Apagón

España, verano de 2002. El ministerio de Fomento, con Álvarez Cascos a la cabeza, decide apagar las farolas que iluminan las autovías en tramos no urbanos para ahorrar energía. El Gobierno no lo comunica al Parlamento, no lo cuenta en rueda de prensa, no se sabe siquiera si la medida llega a discutirse en el Consejo de Ministros. Se pone en marcha, y punto. Se apaga la luz. Es probable que no lo recuerden porque no hubo ningún gran debate nacional. La mayoría de los ciudadanos no se enteró; tampoco la mayoría de la prensa. Es difícil rastrear la noticia en las hemerotecas porque apenas quedan algunas pistas sueltas. Un lector que denuncia que las farolas de la autovía de Valencia llevan sin encenderse cinco meses; unas declaraciones del entonces alcalde de Parla, Tomás Gómez, contra el apagón en la N-401 (“Esto pone en evidente peligro la seguridad de los automovilistas”); otra crítica del consejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha; algunas quejas en Santander…

La explicación oficial brilla por su ausencia, como las farolas apagadas. Algunos dirigentes locales del PP de aquí y de allá esgrimen el ahorro energético, sin detallar cálculo alguno. Otros dicen que lo ordena Europa (esa excusa de siempre), mientras los socialistas protestan por el apagón, citando un dudoso informe, que decía que los accidentes se iban a multiplicar.

Tras varios meses de quejas dispersas, Fomento vuelve a encender la luz en 2003, que ese año había elecciones municipales y autonómicas. Según publicó la prensa regional, los meses de apagón no provocaron más accidentes; pasó justo al revés. Los conductores eran más prudentes ante la oscuridad y la siniestralidad en muchos tramos bajó.