Fabra y la ética de Rajoy

El afortunado Carlos Fabra tiene suerte una vez más, aunque este año –inexplicablemente– no le haya tocado la lotería. El premio gordo se lo ha entregado un juzgado, la Audiencia Provincial de Castellón, que ha decidido archivar gran parte de las causas contra él: cuatro de los cinco delitos fiscales de los que le acusaba la Fiscalía. En Génova ya descorchan el champán: “Es una buena noticia para la presunción de inocencia, que hoy se ve representada y consagrada en la figura de Carlos Fabra”, le ha piropeado Esteban González Pons. Aunque antes de brindar al sol, y alegrarse por la honestidad de Fabra, conviene recordar seis cosas.

La primera: que el juzgado no dice que Fabra no cometiese esos cuatro delitos fiscales, sino que han prescrito. La segunda: que Fabra ni se ha molestado en demostrar su inocencia, que toda su defensa legal pasaba por este defecto formal, por la prescripción del delito. La tercera: que el presidente de la Diputación aún no ha explicado a los ciudadanos de dónde salen entonces esos 3,6 millones de euros sin justificar que aparecieron, según Hacienda, en sus numerosísimas cuentas corrientes. La cuarta: que la decisión no es firme y ya ha sido recurrida, por lo que tendrá que pronunciarse el Supremo. La quinta: que Carlos Fabra aún sigue imputado de tráfico de influencias, de cohecho y de otro delito fiscal que no ha prescrito. La sexta: que incluso después de que la Audiencia Provincial de Castellón haya recortado el caso, las pruebas y las acusaciones contra Fabra siguen siendo más que suficientes como para que el PP, por una vez, cumpla con ese código ético que hace un año presentó Rajoy y del que nunca más se supo.