización, provocada por la eficacia de distintas medidas antiterroristas, y no de la satisfacción de importantes concesiones a quienes han perpetrado el terrorismo. Por tanto, y al contrario de lo que opinan algunos observadores en nuestro país, la derrota del terrorismo ha sido la condición necesaria para que comenzara a abrirse el camino de la pacificación. Conviene resaltarlo, ya que amplios sectores del nacionalismo vasco manifiestan que el final de ETA sólo vendrá tras el reconocimiento de importantes aspiraciones nacionalistas que satisfagan al grupo terrorista a pesar de no suponer la total materialización de sus objetivos. Esta interpretación, que compone la esencia del denominado plan Ibarretxe, ignora que las organizaciones terroristas acostumbran a identificar las concesiones que se derivan de su violencia como una confirmación de la eficacia del terrorismo incentivando por ello su persistencia. De ahí que el cese de la violencia del IRA se produjera sin contraprestaciones políticas de magnitud en un contexto de seria debilidad del grupo terrorista que, tras interiorizar y asumir su ineficacia, optó por abandonar la táctica que predominantemente utilizó durante años.
Es interesante comprobar que el debilitamiento de ETA es incluso mayor que el del IRA cuando el grupo irlandés concluyó su violencia. En esas condiciones se aprecian respuestas muy diferentes por parte de los actores involucrados en el proceso que debe desembocar en el final del terrorismo. Por un lado se observa que tanto el nacionalismo democrático en el norte como en el sur de Irlanda evitaron radicalizar sus reivindicaciones a modo de estímulo para el grupo terrorista, actor que sí varió sustancialmente su actitud relegando el absolutismo ideológico que le guió hasta entonces. Contrástese, por ejemplo, la posición del primer ministro irlandés, Bertie Ahern, descartando en 2002 la participación del Sinn Féin en el Gobierno de la nación mientras el IRA exista, con las alianzas que desde el nacionalismo vasco se prometen a los representantes políticos de ETA en un supuesto escenario de "ausencia de violencia". Un año antes el nacionalismo en el norte de Irlanda rechazó un pacto electoral propuesto por el Sinn Féin argumentando que ello profundizaría las divisiones entre las comunidades norirlandesas. Compárese cómo mientras Gerry Adams aceptaba que en el sur de Irlanda "el Sinn Féin es tratado como un paria por los líderes de todos los demás partidos políticos", en cambio el nacionalismo democrático en el País Vasco propugna que el resto de las formaciones acomoden sus agendas a ciertos intereses nacionalistas con el pretexto de que así se incentivará a los terroristas a detener su campaña. Patxo Unzueta sintetizaba los peligros de esta estrategia: "Desde Lizarra, el mensaje es que en cuanto el Gobierno reconozca la autodeterminación, ETA pliega, y que, por ello, es urgente un acuerdo para superar el marco autonómico en un sentido soberanista; es decir, que los no nacionalistas avalen en una mesa de diálogo unos cambios que acerquen el nacionalismo a su programa máximo. Eso sí que es desplegar una estrategia de interés particular aprovechando el terrorismo. Si ETA pliega, bien, y si no, queda el consuelo de los avances en la construcción nacional, porque nadie va a sugerir devolver lo conquistado" (EL PAÍS, 7 de junio de 2001).
Sin embargo, el ejemplo del IRA nos demuestra que una organización terrorista etnonacionalista puede concluir su violencia sin haber logrado sus aspiraciones, entre ellas la ansiada autodeterminación. La propia ETA lo apreciaba en un Zutabe de 2001 en el que los terroristas vascos evaluaban del siguiente modo el Acuerdo de Viernes Santo aceptado por el IRA y el Sinn Féin en 1998: "Al pueblo irlandés en su totalidad se le niega el derecho de autodeterminación, y por otro lado, el gobierno de los 26 condados [de la República de Irlanda] deberá cambiar su constitución, renunciando a 6 condados [los de Irlanda del Norte], hasta que sus ciudadanos decidan otra cosa. Los irlandeses deberán aceptar la división de su pueblo." Así lo corroboraba el propio Gerry Adams cuando aseguraba en marzo de 2000 que "la autodeterminación para la población de esta isla todavía tiene que conseguirse", exponiendo, por tanto, el equívoco repetido por el Partido Nacionalista Vasco que identifica como causa del alto el fuego del IRA el "solemne reconocimiento del derecho a la autodeterminación". Como los portavoces del IRA y del Sinn Féin admiten, en absoluto se ha reconocido la autodeterminación del pueblo irlandés por la que han justificado su violencia. Al mismo tiempo, muchos son los activistas del IRA que definen como muy pobre el balance que pueden presentar después de tantos años de terrorismo, como pone de relieve la actual situación en la región. En primer lugar, es evidente que Irlanda del Norte continúa bajo plena jurisdicción y soberanía del Reino Unido. Asimismo, desde octubre de 2002 permanece suspendida la limitada autonomía norirlandesa transferida tras el final de la violencia, sistema de gobierno éste que en absoluto se correspondía con las pretensiones de autodeterminación y unificación del norte y el sur de Irlanda planteadas por el IRA. Mientras el unionismo norirlandés ha aceptado sin alarmismo que Irlanda del Norte haya vuelto a ser administrada desde Londres, la ausencia de autonomía plantea otros problemas para los representantes del Sinn Féin. Si ya resulta enormemente difícil esconder el rotundo fracaso del IRA tras haber sido este grupo incapaz de conseguir sus propósitos mediante la violencia, aún más compleja es esta tarea cuando sus dirigentes ni siquiera disponen de una mínima autonomía con la que justificar en vano miles de muertes. Todo ello, no obstante, no ha provocado el retorno del terrorismo, exponiéndose así el error de quienes durante años insistieron en que la terminación de la violencia exigía importantes transformaciones del marco jurídico y político que no se han producido.
Debe indicarse que tanto en el caso de ETA como en el del IRA a menudo se subestima que sus dirigentes han elegido el terrorismo libremente tras descartar otros métodos. No es el terrorismo una simple expresión de protesta espontánea más allá del control de los individuos que lo perpetran, ni una imposición o reacción inevitable a unas condiciones materiales e históricas determinadas, sino una táctica elegida entre un repertorio. De ahí que se renuncie a la misma cuando los costes políticos y humanos que de ella se derivan son elevados y cuando las expectativas de éxito desaparecen. Estos factores son los que en el IRA provocaron el cuestionamiento de la violencia que antecedió al cambio de voluntad materializado en la conclusión de su campaña y en la aceptación de principios hasta entonces considerados como anatemas, entre ellos la entrega de armas y la participación de una organización subversiva en el mismo sistema que intentó destruir. Así pues, en el proceso de conclusión del terrorismo del IRA confluyeron tanto dinámicas internas que consolidaron en el propio grupo terrorista las críticas hacia la continuidad de la violencia como adecuados comportamientos por parte de otros actores, esto es, partidos democráticos y Estados, cuya firme respuesta fue la que llevó finalmente a la organización a juzgar su violencia como ineficaz. Parece ésta una lógica válida para nuestro ámbito, donde el terrorismo etarra puede argumentar una cierta eficacia mientras los representantes nacionalistas insistan en presentar como la clave para la consecución de la paz el "acuerdo amable entre España y Euskadi" exigido por Ibarretxe en lugar de la erradicación de esa amenaza terrorista que sigue impidiendo la convivencia entre los vascos. Por tanto, a 10 años del alto el fuego del IRA, el paralelismo entre ambos contextos constata la equivocación de Ibarretxe al demandar al presidente del Gobierno "valentía, además de talante y sonrisas", para solucionar el conflicto vasco, pues es más bien el nacionalismo democrático el que debe exhibir ese valor tan imprescindible para la desaparición de ETA.
Fuente: El País
Fecha: 31/08/2004
TRIBUNA: ROGELIO ALONSO
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Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
EL PAÍS - Internacional - 29-07-2005
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¿Es el último comunicado del IRA realmente histórico? Este calificativo ha sido utilizado en numerosas ocasiones a lo largo de la última década en Irlanda del Norte. Otros anuncios previos de la organización terrorista también generaron optimistas expectativas que posteriormente dieron paso a la decepción. La atención mediática que los pronunciamientos del grupo terrorista despiertan suele desvanecerse gradualmente evitándose de ese modo un examen riguroso del verdadero alcance de los mismos. La valoración de los comunicados del IRA obliga a analizar tanto el contexto en el que éstos se producen como sus contenidos. En primer lugar, es necesario tener presente que quien firma la reciente declaración es una organización terrorista responsable del asesinato de miles de seres humanos que todavía hoy continúa amenazando, intimidando y financiándose a través de actividades criminales.
Así lo han constatado los primeros ministros británico e irlandés y la comisión independiente que tiene como misión juzgar si realmente los grupos terroristas norirlandeses respetan sus declaraciones formales de alto el fuego. Las denuncias contra el IRA por parte de tan relevantes actores ha colocado en los últimos meses una gran presión sobre el grupo liderado por Gerry Adams. El contexto internacional la ha intensificado propiciando este gesto público del grupo terrorista, pues en el escenario creado por el 11-S, el 11-M y el 7-J es impensable que el IRA vuelva a colocar bombas en Londres o a matar indiscriminadamente a civiles. En realidad, declarar el final de "su campaña armada" es en este momento redundante, pues poco probable era que el IRA perpetrara otra vez atentados que facilitaran la equiparación de Adams con Bin Laden cuando el primero ha invertido tanto en rehabilitar su imagen llegando al extremo de fotografiarse con Juan Pablo II.
Hace tiempo que los dirigentes del IRA han abandonado su denominada "lucha armada" conscientes de la ineficacia de la misma después de 30 estériles años de asesinar sin conseguir sus objetivos. Así lo constata el hecho de que quienes asesinaron por una Irlanda unida aceptan hoy administrar la limitada autonomía que bajo soberanía del Gobierno británico se introdujo en la región en 1999 y que permanece suspendida desde 2002 por las diversas actividades del IRA, entre ellas el espionaje de dichas instituciones o el cuantioso robo a un banco en Belfast. No renunciaron los responsables del IRA a mantener presente al grupo terrorista como elemento de presión con el que coaccionar a sociedad y políticos, prometiendo por un lado su desaparición pero condicionándola a que el Sinn Fein recibiera concesiones políticas. Esta estrategia ha generado numerosos engaños, siendo Tony Blair víctima de uno de ellos cuando en 1999, después de una conversación privada en la que dirigentes del Sinn Fein le transmitieron lo mismo que el grupo terrorista acaba de anunciar ahora, el premier británico declaró que el IRA estaba dispuesto a acometer "un gesto de proporciones sísmicas" en lo referente a su desarme. Cuando finalmente el IRA entregó algunas de sus armas, lo hizo sin satisfacer las expectativas, mientras los servicios de inteligencia descubrían que el grupo había ordenado fabricar nuevos morteros. En octubre de 2003, Adams pronunció otro de esos supuestamente "históricos" discursos que el tiempo ha expuesto como mera palabrería al no ir acompañado de hechos. Entonces, como ahora el IRA, Adams ya declaró que existía alternativa a la violencia afirmando su "compromiso absoluto con los métodos exclusivamente democráticos y pacíficos", oponiéndose a "cualquier uso de la fuerza o amenaza con fines políticos". Quienes interpretaron que Adams estaba cerrando la empresa que dirige desde hace 30 años, el IRA, se vieron decepcionados. Por tanto, para que las nuevas palabras del IRA reciban el calificativo de históricas requieren actos concretos que les den credibilidad.
Es oportuno destacar que el IRA no ha anunciado su completa desaparición, en cuyo caso Adams habría perdido el instrumento a través del cual ha chantajeado a Gobiernos y políticos. Este chantaje ha sido aceptado en el pasado por dirigentes que estimaron que así facilitaban la transición del terrorismo a la democracia, pero que ahora contemplan alarmados las consecuencias de su equivocada estrategia al haber logrado fortalecer al Sinn Fein, hoy el partido nacionalista más votado en Irlanda del Norte. Muchos de ellos aceptan que hubiese sido más eficaz haber exigido al Sinn Fein lo mismo que se requeriría de otro partido para su plena aceptación en la democracia, rechazando favoritismos inspirados en la presencia coaccionadora de un grupo terrorista a la sombra de un partido que ha explotado así el sistema democrático. El tiempo demostrará si las tácticas han cambiado.
1. INTRODUCCIÓN
2. LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS EN LOS TEXTOS INTERNACIONALES
3. DEL “PRINCIPIO” AL “DERECHO”
4. LOS SUJETOS DE LA AUTODETERMINACIÓN EL CONCEPTO DE “PUEBLO”
5. LA AUTODETERMINACIÓN CONTENIDOS Y LIMITES
6. LA REDEFINICIÓN DEL PRINCIPIO DE SOBERANÍA
BIBLIOGRAFÍA
Índice
AUTODETERMINACIÓN
I. Introducción
Una de las grandes ideas-fuerza protagonistas de la política de este siglo XX que
está a punto de fenecer la constituye el “principio” o, en su caso, el “derecho” de
autodeterminación de los pueblos. Desde el momento de su surgimiento a
comienzos de siglo, de forma simultánea tanto en el ámbito de las teorías
marxistas (Lenin) como en el mundo occidental (Woodrow Wilson), la idea de la
autodeterminación de los pueblos ha venido configurándose como uno de los
grandes mitos políticos contemporáneos’.
A pesar de haber finalizado prácticamente la era de descolonización, y contra
todo pronóstico, los últimos años han sido testigos del resurgimiento de esta
idea, con fuerza renovada, a lo largo y ancho del mundo. En el momento actual,
se calcula que un total de cincuenta países están sufriendo conflictos
relacionados con la autodeterminación de los pueblos. (lnternational Alert. 1993,
pag. 2). La violencia que acompaña a esos conflictos, la xenofobia y el racismo
de ellos derivados, la “limpieza étnica”, los genocidios y muertes provocados, así
como el creciente número de refugiados producidos como consecuencia de los
desplazamientos, ponen en evidencia que la idea de la autodeterminación sigue
constituyendo una poderosa fuerza movilizadora.
Como todos los grandes mitos políticos, la idea de la autodeterminación de los
pueblos tiene contornos muy imprecisos. Su gran fuerza atractiva, de una parte,
y su contenido genérico y poco preciso, por la otra; han hecho que esta idea
haya sido reclamada y utilizada por un número cada vez más creciente de grupos
y colectivos a fin de aplicarla a un número no menos mente de situaciones
internas y externas, en los ámbitos de la vida política, social, económica y
cultural.
Por todo ello resulta urgente clarificar tanto su ámbito y contenido como su
aplicación práctica. ¿Qué se entiende por “pueblo”?. ¿Cuál es la diferencia entre
un “pueblo” y una “minoría”?. ¿Qué papel juega e1 territorio?. ¿Son la
autodeterminación y la secesión términos necesariamente unidos?. ¿Cuál es la
relación entre la autodeterminación y la democracia?. He aquí tan sólo algunas
de las múltiples y complejas cuestiones que plantea el concepto de la
autodeterminación de los pueblos. Dada la enorme dificultad de la tarea, en este
trabajo me voy a limitar tan sólo a expresar unas reflexiones e ideas generales
en torno a algunos de estos problemas.
2. La autodeterminación de los pueblos en los textos internacionales
Ya se ha indicado que la autodeterminación constituye un hecho político y social
de extraordinaria importancia en el mundo contemporáneo. Ahora bien, ese
hecho puede ser calificado de formas muy diversas: como una aspiración, como
un objetivo, como una idea filosófica, como un valor moral, como un movimiento
social, como una poderosa ideología, o como un derecho reconocido por las
normas internacionales (Stavenhagen. pag. 3).
A fin de delimitar el objeto de este estudio, de todas esas posibles calificaciones
citadas me interesa acotar aquí la consideración de la autodeterminación como
una categoría jurídica reconocida por el derecho internacional. Pero, incluso
dentro de esa perspectiva estrictamente jurídica se plantean formidables
problemas a la hora de delimitar el sentido, significado y contenido de la
autodeterminación. ¿Se trata de un principio, o de un derecho?. En el último
caso, ¿es simplemente un derecho moral, o un derecho político?. ¿Constituye un
derecho positivo, y por tanto de carácter vinculante para los poderes públicos, o
sólo tiene una eficacia indirecta?.
A pesar de que pocas normas del derecho internacional contemporáneo han sido
promovidas de forma tan vigorosa y aceptadas de forma tan general como el
derecho de los pueblos a la autodeterminación, lo cierto es que nos hallamos
muy lejos de alcanzar un consenso mínimo en torno al significado y contenido del
mismo. Así, mientras para algunos autores constituye un derecho humano
fundamental de aplicación general, para otros supone una mera aspiración polí
tica, susceptible o no de ser tenida en cuenta, en función de las circunstancias
concretas. A pesar del tiempo transcurrido, el significado y contenido de este
derecho continúa siendo tan impreciso como en el momento en que fue
enunciado por W. Wilson y otros en Versalles en 1918. (H. Hannum.1990. Pag.
27).
El principio de autodeterminación de los pueblos adquirió importancia mundial
durante la primera guerra mundial. A ello contribuyeron varios factores. Por
primera vez el derecho de los pueblos era reconocido en documentos
internacionales haciendo oficial el principio de nacionalidad. En aplicación de los
catorce puntos de la doctrina Wilson, varias naciones de Europa central y oriental
obtuvieron su independencia. En los tratados de paz se otorgó una especial
atención a la protección de las minorías étnicas. A pesar de que en el Pacto de la
Liga de las Naciones no se hacía referencia alguna a la autodeterminación, este
principio tuvo un protagonismo dominante en el periodo de entreguerras.
Tras la segunda guerra mundial, el principio va a ser reconocido en la Carta de
las Naciones Unidas de 1945, donde aparece recogido de modo expreso en sus
artículos 1 y 55, y de forma más indirecta en el Preámbulo y, sobre todo, en los
artículos 73 y 76.
A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 no
va a hacer referencia al respecto, van a ser numerosos los documentos
posteriores en los que la ONU va a reiterar el reconocimiento tanto del principio
como del derecho a la autodeterminación. Mediante la resolución
1514 adoptada por la Asamblea General el 14 de Diciembre de 1960, la ONU
reconoció este derecho a las colonias en la Declaración sobre la Concesión de
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. En este documento se señala
que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de
este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural”.
Posteriormente se vuelve a reiterar este reconocimiento en los dos Pactos
Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de Derechos
Civiles y Políticos, respectivamente, suscritos ambos en 1966. En el artículo 1 de
ambos Pactos tras reafirmar que “Todos los pueblos tienen el derecho de libre
determinación...” se señala que “Los Estados Partes en el presente Pacto (...)
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán ese
derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas”.
El contenido de este derecho fue delimitado por la Declaración de Principios de
Derecho Internacional relativo a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de 1970 (Resolución 2625). En la misma se señala que el
establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación con, o
integración en, un Estado independiente, o la emergencia de cualquier otro tipo
de estafas libremente determinado por el pueblo, constituyen modos de hacer
efectivo el derecho de autodeterminación. Sin embargo, la misma Declaración
rechaza a su vez cualquier derecho de secesión con respecto a un Estado
independiente y condena toda acción dirigida a la ruptura parcial o total de la
unidad nacional y de la integridad territorial de cualquier otro Estado o país. En
contra de lo que pudiera parecer a primera vista ambos preceptos no son
contradictorios, sino complementarios, al menos en el contexto en el que fueron
aprobados estos Principios. Lo que en ellos se pretende expresar es que el
principio de integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras no puede
impedir el proceso de descolonización. Pero al mismo tiempo, cuando un
territorio colonial ha obtenido su independencia, entonces los pueblos que
componen el nuevo Estado no pueden exigir el derecho de autodeterminación o,
para ser más exactos, el derecho a la secesión. (A. Michalska. 1991. Pag. 82).
Como se verá más adelante, son diversas las interpretaciones realizadas en torno
al alcance de estos preceptos, pero la generalidad de la doctrina se muestra de
acuerdo en considerar que del contenido de los mismos no puede derivarse la
consecuencia de que el derecho de autodeterminación supone el derecho de
cuaIquier- grupo de cualquier Estado a la secesión territorial Para terminar con
esta breve reseña cabe recordar que, el 18 de Diciembre de 1992, la Asamblea
General de la ONU aprobó, a través de su Resolución 47/135, la Declaración de
Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas,
Religiosas, o Lingüísticas. Tal Declaración obliga a los Estados a proteger la
existencia y la identidad de las minorías dentro de sus respectivos territorios.
Ya en el ámbito estrictamente europeo cabe reseñar algunas disposiciones
internacionales mucho más avanzadas y sobre todo con una mayor eficacia
práctica que las establecidas por la ONU. Así, en 1992, la Conferencia de
Cooperación y Seguridad en Europa (CSCE) reunida en Helsinki tomó la decisión
de nombrar un Alto Comisionado en Minorías Nacionales con el objeto de vigilar
el cumplimiento de los derechos de las mismas y prever la aparición de posibles
conflictos así como llevar a cabo las oportunas acciones en la fase inicial de los
mismos, a fin de evitar mayores males posteriores.
A modo de resumen podemos indicar que, si bien el derecho de
autodeterminación ha sido reconocido de forma clara en el derecho internacional,
sin embargo ha sido acompañado y limitado por un número tal de cláusulas,
excepciones, condicionantes, etc... que lo han reducido en la práctica a algo
insignificante desde el punto de vista político. A ello debe añadirse que el
derecho internacional no ha establecido ningún procedimiento de arbitraje, ni ha
especificado o definido de forma clara los términos del derecho, y en concreto no
existe en la ONU ningún órgano específico directamente encargado de resolver
los conflictos en esta materia.
Por todo ello resulta imprescindible un análisis, siquiera somero, de los puntos
más conflictivos planteados desde el punto de vista doctrinal en torno a este
derecho. Hablar del derecho de autodeterminación de los pueblos implica
necesariamente adorar qué se entiende por cada uno de los tres conceptos de los
que el mismo se compone: 1. Derecho; 2. Autodeterminación,- 3. Pueblos.
3. Del “Principio” al “Derecho”
Desde su surgimiento a finales del siglo XIX y sobre todo en los comienzos del
XX, el principio de autodeterminación resultó sin lugar a dudas un principio
explosivo. El mismo suponía en esencia una forma de autoafirmación contra toda
forma de dominación, y en tal sentido implicaba una clara amenaza para la
autoridad establecida así como un poderoso desafío para el orden entonces
vigente. Por ello, el orden político surgido de la segunda guerra mundial trató de
controlar la autodeterminación, dada la directa influenza ejercida por el citado
principio en los acontecimientos políticos y bélicos del período de entreguerras.
En tal sentido, se trató de “descafeinar’ su significado y contenido a fin de evitar
su potencialidad intrínseca, siempre explosiva y peligrosa para el orden
establecido.
Todo estaba previsto para evitar otorgar contenido legal al mismo. Se mantenía
la idea de que era un derecho absurdo y no aplicable ya que resultaba imposible
definir los teóricos sujetos del mismo -e1 pueblo- y en aquellos casos
excepcionales en los que se establecía una definición, la misma era arbitraria. De
este modo, la autodeterminación “se hallaba inevitablemente destinada a ser un
mero juguete de los poderes políticos internacionales” (Heraclides. 1991. pag.
22). Un reflejo de esta actitud lo constituye la Carta de las Naciones Unidas en
donde se hace referencia al “principio” de la libre determinación de los pueblos, o
en el campo estricto de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de 1948
que ni tan siquiera hace referencia al principio, limitándose simplemente a
establecer que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder
público” (art. 21.3).
Con motivo de la oleada descolonizadora de la década de los sesenta, hasta los
más ortodoxos intérpretes del derecho internacional tuvieron que rendirse a la
evidencia de que la autodeterminación había devenido en un auténtico derecho
internacional, en un auténtico jus cogens. Así lo iba a reconocer la ONU en su
Declaración de 1960. Ahora bien, su ámbito y extensión quedaban sometidos
todavía a un amplio debate. De hecho, en las discusiones previas a la aprobación
de los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y
de Derechos Civiles y Políticos de 1966, algunos delegados se opusieron a la
inclusión del término “derecho” alegando que la Carta hacía referencia al
“principio”, y añadiendo que como principio tendría una gran fuerza moral,
mientras que resultaba extremadamente complejo traducirlo en términos legales,
es deán en un instrumento con pretensiones de obligatoriedad jurídica.
Finalmente la redacción final del articulo 1 de ambos Pactos fue aprobada por 33
votos a favor, 12 en contra y 15 abstenciones. (A.Michalska. Pag. 85).
Era evidente que en los trabajos preparatorios de ambos Pactos, la noción de
autodeterminación era interpretada de forma muy diversa y en contextos muy
diferentes? Así lo demuestra el hecho de que, finalmente, el reconocimiento del
derecho de autodeterminación fuera recogido en el art. 1, y no en la parte
tercera de los textos, en la que se regula, uno a uno, los diversos derechos
humanos. Salvo la introducción del término “derecho”, pocas novedades ofrecían
los Pactos con respecto a los documentos internacionales previos, ya que ni se
concretaba el contenido de tal derecho, ni se introducían nuevos elementos
definitorios.
Las diferentes interpretaciones se centran sobre todo en dos aspectos. De una
parte, la naturaleza jurídica del derecho. De la otra, si su ámbito de aplicación se
limita sólo a las situaciones coloniales o es extensible también a otros supuestos.
En cuanto al primer aspecto, existe un generalizado consenso en otorgar un
carácter jurídico a1 “derecho” de autodeterminación. Más discutible ha resultado
la cuestión de la eficacia jurídica del mismo. La gran mayoría de la doctrina ha
optado por considerar que el derecho de autodeterminación tiene el carácter de
jus cogens, y por lo tanto constituye una norma imperativa (Vid. H. Hannum,
pag 45, y bibliografía allí reseñada), como lo muestra el hecho de que más de
110 Estados hayan aceptado formalmente el mismo a través de su adhesión a
alguno o a ambos Pactos Internacionales.
Mucho más controvertida resulta la segunda cuestión. La práctica política seguida
a partir de 1960 ha otorgado a este derecho unas connotaciones y un contenido
diferente del predicado en el período de entreguerras Si atendemos a tal práctica
ya no se trataba de un derecho de las naciones, sino de un derecho de las
colonias a independizarse o unirse a otro Estado. El derecho había dejado de
basarse en elementos de índole étnica o cultural para convertirse en un derecho
de base territorial La prueba de ello es que, desde 1945 a 1990, no ha sido
admitida por la comunidad internacional ninguna reclamación secesionista, salvo
el caso excepcional de Bangladesh.
Sin embargo, como de todos es conocido, la situación ha cambiado radicalmente
a. partir de la caída del muro, y del colapso de la URSS. En los últimos cuatro
años un numeroso grupo de países (Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina... en
la antigua Yugoslavia, Estonia, Letonia, Lituania, y otras numerosas repúblicas de
la antigua URSS, además de Eslovaquia) han alcanzado, con pleno
reconocimiento internacional, el estafas de Estados independientes.
Ello ha hecho ampliar los supuestos de hecho a través de los cuales cabe admitir
el reconocimiento del derecho de autodeterminación, entendido en su versión
más extrema de derecho a la secesión. Ahora los beneficiarios de tal derecho ya
no son sólo los territorios coloniales. A ellos hay que añadir, a tenor de la
práctica política de la ONU, cuando menos otros dos supuestos: 1. La población
de aquellos países independientes que fueron ocupados ilegalmente después de
1945, violando así el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. 2 La
población de un territorio distinto dentro de un Estado soberano, cuando el
gobierno de ese Estado viola el principio de la igualdad de derechos y de la
autodeterminación del pueblo, excluyendo a los miembros de ese grupo étnico
formado por la amplia mayoría de ese territorio distinto, de la representación del
gobierno en base al principio de una persona, un voto.
Tanto en la década de los sesenta, con motivo de la descolonización, como ahora
en los noventa, la comunidad internacional en general y las Naciones Unidas en
particular han mostrado una evidente falta de capacidad para prever y prevenir
los conflictos derivados del ejercicio del derecho de autodeterminación de los
pueblos. Con carácter general, la ONU y los demás organismos internacionales
han tomado sus decisiones a remolque de los acontecimientos, originándose así
graves consecuencias para el mantenimiento de la paz y seguridad en el mundo.
De la misma forma que se han producido las dos oleadas citadas, no puede
excluirse el surgimiento de otros muchos supuestos en los que diversas
colectividades (pueblos indígenas, minorías nacionales, miembros componentes
de un Estado federal, etc...) planteen serios conflictos a1 amparo del derecho de
autodeterminación de los pueblos. La propia ONU no excluye la posibilidad de
estos futuros conflictos. Recientemente el Secretario General, Butros Butros
GhaIi, ha hecho hincapié en su Agenda para la Paz, en que a pesar de que los
Estados siguen constituyendo el fundamento del orden internacional, “sin
embargo, ya ha pasado el tiempo de la soberanía absoluta y exclusiva”
(Butros-Ghali. 1992, pag. 9). Por todo ello se impone la necesidad de explorar
nuevas vías de resolución de estos conflictos, vías a las que se aludirá más
adelante.
4. Los sujetos de la autodeterminación. El concepto de “Pueblo”
Uno de los aspectos más conflictivos de este derecho hace referencia al problema
de quién o quiénes son los sujetos legitimados para ejercer la
autodeterminación. El derecho internacional no ofrece ninguna definición jurídica
del concepto de “pueblo”. Debido a su significado ambiguo, este concepto ha sido
utilizado en contextos y con contenidos muy diversos. Lo mismo puede aplicarse
a una comunidad homogénea que sustenta un Estado, a comunidades sin Estado,
a comunidades diferenciadas existentes dentro de un Estado, y en definitiva a
toda ciase de minorías, o incluso, en otro orden de cosas totalmente diferente, se
ha utilizado el término pueblo como clase antagónica de 1ª burguesía.
Como ya se ha indicado, en el período de entreguerras la autodeterminación fue
entendida como un principio político aplicable a todos los “pueblos” sin
excepción. En la práctica, tal principio fue aplicado a cinco tipos de situaciones
diferentes: I. Los pueblos que residen dentro de un Estado gobernado por otro
pueblo (Irlanda antes de I920). 2 Los pueblos que residen como minorías en
varios países fuera del control del Estado propio de ese pueblo (Los polacos en
Rusia, antes de 1919). 3. Los pueblos que constituyen un grupo minoritario de
un Estado pero que se consideran parte de un pueblo de un Estado vecino
(minoría húngara en Rumania). 4. Los pueblos dispersos a través de varios
Estados separados (por ejemplo el pueblo germánico). 5. Los pueblos que
constituyen una mayoría en un territorio sometido a dominación extranjera (los
regímenes coloniales). (H. Hannum. pag. 35, y A. MichaIska, pag. 75).
A partir de 1945, los documentos internacionales han establecido siempre como
condición necesaria para el ejercicio del derecho de autodeterminación el que los
sujetos ostenten la condición de “pueblos”. Sin embargo, ninguno de los
documentos internacionales elaborados por la ONU define la noción de pueblo. El
Comité de Derechos Humanos ha declinado hasta el momento presente la
posibilidad de definir el término, alegando que el derecho de autodeterminación
no es un derecho individual, sino colectivo, y por ello escapa a su competencia el
examinar la posibles violaciones del mismo. Por elfo, a pesar de los esfuerzos
realizados por la do~ y la jurisprudencia, lo darlo es que todavía se está muy
lejos de llegar a un acuerdo en torno a este espinoso asunto.
A tenor de la práctica internacional, y tal como ya ha quedado indicado
Anteriormente, resulta evidente que no puede aquí pararse el concepto “pueblo”
con el de “Estado”, en la medida en que ha quedado reconocido el derecho de
autodeterminación a colectividades que no constituyen un Estado. También
parece clara la consideración de “pueblo” en favor de los territorios coloniales.
Pero al margen de estos dos supuestos, los avances han sido muy escasos.
Los problemas pendientes son muchos y muy variados. Uno de ellos hace
referencia a la amplitud con la que se debe definir el concepto de pueblo. Caben
al respecto dos grandes opciones. La primera implica otorgar a tal concepto una
interpretación extensa, por lo que en él se incluirían tanto los pueblos sitos en
territorios coloniales, como los pueblos indígenas situados dentro de estados
independientes, o cualquier otro grupo étnico aunque no reciba la calificación de
“indígena”, en el sentido otorgado a tal término por las Naciones Unidas. La
segunda, estricta, supondría aplicar tal categoría sólo a determinados grupos, en
función de contextos así mismo específicos.
También se plantean problemas para establecer los criterios que deben
predominar a la hora de determinar si un colectivo constituye un pueblo o no. En
este sentido caben, cuando menos, tres criterios alternativos. Uno es el criterio
geográfico-territorial; otro, el criterio étnico-objetivo; el último, el criterio
democrático-subjetivo.
Como ya ha quedado señalado, a partir de 1945 la práctica de las Naciones
Unidas se ha asentado, fundamentalmente, en el criterio geográfico-territorial,
abandonando así el criterio étnico predominante en el período de entreguerras.
La insistencia en la inviolabilidad de las fronteras, de una parte, y la necesidad
de dar una solución concreta al problema colonial a partir de 1960, hicieron
prevalecer el criterio territorial, a pesar de las injusticias que el mismo iba a
provocar y de hecho provocó a lo largo y ancho de los territorios coloniales.
La tercera opción es la democrático subjetiva basada en la llamada tesis de la
“auto-definición”. Según esta tesis, debe otorgarse la condición de pueblo, y por
tanto la titularidad del ejercicio del derecho de autodeterminación a aquellos
grupos que optan por decidir su propio futuro. Se trata de un criterio que
comienza a ser tenido en cuenta junto a los otros dos criterios ya citados. La
autodeterminación ya no aparece necesariamente ligada a la etnicidad. La
identidad étnica no es per se título suficiente para permitir el reconocimiento del
derecho a la autodeterminación. Ciertos elementos objetivos tales como una
lengua, una cultura, o un religión común pueden jugar un papel determinante en
la emergencia de ese proceso de autodefinición, pero lo que define al pueblo
como tal es su deseo de vivir colectivamente. No es que se haya abandonado el
criterio territorial, pero la voluntad de los habitantes debe ser tenida en cuenta a
la hora de hacer efectivo el derecho. En tal sentido, el Tribunal Internacional de
justicia rechazó en 1975 las reivindicaciones de Marruecos y Mauritania sobre el
antiguo Sahara español, señalando que resultaba imprescindible tomar en cuenta
los deseos de los habitantes de ese territorio a la hora de aplicar el derecho.
Recientemente se han producido varios intentos en orden a establecer una
definición más concreta del término “pueblo”. El primero se produjo en la
llamada “Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos” conocida como la
“Declaración de Argel” de 1976. Se trata de una Declaración adoptada por un
grupo de juristas y expertos independientes, y que al no haber sido aprobada por
los Estados, carece de reconocimiento oficial. Debe destacarse que, a pesar de su
carácter nada ambiguo -se estableció el reconocimiento de la existencia de
derechos colectivos, junto a los derechos individuales- sin embargo, en la citada
declaración se utilizó el concepto de “pueblo” al menos en tres diferentes
significados (Vid. A. Michalska. pag. 74), lo cual demuestra la complejidad
intrínseca de la tarea.
El segundo intento lo debemos a las conclusiones de un grupo de Expertos
reunidos por la UNESCO en Febrero de 1990 a fin de avanzar en el estudio de los
Derechos de los Pueblos. El citado estudio identificó una serie de criterios a ser
tenidos en cuenta con carácter general a la hora de decidir si un grupo de
individuos constituye un pueblo. Según ese estudio, a los efectos de los derechos
de los pueblos en el derecho internacional -incluido el derecho de
autodeterminación-, un pueblo debe tener las siguientes características: I.
Formar un grupo que contenga todos o algunos de estos elementos comunes
(tradición histórica común, identidad racial o étnica, homogeneidad cultural,
unidad lingüística, afinidad ideológica o religiosa, conexión territorial, y vida
económica común). 2. Constituir un grupo de personas que no tiene por qué ser
muy amplio, pero que debe ser algo más que una simple asociación de individuos
dentro del Estado. 3. El grupo, en su conjunto, debe mostrar la voluntad de ser
identificado como un pueblo, o la conciencia de ser un pueblo, aun cuando pueda
haber individuos que, compartiendo las características ya citadas, carezcan de tal
voluntad o conciencia. 4. En la medida de lo posible el grupo debe tener
instituciones u otros medios de expresar sus características comunes y su
voluntad de identidad.
Para acabar con este apartado, y siempre en relación al concepto de pueblo,
interesa hacer referencia a una de las cuestiones más polémicas surgidas en
torno a esta materia como es la de si, junto a los derechos individuales, cabe
reconocer también la existencia de derechos colectivos.
En primer lugar es preciso reseñar que, tal como se deriva de su propia
denominación, los destinatarios de los derechos humanos deben ser las
personas, los individuos, los seres humanos, uno a uno considerados. No puede
entenderse la existencia de derechos humanos si no tienen como objetivo la
defensa y desarrollo de todos y cada uno de los individuos que pueblan la tierra.
Ahora bien, los seres humanos se hallan organizados en sociedades. De ello se
deriva que, así como algunos derechos son perfectamente aplicables de forma
individual (por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad personal, a la libertad
de domicilio, de pensamiento, etc..) hay otros muchos derechos cuya puesta en
práctica resulta realmente difícil si no es de forma colectiva. Por ejemplo, en el
ámbito de los derechos políticos, difícilmente puede entenderse el ejercicio del
derecho a la participación política de forma individual. Lo mismo ocurre en el
caso de la creación de sindicatos, o en el ejercicio del derecho de huelga.
Basta acudir, a modo de ejemplo, a la propia Constitución española para
percatarnos de la existencia de derechos colectivos, reconocidos como tales por
el propio texto. Sin ánimo de exhaustividad, pueden citarse los artículos 16,
donde se garantiza la libertad ideológica, religiosa 3r de culto de los individuos y
Tas comunidades... (el subrayado es mío); el art 20.3, en el que se garantiza el
acceso a los medios de comunicación social dependientes del Estado de los
grupos sociales y políticos significativos; o el art. 37.1 en el que se garantiza el
derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los
trabajadores y empresarios.
La imposibilidad de hacer efectivos ciertos derechos de forma individual, y la
necesidad de garantizar de forma más apropiada el ejercicio de los derechos por
parte de ciertos colectivos desfavorecidos o minoritarios ha hecho que en los
últimos años la doctrina comience a hablar, sobre todo a partir de la Declaración
de Argel, de los derechos colectivos o de los pueblos, también llamados, en la
doctrina anglosajona, derechos de la “tercera generación”. Entre tales derechos
destacarían algunos tan importantes como el derecho al desarrollo, al control de
los recursos naturales, a la paz, a la conservación del medio ambiente, o los
derechos lingüísticos, educativos, o religiosos, y el derecho a la
autodeterminación
Es obvio, como ya ha quedado indicado, que los últimos destinatarios de tales
derechos son las personas, los individuos concretos que pertenecen al grupo o
grupos a los que se ha reconocido el derecho correspondiente. Como señala el
art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “en los Estados en
que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo, (el subrayado es mío), a tener su
propia vida cultural...”.
En resumen, resulta necesario reconocer tanto la existencia como la protección
de determinados derechos colectivos, o si se quiere, derechos individuales
colectivizados, que se distinguen precisamente por el hecho de que tanto su
existencia como su protección sólo tienen sentido en el marco de un determinado
grupo o colectivo. No parecen existir problemas teóricos importantes para aplicar
el carácter de derecho colectivo al derecho de autodeterminación de los pueblos.
En este caso, el problema no es el carácter individual o colectivo del derecho,
sino la determinación del sujeto beneficiario del mismo. Como ya se ha indicado
antes, se trata de un problema para el que no existe una solución general, dado
que no existe un acuerdo básico acerca de lo que se entiende por “pueblo”.
S. La autodeterminación. Contenido y limites.
Pueden establecerse numerosos tipos de autodeterminación. Ase atendiendo a su
forma de ejercicio, puede ser bilateral (bien mediante acuerdo mutuo, o bien
porque así lo establecen las previsiones constitucionales), unilateral (falta de
representación o exclusión sistemática de grupos dentro de un determinado
Estado). Atendiendo a su contenido, pueden señalarse, entre otras, la separación
de un Estado, la integración en otro Estado, la creación de un Estado
independiente, el establecimiento de previsiones constitucionales de carácter
federal o autonómico, la autodeterminación cultural, económica, etc...
En todo caso, la distinción más interesante, en lo que afecta a este trabajo, es la
que hace referencia a los efectos jurídicos y políticos del ejercicio del derecho. En
tal sentido cabe señalar dos grandes tipos de autodeterminación: externa, e
interna. La primera implica el derecho de los pueblos a decidir su propio estafas
dentro de la comunidad internacional, estafas que se manifestará en un Estado
independiente y soberano, en una libre asociación con otro Estado
independiente, o en la emergencia de otra posible situación reconocida en el
derecho internacional. La autodeterminación interna, tal como la expresó W
Wilson en 1918, supone el derecho de los pueblos a decidir libremente la forma
de gobierno bajo la cual desean regirse. Como puede verse, en el primer caso la
decisión entra de modo directo en el ámbito y jurisdicción del derecho
internacional, mientras que en el segundo afecta tan sólo al derecho interno de
un determinado Estado.
De cuanto acaba de indicarse se deduce que el derecho a la autodeterminación
puede ser expresado y ejercido en formas y con contenidos muy variados.
Conviene recordar este punto ya que tradicionalmente se tiende a producir tanto
en el ámbito doctrinal como político una lamentable confusión entre
autodeterminación y secesión. La identificación abusiva de la autodeterminación
con el separatismo, la secesión, o la independencia ha hecho que este derecho
haya sido percibido como una amenaza para la paz y la estabilidad
internacionales. Además esta identificación provoca, como señala Stavenhagen,
un desplazamiento del sujeto titular del derecho. Mientras que la
autodeterminación constituye un derecho de los pueblos, la secesión es sobre
todo, un proceso que afecta a los Estados. (Stavenhagen. Pag. 5).
Por lo tanto, aunque en algunos casos pueda darse una identificación entre
ambas, la autodeterminación y la secesión no son per se procesos o realidades
idénticas. Determinados argumentos, bien jurídicos o políticos3, esgrimidos
contra la secesión ni pueden, ni deben ser aplicados contra la autodeterminación
con carácter general. Ahora bien, ¿cuál es la situación en aquellos casos en los
que el ejercicio del derecho de autodeterminación se concreta de modo específico
en la exigencia de un “derecho” a la secesión?.
Los derechos humanos, cualquiera que sea su naturaleza y contenido, no son
absolutos e ilimitados. El ejercicio y aplicación de un derecho no puede suponer
la exclusión de los demás derechos. Si así fuera, el ejercicio de tal derecho
resultaría ilegítimo. Es preciso situar al derecho de autodeterminación en el
marco del sistema conjunto de derechos humanos, y por ello al igual que ocurre
con cualquier otro tipo de derecho, su ejercicio se halla sometido a ciertos
límites.
En aquellos casos en los que se produce un conflicto entre derechos, resulta
imprescindible realizar un balance de los intereses en juego, de los conflictos
existentes, de las soluciones posibles, y actuar en consecuencia, a fin de que la
decisión adoptada sea la más beneficiosa o, en el peor de los supuestos, la
menos limitadora de derechos. En el caso que nos ocupa, el derecho de
autodeterminación, tanto en el ámbito interno como -sobre todo- internacional,
puede chocar con otra serie de derechos importantes. Supongamos, a modo de
ejemplo, la creación de un nuevo Estado independiente. Es probable que el
surgimiento de ese nuevo Estado haya permitido resolver determinados
problemas pendientes favoreciendo en consecuencia el respeto y el ejercicio de
ciertos derechos humanos, pero también puede ocurrir que la creación de ese
Estado haya supuesto el desplazamiento forzoso de grandes contingentes de
seres humanos, haya provocado innumerables bajas de gentes inocentes, o haya
originado injusticias tanto o más graves que las que se pretendían resolver.
Este criterio ha sido tenido en cuenta, por ejemplo, en un documento tan poco
ambiguo y tan favorable a los derechos de los pueblos como es la Declaración de
Argel, ya citada. En la misma se defiende implícitamente el derecho de los
grupos minoritarios a separarse de la entidad política superior si los derechos
humanos de los mismos son denegados, pero al mismo tiempo se señala que
esos derechos deberán ser ejercidos dentro del respeto a los intereses legítimos
de la comunidad en su conjunto, y no pueden suponer un debilitamiento de la
integridad territorial y la unidad política del Estado...”.
Si el ejercicio legítimo del derecho de autodeterminación por parte de un
determinado colectivo entra en contradicción con la aspiración igualmente
legítima al logro de tal derecho por parte de otro colectivo, como viene
ocurriendo, por ejemplo, con el caso de judíos y palestinos, ¿cuál debe ser la
solución adecuada?. En tal caso, como en cualquier otro supuesto de conflicto
entre derechos, es preciso acudir a determinados principios de derecho
internacional como son el mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona-
les, la solución pacífica de las disputas, el respeto a los derechos humanos, y
tantos otros.
Con ello no se pretende afirmar que resulta imposible, y por tanto inútil,
establecer reglas de carácter general capaces de fijar el comportamiento del
derecho internacional a la hora de resolver los conflictos derivados del derecho
de autodeterminación. Al contrario, si bien cada caso particular ofrece con-
notaciones distintas, resulta imprescindible que la comunidad internacional se
dote de una serie de reglas lo suficientemente precisas como para que sirvan de
pauta de comportamiento por parte de los diversos colectivos afectados. Como
ya se ha indicado, tradicionalmente las Naciones Unidas y la comunidad
internacional en general han actuado, hasta ahora, a remolque de los aconteci-
mientos.
Es más que probable que el nuevo siglo nos depare un nuevo orden político. La
revolución tecnológica, el desarrollo económico de ella derivado, y la
universalización de la cultura a través de las nuevas tecnologías de la
comunicación están provocando la necesidad de refundar las bases en las que se
sustenta el actual orden político mundial, así como de reestructurar a fondo las
vigentes estructuras e instituciones políticas. Esta reestructuración está
afectando ya también al orden internacional al verse obligado a adaptarse a las
nuevas realidades. En el marco de estos cambios que se avecinan parece necesa-
ria una adaptación o adecuación del derecho de autodeterminación a fin de darle
cabida en el nuevo orden jurídico mundial.
6. La redefinición del principio de soberanía.
El actual orden mundial se fundamenta en la división territorial del mundo en
Estados soberanos, cada uno de los cuales ostenta un poder, una soberanía
exclusiva, sobre un ámbito territorial determinado expresado en una o varias
líneas fronterizas de separación. Ello conlleva la necesidad de la defensa del
ámbito territorial propio frente a las posibles agresiones exteriores, por lo que
puede afirmarse que el orden político moderno se sustenta en la separación y el
antagonismo entre Estados soberanos.
En ese orden político clásico, las fronteras tienen una importancia fundamental a
la hora de definir el discurso de la soberanía. No se trata sólo de unas fronteras
físicas que delimitan y separan a un Estado soberano con respecto a otro u otros.
Junto a ellas se dan unas fronteras culturales que separan lo “mío” con respecto
a lo de los “otros”, e incluso unas fronteras conceptuales que separan lo interno
con respecto a lo internacional, la comunidad propia como orden frente a la
anarquía. Dentro de las fronteras impuestas por el Estado soberano es posible la
existencia de derechos y obligaciones, orden, libertad, etc... Fuera de las mismas
no existe orden, ni comunidad (T.A. Camilleri/J. Falle 1992 pags. 237/8). En
realidad, la noción de una soberanía exclusiva y hermética ha sido siempre más
un mito que una realidad. Incluso en los momentos más álgidos del Estado
nacional, muy pocos Estados han ejercido en la práctica una soberanía de estas
características. En cuanto mito, la idea de la soberanía exclusiva ha servido más
para legitimar la supresión de la competencia política, tanto en asuntos internos
como internacionales, que para poder ejercer un poder real.
Sin embargo, la transnacionalización de la actividad política, social, cultural y
económica actual está provocando una quiebra profunda de este principio de
soberanía. La división formal del mundo en Estados cada vez tiene menos que
ver con la realidad política que nos depara el mundo actual. Frente a los,
aproximadamente, 180 Estados que componen el mapa político mundial, se
calcula que actualmente existen en el mundo del orden de 10.000 sociedades o
colectividades (étnicas, raciales, religiosas o con identidades de algún otro tipo)
cuyo asentamiento poco o nada tienen que ver con el diseño de fronteras
existente. A ello hay que añadir alrededor de 18.000 organizaciones
internacionales no gubernamentales (INGOs) que cubren la práctica totalidad de
los asuntos humanos (científicos, culturales, humanitarios, económicos, políticos,
etc...) relacionados con el bienestar de los seres humanos, bien a escala nacional
o bien a escala global. Los Estados actúan en realidad sobre una parte mínima
del conjunto del sustrato del conocimiento humano. A ello debe añadirse que,
junto a esos Estados, existen del orden de 2000 organizaciones
intergubernamentales (IGOs) que cada vez están limitando más la capacidad de
actuación del Estado.
A la vista de estos datos, resulta difícilmente sostenible la defensa del principio
de la soberanía, al menos en el sentido en que se ha entendido hasta ahora. En
un mundo tal multilateralizado, ¿es posible mantener la idea de que los únicos
depositarios de la autoridad soberana son los Estados?. ¿Se puede seguir
hablando todavía de soberanías indivisibles?. ¿A qué otras instituciones hay que
otorgarles, además o en lugar del Estado, el depósito de la soberanía?. ¿Qué tipo
de soberanía a unos y otros?. Llegando más allá, ¿tiene sentido en el mundo
actual mantener el propio concepto de soberanía?. Son preguntas muy arduas a
las que no es posible dar respuesta, ni tan siquiera especulativa, en un trabajo
de estas características.
Por ello voy a hacer referencia exclusiva a las consecuencias, obvias, que
pudieran derivarse de los cambios en el significado y contenido de la soberanía
en relación al derecho de autodeterminación. El propio Secretario General de la
ONU, organismo poco sospechoso de cambios radicales ya que -no hay que
olvidarlo- representa a los Estados, al orden constituido, se ha hecho eco
recientemente de ello. Así, en su Agenda en favor de la Paz afirma que “no
puede permitirse en el futuro que, la soberanía, la integridad territorial y la
independencia de los Estados dentro del orden internacional, y el principio del
autodeterminación de los pueblos, ambos de gran valor e importancia, actúen el
uno en contra del otro”. (Butros-Ghali Pag. 10).
Actualmente, todos los Estados se hallan abocados de modo irremisible a un
estrechamiento de sus relaciones de cooperación, y a una renuncia a parcelas
fundamentales de su soberanía, tanto en aspectos territoriales como sectoriales.
El ejercicio del poder por parte del Estado está dejando de tener un carácter de
exclusividad
para
basarse
en
criterios
alternativos
de
compartición
o
concurrencia. Basta con lanzar una mirada a Europa para percatarnos de que las
relaciones intraeuropeas, basadas hasta épocas recientes en el antagonismo
entre los diversos Estados nacionales, están derivando hacia una enriquecedora y
positiva relación de cooperación que se extiende más allá de los niveles y
estructuras rígidamente estatales.
En el mundo actual, el protagonismo de las relaciones internacionales no es ya
exclusivo de los Estados, sino que abarca a entes e instituciones regionales, los
cuales mantienen una presencia internacional cada vez más intensa (convenios
de cooperación transfronteriza, conferencias de poderes locales y regionales,
jumelages, etc...) a organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales,
o incluso a entidades privadas de carácter mercantil, profesional, cultural, social,
etc... Estamos pasando de una rígida y hermética centralización de las relaciones
internacionales a una enriquecedora segmentación tanto territorial como
funcional. Junto a la diplomacia, aparecen varias formas (transrregional, global,
eta...) de paradiplomacia cuyo sujeto no es el Estado, y que son perfectamente
compatibles con la diplomacia estatal. (Vid. I. D. Duchacek, pags. 13ss, y E
Soldatos, pags. 35ss, en Michelmann/Soldatos.1990).
Se ha roto definitivamente con la linealidad del Estado nacional sustentada solo
en dos grandes pivotes: el pueblo, entendido como la suma de
individuos-ciudadanos y el Estado. La soberanía popular, expresada a través de
la voluntad de los ciudadanos, sigue constituyendo condición sine quo non para
la existencia del poder político democrático. Sin embargo, en la actual sociedad
de la complejidad, ciudadanía y nacionalidad no tiene porqué ir necesariamente
unidas.
El ser humano individual es una entidad muy compleja tanto en sí mismo
considerado como en relación con los demás individuos, y por tanto no puede
quedar reducido a la sola condición de ciudadano. En una sociedad desarrollada
como la actual somos al mismo tiempo, y sin solución de continuidad, miembros
de una familia, de una unidad de parentesco, de un círculo de amigos, de un
grupo de vecinos, de grupos con los que vivimos experiencias comunes, de una
determinada colectividad religiosa, de una comunidad lingüística, de una
determinada región, de una o varias estructuras políticas que se desarrollan en
escalas y segmentos diferenciados, de agrupaciones ideológicas, o de
colectividades que persiguen fines comunes de numerosa y variada índole, y así
hasta el infinito.
Este conjunto de nuevas realidades está originando un profundo cambio de las
concepciones teóricas sobre las que se han asentado tradicionalmente los
Estados nacionales. Por ello cabe plantearse hasta qué punto tiene sentido
identificar, al menos con carácter general, el derecho de autodeterminación con
la constitución de un nuevo Estado nacional. Algo similar debe predicarse de los
Estados nacionales ya constituidos, en los que se produce una mitificación poco
acorde con la realidad de los mismos. Tal mitificación convierte al Estado
nacional en una institución inatacable, considerándose como inevitablemente
reaccionaria -amén de subversiva- cualquier tipo de actividad dirigida a su
superación o incluso modificación
Nos encontramos en el umbral de un nuevo mundo en el que la simbiosis estado
nacional-revolución industrial comienza a ser sustituida por nuevas formas de
organización y estructuración políticas más adecuadas para la nueva sociedad
tecnológica actual.
Es en el marco de esas nuevas formas de organización política donde puede
establecerse una compatibilidad entre los principios de soberanía y
autodeterminación. Es posible que en determinadas circunstancias sea necesaria
la constitución de nuevos Estados pero, al contrario de lo sucedido hasta ahora,
tal circunstancia debiera ser excepcional. En, la actual estructura política ya no
resulta imprescindible el mantenimiento del nexo entre autodeterminación y
secesión. Ahora bien, la. ruptura de ese nexo requiere la expansión de nuevas
formas de organización política capaces de superar la rígida estructura en la que
hasta ahora se han asentado los viejos Estados nacionales. Sin ánimo de
exhaustividad, he aquí algunas de las posibles fórmulas o aspectos susceptibles
de ser tenidas en cuenta.
No hay que olvidar que la división del mundo en Estados soberanos es una
invención relativamente reciente ya que tan sólo adquirió carácter de
universalidad a lo largo del presente siglo. Por ello, y en primer lugar, parece
necesario recuperar y adecuar ciertas fórmulas perfectamente conocidas y que
cuentan con una gran tradición histórica. Así, por ejemplo, las figuras de la libre
asociación, confederación, federalismo, autonomía, territorio protegido, territorio
internacionalizado, condominio, protectorado, etc... El derecho comparado nos
ha demostrado que, en no pocos casos, la puesta en práctica dentro del propio
Estado de algunas de estas soluciones creativas ha permitido desactivar
conflictos muy importantes.
El segundo aspecto hace referencia a la necesaria readecuación del derecho
internacional que ya no puede ser entendido, por más tiempo, como el derecho
“entre Estados”. La creciente aparición y expansión de numerosas entidades no
estatales exige redefinir las bases en las que se ha sustentado, hasta ahora, el
derecho internacional. Las actividades paradiplomáticas, a las que se ha aludido
antes, pueden derivar en una situación de conflicto, o en un proceso de
racionalización. Es al derecho internacional a quien corresponde la
responsabilidad de que sea más el resultado de lo segundo que de lo primero.
En tercer lugar, resulta imprescindible otorgar una mayor capacidad de decisión
y un mayor poder político a las cada vez más numerosas e influyentes
organizaciones internacionales o intergubernamentales. El actual grado de
institucionalización de la mayor parte de estas organizaciones (ONU, Consejo de
Europa, Unión Europea, etc...J es todavía muy débil, si lo comparamos con su
importancia política real. Tales organizaciones pueden actuar como garantes,
frente a los Estados constituidos, de la defensa de las colectividades nacionales,
étnicas, lingüísticas, etc... mediante el establecimiento de garantías
internacionalmente reconocidas.
En el ámbito concreto que nos ocupa, resulta imprescindible el establecimiento
de procedimientos internacionales para la resolución de disputas derivadas de la
reclamación del derecho de autodeterminación tanto a escala mundial, como a
escala regional, bien mediante la creación de Comisiones o grupos de trabajo
adhoc, o bien mediante el nombramiento de Comisionados especiales.
La ausencia de una cobertura internacional al reconocimiento del derecho de
autodeterminación permite que los grupos dominantes actúen con impunidad,
denegando a las minorías el desarrollo de su identidad propia. Por ello, es
necesario que el derecho internacional fije unos criterios genéricos de aplicación
del derecho de autodeterminación en los que, como norma general, la integridad
territorial quedara subordinada al derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Una decisión de esta índole, además de introducir una norma jurídica acorde con
el reconocimiento de la dignidad e igualdad de los seres humanos, traería como
consecuencia práctica una reducción de los conflictos. En numerosos casos, el
foco de la reivindicación se desplazaría de la negación mutua y consiguiente
ruptura a la búsqueda de soluciones basadas en la coexistencia.
El objetivo último, la razón de ser de los movimientos secesionistas es la
supervivencia y el mantenimiento del grupo, de la comunidad, y su desarrollo
como tal comunidad, en los órdenes político, económico, social, cultural, etc... Al
no plantearse la coexistencia como el resultado de un acto imperativo, muchos
pequeños grupos, étnicos, religiosos o lingüísticos, etc..., comenzarían a
examinar con mayor serenidad hasta qué punto les resulta viable la secesión
desde el punto de vista político, social o económico.
El acceso de las masas a la cultura, su toma de conciencia individual y de grupo,
la aparición de las reivindicaciones nacionalitarias, etc... están provocando la
revalorización de las particularidades y el consiguiente ahondamiento de las
divisiones nacionales. De la otra, estas fuerzas son contrarrestadas por
imperativos económicos que exigen la concentración de recursos, la facilidad de
comunicaciones y la adopción de medidas de coordinación e integración. De ello
se deriva la necesidad de poner en marcha un doble proceso -centrífugo y
centrípeto- simultáneo y complementario que permita estructurar entidades
sociopolíticas de carácter centrípeto compatibles con entidades
económico-normativas de carácter centrífugo.
La mejor muestra de este proceso la tenemos en el marco de la Unión Europea.
Al igual que en otras partes del mundo, tradicionalmente las reivindicaciones del
derecho de autodeterminación se han concretado, en la práctica, en el derecho a
la secesión. Sin embargo, en la Europa occidental actual, la mayor parte de las
reivindicaciones nacionalitarias están abandonando la aspiración estatista
optando por una forma de desintegración que permita simultáneamente una
forma de integración más amplia en la vía hacia un nuevo orden político. Por
primera vez, la secesión y la autodeterminación dejan seguir caminos paralelos.
Mientras que la primera carece de sentido en el actual proceso de integración
europea, la segunda sigue manteniendo plenamente su vigencia.
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