José Antonio Álvarez Gundín (subdirector de La Razón): La Asociación Profesional de la Magistratura ha propuesto el copago en justicia. Habíamos oído hablar del copago en sanidad, cosa que produce bastante urticaria en los partidos, pero yo no sé si el copago en la justicia…
Cristóbal Montoro: ¿Es que no existe?
Álvarez Gundín: Que no existe.
Montoro: ¿Es gratis ir a los tribunales? (risas). Yo comprendo que todos quieran tener menos asuntos que tratar. Yo también querría una justicia mucho más diligente. Pero no es gratis. Abrir un proceso judicial tiene unos costes que hace que muchos ciudadanos no puedan acceder a ese procedimiento.
Álvarez Gundín: Entonces no es partidario.
Montoro: Es que no sé de qué. Yo escucho a todo el mundo, por supuesto. Pero a veces se escuchan palabras cuasimágias, como copago. ‘La financiación de la sanidad sería mucho más correcta si establecieramos el copago’. Pero, oiga, ¿está usted seguro?
Álvarez Gundín: Don Cristobal, esto lo piden los propios jueces. Tenemos tres millones doscientos mil casos por resolver. Teniendo en cuenta que cada caso son mil doscientos, mil quinientos euros, estamos hablando de cinco mil millones de euros que cuesta mantener la maquinaria. ¿No sería más eficaz introducir una especie de copago para limitar la ligitiosidad excesiva? ¿No lo ve?
Montoro: No. Porque, insisto, esos procedimientos judiciales en su gran mayoría no salen gratis. No sé, este planteamiento… Pero es que, sea quien sea quien lance este tipo de propuesta, son una simplificación de lo que hay que hacer. Claro que hay que reformar para tener una justicia más diligente, modernizar, introducir nuevas tecnologías (…) Pero otra vez, es que esta simpleza de los copago reduce la categoría de las reformas. Y desde luego, establecer el copago para desanimar que la gente reclama ante la justicia cuando cree que tiene derecho a ello… Pero insisto, es que no es gratis para quien reclama, y eso hace que mucha gente no lo haga y desista.
Inauguro el primer año mariano con una nueva sección del blog: la palabra del PP. Cada día colgaré una cita o un vídeo de los dirigentes conservadores diciendo desde la oposición lo contrario de lo que luego han hecho desde el poder. Tengo curiosidad por saber para cuántas días me dará. Sospecho que bastantes.
Supongo que el matiz está en el “que proponga Zapatero”. Será que todo es distinto cuando lo manda Rajoy. El nuevo Gobierno del PP se estrena con una de las mayores subidas de impuestos de la democracia, una medida extraordinaria que el nuevo presidente ocultó a los ciudadanos durante toda la campaña electoral y que negó incluso en su debate de investidura, hace menos de dos semanas.
La subida de impuestos supondrá una recaudación de unos 6.200 millones más. Dos tercios de esta cifra saldrán de las rentas del trabajo; las rentas del capital apenas aportarán 1.250 millones. El pato lo pagarán las clases medias asalariadas, que son los únicos que de verdad aparecen retratados en el IRPF. Al menos la subida es progresiva, pero la reforma escogida profundiza aún más en los problemas de nuestro injusto modelo fiscal.
“No es el momento para demagogias fiscales (…) Hay que seguir bajando impuestos para ganar recaudación y no al revés”.
España recauda pocos impuestos, nuestra presión fiscal es muy inferior a la media europea, pero el porcentaje de ingresos procedentes de la imposición al trabajo (IRPF+cotizaciones) es el sexto más alto de toda la UE (ver pag 59 de este informe de la Comisión Europea). Es más sangrante aún que el PP se oponga a la recuperación del impuesto de Patrimonio para grandes fortunas, que varias comunidades autónomas gobernadas por la derecha han renunciado a cobrar, y al tiempo penalice a esa clase media trabajadora que decían representar.
Pero no sólo hay subidas de impuestos, también hay rebajas. Vuelve una de las estrellas de la burbuja inmobiliaria: el regreso de la deducción por compra de vivienda, una de las medidas más estúpidas y contraproducentes del modelo fiscal español. Es una desgravación que sale muy cara: en 2008 llegó a costar más de 6.000 millones de euros. Es regresiva, porque beneficia más a las rentas más altas y se llega al absurdo de que el Estado subvencione, por ejemplo, mansiones de varios millones de euros si se trata de la “vivienda habitual”. Y además es injusta, porque realmente no ayuda a las familias, sino a las empresas del ladrillo: los vendedores acaban repercutiendo esa deducción en el precio final.
“El Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales: la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012”
Ni siquiera esta medida, tan cacareada, se ha llegado a cumplir. El Gobierno ha subido las pensiones un 1% cuando la inflación es del 2,4% (último dato interanual: diciembre de 2011). Si se refiere al año 2012, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones tampoco es tal porque la previsión de inflación para España del BCE es del 2%, no del 1% (lo habitual era subirlas el 2% y después ajustar con una paga compensatoria según el cierre del IPC). Sólo las pensiones mínimas -las únicas que el Gobierno anterior tampoco congeló– reciben ahora esa paga compensatoria y se revalorizan un 2,9% adicional, en línea con el dato del IPC de noviembre de 2011.
Además, con la subida de impuestos, algunos pensionistas se pueden encontrar con que el neto de su pensión, después de la retención del IRPF, sea incluso menor que el que venían cobrando hasta hoy.
“No me parece justo hacer un recorte [a los funcionarios] sobre un anterior recorte y por tanto no lo contemplamos”
No será justo, pero los funcionarios volverán a sufrir un nuevo recorte. Su sueldo sigue congelado; el neto incluso bajará en la mayoría de los casos por el aumento de la retención del IRPF. Pierden otra vez poder adquisitivo por la inflación, y por el mismo precio tendrán que trabajar dos horas y media más a la semana. No será el único aumento en su jornada laboral: como prácticamente se paraliza la reposición de funcionarios –sólo una plaza de cada diez–, tendrán que hacer también el trabajo de los compañeros que se jubilen.
Rajoy no se ha quejado aún de la herencia recibida porque no siquiera ha comparecido para explicar este flagrante incumplimiento de sus promesas, empezando por aquella de “hablar claro” y “decir siempre la verdad”. Sí han hablado sus ministros y tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Cristóbal Montoro han responsabilizado al Gobierno anterior de que no se hayan cumplido los objetivos del déficit; un “imprevisto” que, según ellos, les ha obligado a este giro radical. Es una mentira más.
Los principales dirigentes del PP hace meses que en privado hablan de un déficit del 8% –lo conté, por ejemplo, en este artículo anterior al 20N–. Además, la principal desviación del déficit previsto no es por culpa del Gobierno central sino de las comunidades autónomas. Según los datos del propio Cristóbal Montoro, el Gobierno central incumple el objetivo del déficit sólo por tres décimas: 5,1% frente al 4,8% que había presupuestado Elena Salgado. El gran agujero sobre las previsiones está en las autonomías, gobernadas en su inmensa mayoría por el Partido Popular.
“Es un compromiso que (…) pretendo hacer bandera en mi Gobierno, si la Cámara me otorga su confianza: decir siempre la verdad, aunque duela, decir la verdad sin adornos ni excusas, llamar al pan, pan y al vino, vino.
