Lo que opinaba CiU sobre el PER cuando se aprobó (con su voto a favor)

El subsidio para los jornaleros andaluces que tanto irrita ahora a Duran i Lleida está regulado por una ley que hizo el gobierno de Aznar a finales de 2002, donde recuperó el antiguo PER con otro nombre tras intentar recortarlo con el decretazo de la primavera de 2002. Ahora que este subsidio de desempleo vuelve a ser polémico, conviene recordar que CiU votó a favor. Esto fue lo que dijo en el Congreso el diputado de CiU Carles Campuzano cuando se aprobó la ley que hoy lo regula, el 17 de octubre de 2002.

"Nos sentimos satisfechos, junto con el Grupo de Coalición Canaria, porque nuestras enmiendas hayan sido importantes, sustanciales, que no hayan sido ni anecdóticas ni técnicas, que hayan sido las enmiendas sobre las que se ha hecho posible la articulación de la recuperación de ese diálogo social y que, además, hayan sido las enmiendas sustanciales que permitan la corrección de las principales cuestiones que llevaron a ese enfrentamiento social. Señorías, hoy nosotros partimos de la idea de que, bajo el concepto de todos ganamos, quien gana es el conjunto de la sociedad. Todos ganamos, no puede haber ni perdedores ni vencedores en esta polémica, porque gana el conjunto de la sociedad, gana el conjunto de las empresas, gana el conjunto de las personas trabajadoras y gana el conjunto de las familias. (...) Recuperamos la protección social al desempleo de los trabajadores fijos discontinuos, y ya anuncio nuestra petición de votación separada del apartado 4, punto 2, del artículo 1 del proyecto de ley, para clarificar esta situación de manera definitiva, en concordancia con la enmienda que se ha introducido en el dictamen de la Comisión. Garantizamos el acceso a una protección social digna a aquellos trabajadores mayores de 52 años que reciben indemnizaciones por desempleo. Configuramos un concepto de oferta adecuada de empleo que compromete al desempleado a mantener una actitud positiva y activa, personalizando las actuaciones de los servicios públicos, situando la movilidad laboral en función de la situación familiar del desempleado y de la oferta de transporte público que exista en ese espacio. Comprometemos de manera significativa los Presupuestos Generales del Estado, 114 millones de euros, para reforzar la nueva orientación que la oferta adecuada de empleo va a implicar y que necesita, en la línea de lo que la OCDE ha venido reclamando, un mayor compromiso en políticas públicas de empleo por parte del Estado español. (...) Señorías, además estas reformas tan sólo se pueden aplicar desde la lógica de la concertación social y de entender el diálogo social como uno de los principales instrumentos de política económica y de política social de España. La estabilidad política que goza esta sociedad desde 1993, junto con el apoyo a la economía productiva que se ha producido desde 1993, junto con el inicio de una política fiscal activa iniciada en 1993, junto con el rigor presupuestario iniciado en 1993 y continuado a partir de 1996, y el diálogo social y la concertación social, son los instrumentos que nos permiten avanzar hacia una sociedad de plena ocupación que además garantice la cohesión social de nuestra sociedad. Por ello, Convergència i Unió ha subido a esta tribuna satisfecha, felicitando al Gobierno y al ministro Zaplana por su capacidad de conducir de manera prudente, sensata e inteligente una cuestión central, felicitando al Grupo Parlamentario Popular, y muy especialmente a su portavoz, señor Azpiroz, por los buenos oficios que ha tenido en esta materia y lógicamente también felicitando a los sindicatos, que han sido capaces de mantener el rigor y la seriedad en sus posiciones y al mismo tiempo esa capacidad de diálogo que era absolutamente necesaria para abordar esta cuestión. Reformas, sí; modernización, sí; evitar costes innecesarios, también y sobre todo. El lema de todos ganamos nos parece que era el único posible para avanzar en esta tramitación parlamentaria. Nosotros, insisto, nos sentimos satisfechos y nos queremos felicitar.