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La excarcelación de ese etarra de nombre Iosu Uribetxeberria al que algunos medios han rebautizado por su segundo apellido –Bolinaga– ha dejado al PP desnudo ante sus contradicciones. La misma derecha que acusó a Zapatero de traicionar a las víctimas, de pactar la entrega de Navarra, de estar de rodillas ante ETA, está aplicando hoy exactamente la misma política antiterrorista contra la que antes se manifestó en las calles. Es lo de siempre en esta legislatura: el PP dijo desde la oposición justo lo contrario de lo que hace desde la Moncloa, tanto en la cuestión etarra como en la subida del IVA, el banco malo o los recortes a los funcionarios. También en esto el programa del PP chocaba con la realidad. La posición del PP sobre el fin de ETA y la legalización de Bildu era pura ficción, un discurso demagógico y populista que engañó a muchos incautos que ahora se sienten, con razón, traicionados. El PP manipuló a las víctimas de ETA por puro interés egoísta, para convertirlas en un ariete más contra Zapatero. Bienvenida sea la rectificación de Mariano Rajoy con el tema etarra, pero eso no disculpa la irresponsabilidad con la que usó el dolor del terrorismo con fines electorales.

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El Gobierno se ha comprometido con Europa a que el déficit público español será del 6,3% este año (4,5% en el Gobierno central, 1,5% en las autonomías, 0,3% en los ayuntamientos y 0% en la Seguridad Social). ¿La realidad? Que es probable que cerremos 2012 más cerca del 8,9% del año pasado que de esa previsión: que incluso es posible que el déficit español no retroceda o lo haga en apenas unas décimas, a pesar de todos los recortes y subidas de impuestos. Las cuentas que  Merkel y el BCE están mirando hoy con lupa son así:

• 1. Autonomías. La previsión del Gobierno es que cierren en el 1,5% de déficit. No parece probable que vaya a pasar. Según un estudio de FEDEA, estará más cerca del 2,2% que del 1,5%, pero incluso ese cálculo es optimista. La desviación probablemente será mayor porque ese 2,2% solo se alcanzará si todas ellas cumplen con sus ajustes al cien por cien, cosa difícil. ¿La previsión más realista? Que estará entre el 2,2% y el 2,5%.
• 2. Seguridad Social. Estaba previsto que acabase en empate: sin déficit ni superávit. Sin embargo, el Gobierno está estudiando recurrir al fondo de reserva y ya se ha visto obligado a tirar del dinero de las mutuas de accidentes, así que también parece imposible que esta previsión vaya a cuadrar. El paro está peor de lo esperado, lo que está hundiendo los ingresos por cotización. ¿Lo más probable? Que la seguridad social acabe con un déficit de algunas décimas: entre el 0,2% y el 0,5%, dependiendo de si el Gobierno rebaja o congela las pensiones, a pesar de todo lo que prometió.
• 3. Gobierno central. Está previsto un déficit del 4,5% para todo el año. Sin embargo, en solo siete meses ya se ha alcanzado el 4,6%, así que también aquí vamos mal. Es verdad que parte de ese déficit se explica por los adelantos a las CCAA de las entregas a cuenta y las liquidaciones, y también que en los últimos meses del año se aplica la subida del IVA, pero aún así es muy difícil que se pueda cumplir. ¿La previsión más probable? Que el Gobierno central se desvíe entre cinco décimas y un punto y el déficit acabe entre el 5% y el 5,5%.
• 4. Ayuntamientos. La previsión es del 0,3%. Es difícil saber hoy si se podrá lograr porque no hay ni informes ni estadísticas fiables, así que lo vamos a dejar así.

¿La conclusión? Que en el mejor escenario el déficit se va al 7,7% y, en el peor, al 8,8%: solo una décima menos que en 2011, a pesar de todos los sacrificios que han elevado el paro y agravado la recesión. Enhorabuena, presidente Rajoy.

1. Por primera vez en lo que llevamos de crisis –y van casi cinco  años ya– el Gobierno va a tener que emplear el fondo de reserva de las pensiones.

2. El paro ha crecido tanto que ya solo hay 2,05 trabajadores por cada pensionista, una proporción muy difícil de aguantar.

3. En el plan bianual que el Gobierno ha presentado en Bruselas está presupuestada una bajada de un punto en las cotizaciones sociales para el año que viene y de otro punto más para el siguiente: en total, esas rebajas supondrán 3.521 millones de euros menos en el fondo con el que pagamos las pensiones.

4. Además, la subida en la inflación que está provocando el alza en la gasolina y medidas como la subida del IVA o el copago farmacéutico va a suponer un gasto extra de hasta 4.000 millones de euros más solo este año, si el Gobierno decide mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

5. Es evidente que las cuentas no van a cuadrar. Se podría compensar la rebaja de las cotizaciones con otros impuestos, pero tal cosa no va a pasar. Ni el Gobierno parece estar por la labor de ni las condiciones del inminente rescate a España lo van a permitir.

6. En cuestión de semanas, el Gobierno va a tener que anunciar recortes en las pensiones y hay tres fórmulas: adelantar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años, rebajar las pensiones o congelarlas para que no crezcan con el IPC. Con seguridad, veremos alguno de estos recortes, si es que no llega una combinación de los tres.

7. La única duda ya es cuándo nos lo va a contar el Gobierno. ¿Esta misma semana, como es probable que pida Angela Merkel y el BCE a cambio del rescate a España? ¿O después de las elecciones en Galicia, como le gustaría al PP?

Muy temidas autoridades europeas:

He leído con atención su enésimo proyecto de salvación para Grecia: esa propuesta de alargar la semana laboral hasta los seis días y solo al séptimo descansar. Será que soy de letras, pero no acabo de entender cómo es posible que ésa sea la solución para un país con un enorme problema del desempleo. ¿Servirá de algo que el escaso trabajo disponible se concentre en menos manos aún?

Como ustedes ya sabrán, en Grecia –igual que en otros países europeos– ya está regulada la jornada laboral de seis días para algunos trabajos y contratos. De lo que hablamos es de cambiar de un día para otro las condiciones de todos los trabajadores del país, saltándose eso que ustedes llaman “seguridad jurídica” y que sólo es sagrado como las constituciones: hasta que ustedes ordenan lo contrario por carta o por email. Por ejemplo: ¿qué diría el FMI si mañana un gobierno democrático –algo de lo que ustedes no pueden presumir– decidiese rebajar la jornada laboral a cuatro días, obligando a todas las empresas a mantener los sueldos y contratar más?

Además, es falsa esa imagen que permanentemente intentan trasladar de los trabajadores griegos –y mediterráneos en general–, retratados como una suerte de privilegiados adictos a la siesta a los que no les gusta madrugar. Les recuerdo los propios datos de Eurostat: la jornada media en Grecia es la más alta de toda la zona euro: 42,6 horas semanales, seis más que en Alemania (36,2).

Pero lo que me solivianta de verdad es la frivolidad con la que ustedes, esa troika formada por el BCE, el FMI y la Comisión Europea, recetan para la Grecia del siglo XXI el calendario laboral del siglo XIX. ¿Se atreverían a plantear en Alemania, en Austria o en Francia la jornada de seis días a la semana? Siguiendo esta misma línea de acción contra la crisis, donde los trabajadores son siempre el factor más irrelevante de la ecuación, ¿a qué esperan para proponer la vuelta a la esclavitud?

Siempre suyo (a mi pesar),

Ignacio Escolar

Tabla: Jornada laboral media semanal por países de la UE y países limítrofes (Eurostat).

Primera entrevista de Mariano Rajoy en prensa desde que está en La Moncloa –casi diez meses van ya– y primera mentira en el titular: “Quien me ha impedido cumplir con mi programa electoral es la realidad”, dice el presidente. Es falso, es otra mentira más. La realidad de esta crisis ya estaba allí cuando Mariano Rajoy prometió bajar los impuestos, no subir el IVA, no crear un banco malo, no abaratar el despido, no implantar el copago, no tocar la sanidad ni la educación…

Ni Rajoy nació anteayer ni el PP puede decir que no sabía lo que se iba a encontrar. Conocían de sobra la desviación del déficit público con el que ahora Rajoy intenta tapar sus vergüenzas: se produjo precisamente en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Además, desde el propio PP vaticinaban antes de las elecciones un déficit casi idéntico al que después llegó y preparaban, ya en noviembre, las recetas de ese programa oculto que ahora se ha conocido en toda su intensidad. Incluso aunque España hubiese cumplido con el déficit el año pasado, los recortes habrían sido prácticamente iguales, como estaba claro durante la campaña electoral para cualquier que supiese sumar; no olvidemos que el déficit fue mayor de lo previsto, pero que también Europa relajó el plazo para equilibrar las cuentas públicas.

Es obvio que Rajoy conocía perfectamente la situación durante la campaña electoral, así que solo hay dos maneras de explicar sus promesas rotas. O bien el candidato Rajoy nos mintió, nos volvió a mentir y después nos engañó durante la campaña electoral y durante los meses previos a las elecciones andaluzas. O bien estamos ante un peligroso caso de absoluta incompetencia, ante un ingenuo que se creyó su propia propaganda y pensó que bastaría con su advenimiento en La Moncloa para que se abriesen las aguas, bajasen “los chuches” y en España volviese a amanecer.

¿Quién es Rajoy? ¿Un mentiroso o un incompetente? ¿Quién nos gobierna hoy? Parece que estamos en la primera opción porque en la entrevista en ABC nos intenta engañar una vez más; en pocos meses se podrá comprobar. El presidente presume ahora de que los pensionistas se libran de los recortes. ¿La realidad? La veremos después de la publicidad: en cuanto los gallegos terminen de votar.

1. «No pueden tener sanidad si no pagan a la Seguridad Social». Falso. La sanidad ya no se financia con cargo a la Seguridad Social, sino con los impuestos. Cualquier persona que viva en España, con o sin papeles, paga impuestos desde el momento en que consume y compra, por ejemplo, una simple barra de pan. Además, si aceptamos que el pago de la Seguridad Social es requisito imprescindible para la sanidad pública, ¿tendrían derecho a ella los parados? ¿Puede ser ese el criterio en un país con una economía sumergida del 20% y un paro del 25%?

2. «Nadie va a quedar desatendido porque los inmigrantes podrán ir a urgencias». Falso. Si el Gobierno pretende ahorrar 500 millones de euros -una cifra exagerada que no ha explicado-, es obvio que será a cambio de negar servicios y asistencia a los inmigrantes sin papeles. Si la asistencia fuese la misma, ¿cuál sería el ahorro?

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Señor José Ignacio Wert, le recuerdo su responsabilidad. Es usted el ministro de Educación, no el ministro de la Iglesia ni del Opus ni del machismo ni de la discriminación. Como ministro de Educación, usted debería saber que no hay una sola evidencia científica que demuestre que la segregación por sexos en la escuela mejore la enseñanza. Sí la hay, eso sí, sobre la capacidad de este rancio modelo educativo para fomentar el sexismo y la desigualdad. Tal vez habría que debatir si el Estado debería permitir esta educación claramente discriminatoria. Pero lo que es intolerable es que un país que se dice aconfesional -que no es Irán- financie con dinero público una educación sexista por razones religiosas.

Le recuerdo también sus propias palabras, señor Wert: «Yo diría que nuestro programa es sencillísimo: cumplir la ley. No tenemos otro condicionamiento ni otra voluntad, cumplir la ley». Se refería a la polémica sobre el archivo franquista de Salamanca, pero entiendo que este propósito sirve para todo lo demás. También para la educación sexista cuyas subvenciones usted respalda, en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que las acaba de considerar ilegales.

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Un director de periódico -me contó una vez un veterano periodista estadounidense- es a veces como un chef que llega a última hora a la cocina de su restaurante, se sube a una silla frente a los fogones, se baja la cremallera de los pantalones y se mea en la olla de la sopa, en la que llevan trabajando todo el día sus ayudantes, al grito de «la estoy mejorando». Esa metafórica meada en el trabajo o en la dignidad ajenas no es solo común en algunas redacciones. Obran igual otros jefes en casi cualquier oficio. También en la política.

Me acordé de esta anécdota el otro día, cuando escuché a Mariano Rajoy anunciar que prorrogará la ayuda de los 400 euros para los parados de larga duración, pero que antes va a mejorarla.

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Decir hoy política económica es un pleonasmo, una redundancia superlativa. En el fango de esta gran recesión, toda la política es economía y el resto son cortinas de humo; distracciones, como esa reforma de la ley del aborto con la que el Gobierno intenta disimular su impotencia imponiendo su moral en el útero ajeno. La experiencia reciente lo demuestra: si hay un organismo que de verdad gobierna Europa, que con sus decisiones determina nuestro presente y futuro, cuyas simples palabras de su presidente sirven para hundirnos o sanarnos, ese es el Banco Central Europeo.

¿Quién ha votado al BCE? ¿De dónde procede su soberanía? ¿A quién da explicaciones por sus errores?

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Las opciones que el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha ofrecido a España parecen muy claras: o pide el rescate, o pide el rescate. No habrá ese salvavidas para la prima de riesgo que el Gobierno esperaba y que hubiese evitado a Mariano Rajoy la derrota política que supone solicitar a las claras un segundo rescate para España, esta vez para la deuda pública. Si el Gobierno quiere que el BCE compre bonos españoles, antes tendrá que recurrir a los mecanismos que ya existen: al fondo de rescate. Esto, por supuesto, obliga a negociar un nuevo MOU: unas nuevas condiciones para España, probablemente aún más exigentes.

El Gobierno confiaba en que no habría que llegar a este extremo. Creían que Alemania preferiría un rescate menos evidente, un modelo de ayuda para España condicionada pero que no obligase a negociar un nuevo MOU que tuviesen que aprobar en el parlamento alemán, donde la coalición que apoya a Merkel no está ya para muchos más bollos. No ha sido así, y la duda ya es la fecha.

Mariano Rajoy comparece mañana en La Moncloa tras el Consejo de Ministros, es la primera vez que lo hace desde que llegó al poder. ¿Pedirá entonces el rescate? ¿Intentará maniobrar para llegar hasta septiembre? Mañana lo sabremos pero hoy algo es claro: la promesa de Mario Draghi de “hacer todo lo necesario” se ha quedado en casi nada. Sin duda no es suficiente ni para España ni para espantar el fantasma de la ruptura del euro, que hoy de nuevo resucita.

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La viñeta es del New Yorker. Traducido, para los que no hablan inglés: “Puedo ayudarte, pero primero debes admitir que tienes un problema”.

Es un escándalo, una tomadura de pelo, una burla a los ciudadanos y una enorme estafa democrática. La reforma electoral que pretende llevar a cabo el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, es un puchezaro con todas las letras: un cambio para atornillar la victoria del PP en las próximas elecciones autonómicas, que parece que van muy ajustadas. Imaginen qué diría la prensa libre si una propuesta similar se le ocurriese a Hugo Chávez.

Como tantas otras veces, la excusa es presupuestaria. El presidente Feijóo dice querer “ahorrar”, y para ello plantea eliminar 14 de los 75 escaños del parlamento gallego. El ‘ahorro’ esconde una trampa: favorece a las provincias de Ourense y Lugo, donde el PP tiene más votos, en detrimento de las provincias más pobladas, A Coruña y Pontevedra, donde muchos ciudadanos tienen la mala costumbre de votar a los socialistas y al BNG. Que se use la austeridad como coartada para esta trapacería es una burla añadida. Dice Feijóo que así ahorrará un millón de euros al año, una cantidad notable para la economía de una familia, pero ridícula en unos presupuestos autonómicas. Por comparar, la Ciudad de la Cultura que puso en marcha Fraga ya lleva enterrados más de 300 millones de euros y aún no está terminada.

La reforma agrava una situación de por sí injusta, un modelo electoral poco proporcional que ya beneficia sobradamente al partido más votado. En las últimas elecciones gallegas, en 2009, el PP logró la mayoría absoluta, el 50,6% de los escaños, con solo el 47% de los votos. La suma de las papeletas del PSOE (483.357 votos), BNG (267.631) e IU (15.948) supero a las del PP (760.591). Sin embargo, el PP consiguió un escaño más. IU y UPyD (23.529 votos) ni siquiera entraron en el Parlamento. Con la nueva ley electoral, el PP lograría el 52,4% del Parlamento con ese mismo 47% de los votos: su mayoría absoluta se ampliaría de uno a tres diputados y sería aún más difícil para los partidos minoritarios alcanzar un escaño.

Feijóo no solo quiere aprobar esta reforma: también pretende exportarla. Las demás comunidades gobernadas por el PP están estudiando el modelo para recortar diputados en sus parlamentos autonómicos; apuesten lo que quieran a que la idea solo prosperará en aquellas comunidades donde este cambio electoral favorezca al PP. Hay que ahorrar, sí. Pero solo cuando salga rentable a la derecha.

P.D. Una sugerencia para el señor Feijóo. Si quiere ahorrar, que mire en la Diputación de Ourense, esa república hereditaria que hasta la UE investiga por corrupción. Lo mismo se le ocurre algo.

En una demostración más de hasta qué punto el Banco Central Europeo (BCE) es todopoderoso y tiene en su mano el futuro de Europa, unas palabras de su presidente, Mario Draghi, han bastado para sanarnos. La promesa es contundente: «El BCE hará lo necesario para sostener el euro. Y créanme, eso será suficiente», dice Draghi. Pero no parece que vayamos a tener otro programa de compra directa de la deuda de los países amenazados. El plan que al parecer estudia el BCE es menos ambicioso: dotar al Mecanismo Europeo de Estabilidad (el fondo de rescate) de licencia bancaria para multiplicar su potencia. En lugar de financiarse solo con las aportaciones de los socios europeos, el fondo podría así pedir prestado al BCE, como un banco más, y después utilizar ese dinero para apuntalar la deuda soberana de la eurozona.

Esta solución es simplemente un poquito mejor para España que la que había, pero sigue muy lejos de lo deseado. El fondo de rescate, según sus estatutos, podrá comprar deuda. Pero, a cambio, el país que pidiese este salvavidas se vería sometido a la condicionalidad: es decir, a la intervención de los hombres de negro. En la práctica, pedir al fondo que compre deuda equivale a pedir un rescate.

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El responsable de una de las meteduras de pata más graves de la diplomacia española en bastante tiempo tiene nombre, apellido compuesto y sangre azul. Se llama Iñigo Méndez de Vigo y Montojo. Es barón de Claret, hijo de la condesa de Areny y descendiente directo del marqués de Cubas, de la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, del duque de Riánsares y del marqués de Esquilache (el del motín). Uno de sus amigos, el periodista Ramón Pérez-Maura, lo presenta como un “europeísta de referencia”, un “apasionado del turf con caballos propios”. También es el secretario de Estado para la Unión Europea que avergonzó a España y enfadó a los gobiernos de Italia y de Francia por su ridículo afán de protagonismo, justo en los días en los que este país se juega su futuro por varias generaciones. Un aplauso al señor Méndez de Vigo por su enorme e inoportuno patinazo.

La decisión de enviar una nota de prensa “alucinante”, que “no se basa en ninguna realidad” –según la calificó el propio ministro francés de Asuntos Europeos–, fue suya y solo suya. A su jefe en el Ministerio de Exteriores, José Manuel García-Margallo, el disparate le pilló de gira por Perú y Ecuador. Méndez de Vigo, que cuenta con su propia asesora de prensa, envió el comunicado con el membrete del Ministerio sin consultarlo con nadie. En la nota daba por buena una alianza entre España, Francia e Italia tan deseada como, por ahora, inexistente

El error de Méndez de Vigo ha molestado profundamente en el Gobierno. No es para menos. En el mejor de los casos, estamos ante un secretario de Estado incompetente que confundió sus deseos con la realidad, que no sabe diferenciar entre una negociación y su pacto final: entre una conversación informal y una petición conjunta oficial de tres países. En el peor, ante un frívolo que intentó apuntarse un tanto y figurar como el artífice de un acuerdo vital para la salvación de España. Sea cual sea el diagnóstico, solo puede solucionarse de dos formas: con su dimisión o, en su defecto, con su destitución inmediata.

Se queja Esperanza Aguirre del gasto público desaforado y pone como condición imprescindible su purga y poda para evitar “un corralito”. “Se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias“, dice una política supuestamente liberal que sacó su plaza de funcionaria hace 36 años, que jamás ha trabajado en el sector privado y que vive subida en un coche oficial desde hace casi dos décadas.

¿Mamandurrias? ¿Lo dice por Fundescam, la fundación con la que su partido financió irregularmente sus primeras elecciones, las del tamayazo, con donaciones de empresarios que después recibieron sustanciosos contratos públicos, como Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán? ¿Se refiere a los 630 millones que anualmente perdona la Comunidad de Madrid a los más ricos en concepto de impuesto de Patrimonio (es la única autonomía, junto a Baleares, que no cobra este impuesto)? ¿Cuestiona entonces las ayudas a los toros? ¿Los fondos públicos para la escuela privada, que son en Madrid mayores que en cualquier otra autonomía? ¿Esos 90 millones de euros anuales en subvenciones fiscales a la enseñanza de pago de algunos que salen de los impuestos de todos?

¿Habla acaso del Senado, que ella misma presidió? ¿Se refiere tal vez a esos 130 millones que el año pasado pagó de más la Comunidad de Madrid a los hospitales privados? ¿A la Gürtel, donde el Gobierno y el partido regional que ella preside tiene el récord de imputados? ¿Al sueldo de su hijo, conde de Villariezo y asesor del Ministerio de Economía? ¿O es una crítica a los enchufados del PP en Bankia y Caja Madrid, donde ella tuvo mucho que decir, cuya gestión ha dejado un enorme agujero a pagar por todos los españoles y nos ha colocado al borde de la bancarrota nacional?

Mamandurria. ¿Y tú me lo preguntas? Mamandurria eres tú.

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mamandurria.
(De mamar).
1. f. Sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente.

Mariano Rajoy, 10 de junio del 2012 (justo antes de irse al fútbol): «Hemos evitado la intervención del reino de España». Un mes después, cuesta encontrar las diferencias frente a Irlanda, Grecia o Portugal y las pocas que hay nos perjudican. España ha aplicado las mismas subidas de impuestos y los mismos tijeretazos al Estado del bienestar. Los mismos hombres de negro nos vendrán a vigilar, pero, a cambio, España no ha recibido la misma ayuda económica. Tenemos lo peor de ambos mundos: el dolor de la intervención, pero sin un rescate para el sector público (el dinero es solo para los bancos). El bono español sigue fuera de órbita -ayer subió por encima del 7%-, mientras Grecia, Irlanda y Portugal están financiándose a la mitad de precio: su rescate, tras los últimos acuerdos, solo paga entre el 3,5% y el 3,75% de interés. Además, España no solo sufre una intervención fiscal plena, sino también una segunda intervención: la de su sector financiero, con condiciones específicas mucho más duras que las de Irlanda, que es el caso más similar. Es todo un éxito de esa misma derecha patriotera que se envuelve en el himno y la bandera, que se abría las carnes por el daño a la soberanía infligido en Perejil.

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