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Piensen en la situación en España, que actualmente es el epicentro de la crisis. Ya no se puede hablar de recesión; España se encuentra en una depresión en toda regla, con una tasa de desempleo total del 23,6%, comparable a la de EE UU en el peor momento de la Gran Depresión, y con una tasa de paro juvenil de más del 50%. Esto no puede seguir así, y el hecho de haber caído en la cuenta de ello es lo que está incrementando cada vez más los costes de financiación españoles.

En cierta forma, no importa realmente cómo ha llegado España a este punto, pero por si sirve de algo, la historia española no se parece en nada a las historias moralistas tan populares entre las autoridades europeas, especialmente en Alemania. España no era derrochadora desde un punto de vista fiscal; en los albores de la crisis tenía una deuda baja y superávit presupuestario. Desgraciadamente, también tenía una enorme burbuja inmobiliaria, que fue posible en gran medida gracias a los grandes préstamos de los bancos alemanes a sus homólogos españoles. Cuando la burbuja estalló, la economía española fue abandonada a su suerte. Los problemas fiscales españoles son una consecuencia de su depresión, no su causa.

Paul Krugman, premio Nobel de Economía, hoy en El País.

La famosa medida de presión al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la expropiación a YPF aparece hoy publicada en el BOE. No es gran cosa: consiste en un decreto que asigna una serie de cuotas a cada productor de biodiesel y deja fuera a Argentina. Era una norma que redactó el pasado verano el anterior Gobierno para ordenar el sector pero que al final no aprobó, precisamente por presiones de Argentina (y de algunas empresas españolas, como la propia Repsol). De hecho, el Ejecutivo de Rajoy se ha limitado a plagiar aquel borrador, letra por letra. Han copiado aquel decreto que no se llegó a aprobar con tanta torpeza que incluso se han dejado este párrafo que deja en evidencia la chapuza:

En su virtud, con la aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

El cargo del que hablan en el texto es el que ocupaba Manuel Chaves. Hoy no hay en el Gobierno ningún vicepresidente tercero del Gobierno. Tampoco existe ya un ministerio que responda al nombre de “Política Territorial y Administración Pública”. ¿Cómo es posible que un error así de gordo se cuele en el BOE sin que nadie lo detecte? ¿No hay nadie en todo el Gobierno que se lea los decretos?

Javier Gallego

No se enteran de nada. Las infantas no saben nada, no han oído nada, no tienen ni idea de nada de lo que pasa en el mundo real. Ni en el de la realeza ni en el de la realidad.

La infanta Elena dijo ayer que no ha oído nada de las críticas dirigidas a su padre por la cacería de elefantes en Botsuana. La infanta no sabe nada de elefantas. Dice que no se ha enterado porque estaba trabajando. Debe de ser de las pocas que trabaja en su familia. Bueno, y en este país. Pero qué extraño trabajo ése que te aísla del resto de tus congéneres y que hace que no te enteres de nada. Aunque ahora que lo pienso, no es tan extraño, eso es la monarquía: ocuparte tanto de tus propios asuntos que no tienes tiempo ni ganas para los asuntos de los demás. Por eso su padre se ha ido tan tranquilo a ejecutar elefantes por un riñón mientras a su país le sacan el suyo con recortes elefantiásicos ejecutados a punta de recortada. Por eso el rey se va a una clínica privada mientras a su pueblo le dicen que va a tener que repagar por los medicamentos hasta un 60% más. Por eso al rey le atienden los mejores médicos mientras al resto de abuelos de su edad les dice hoy el gobierno que van a tener que repagar el 10% de sus medicamentos. Supongo que de eso tampoco se ha enterado la infanta. Estará trabajando.

Más en Carne Cruda (el blog)

25 de marzo de 2012: “Tenéis que arrimar el hombro para crear empleo porque la situación es muy seria”.

3 de agosto de 2011: “Todos nos tenemos que apretar un poco el cinturón ante la difícil situación económica”.

14 de marzo de 2012: “Hay noches que el paro juvenil me quita el sueño”.

27 de diciembre de 2011: “Hemos de defender la honradez, el esfuerzo y la profesionalidad con que la inmensa mayoría de los españoles desempeñan su trabajo, viven su vida y sacan adelante a sus familias”.

24 de diciembre de 2011: “Sé, sabemos todos, que el camino de la recuperación no será corto ni tampoco fácil, que exigirá sacrificios”.

(…)

“Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar”.

Mariano Rajoy, 10 de enero de 2012: “Aquí hay un presidente del Gobierno que va a dar la cara, que no se va a esconder ante la crisis económica”.

¿Las imágenes de María Dolores de Cospedal ejerciendo como costalera son un posado o un robado? ¿Convocó a la prensa para esta foto?

La Comunidad de Madrid prepara una nueva subida en el precio del transporte público. El Metro tendrá varias zonas diferenciadas dentro de la capital –en sustitución de la actual zona “A”–, de forma que el precio del trayecto dependerá del número de zonas que atraviese el viajero. El modelo que quiere poner en marcha el Consorcio de Transportes de Madrid para aumentar sus ingresos estará en funcionamiento entre mayo y junio de este año y contempla entre cuatro y cinco zonas, dentro del área metropolitana. En un principio, esta subida solo afectará al billete sencillo, que ya aumentó un 50% (de un euro a un euro y medio) hace menos de un año. Sin embargo, no se descarta que después afecte al resto de los billetes y abonos.

El consejero de Transportes e Infraenstructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Cavero, hace ya meses que estudia nuevas fórmulas para aumentar los ingresos del Metro, cuyo presupuesto para este año está lejos de poder cumplirse. Está negociando con los comerciantes de las estaciones para aumentar el número de tiendas dentro del suburbano. Hace apenas unas semanas también empezó a introducir publicidad en el nombre de las estaciones. El dinero recaudado por esta vía no basta para cumplir con el presupuesto.

Tres cifras del día que no acaban de cuadrar: el paro sigue subiendo, el gasto por desempleo aumenta y en los Presupuestos Generales del Estado se apunta un descenso del 5,5% en esta partida, fundamental si no queremos mandar a decenas de familias a la marginalidad. ¿Dónde está la trampa? Está por explicar y todo apunta a que el Gobierno de Mariano Rajoy esconde ahí un nuevo incumplimiento electoral. Hay solo dos opciones: o reducen las prestaciones por desempleo o endurecen los requisitos para acogerse al paro. Sea lo que sea, no lo busquen en el programa del PP. Seguro que allí no aparecerá.

La oposición socialista presentará a votación una propuesta en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno la anulación del concordato con la Iglesia Católica. La propuesta no de ley –en cuya redacción ya trabaja el Grupo Parlamentario Socialista– es una respuesta ante la ley del aborto que prepara el Gobierno y con seguridad no prosperará ante la mayoría absoluta del PP en la cámara. Sin embargo, sí fijará un cambio de postura del PSOE, que irá después en su programa para las próximas elecciones generales, según informan fuentes del Grupo Parlamentario.

Alfredo Pérez Rubalcaba había anunciado ya hace dos meses, en el congreso del PSOE en Sevilla, su voluntad de revisar el concordato como respuesta a la contrarreforma de la ley del aborto. La novedad es que de ese compromiso etéreo se pasará ahora a una propuesta parlamentaria en firme.

Desde el PSOE, aseguran que la renuncia del concordato tendría consecuencias presupuestarias: se ahorraría dinero por las partidas que el Estado entrega a la Iglesia, pero también se pagaría más que otro lado, ya que supondría un sobrecoste en la educación, ahora en manos de la Iglesia en un altísimo porcentaje.

El juez ha ordenado la libertad sin fianza para el actor Willy Toledo, detenido por participar en un piquete informativo durante la huelga general. La Fiscalía le acusaba de un delito penado con tres años de cárcel y pedía prisión provisional, argumentando que existía riesgo de fuga y para “garantizar la no impunidad” de sus acciones. Es decir, como medida ejemplarizante.

En su auto, el juez rechaza la exagerada petición del fiscal al considerar que el dudoso razonamiento de la “no impunidad” tiene un “carácter de prevención general del que no puede participar la prisión provisional”. También pone en cuestión la acusación al asegurar que “no existen indicios suficientes de la comisión de un delito” y que los daños en el local “no están acreditados”. “Ni la propia policía ha reseñado en el atestado los trabajadores coaccionados ni ha tomado declaración a dichos posibles trabajadores constando solo la declaración del propietario del local”, explica el juez en el auto, que hay que leer en detalle.

Visto esta resolución judicial, el “caso Willy Toledo” se queda en casi nada: todo se reduce al testimonio del dueño del bar. Tampoco hay ningún vídeo, como se llegó a especular. ¿Rectificará alguno de los medios que criminalizaron al actor solo con la denuncia? ¿Darán la misma importancia al auto judicial que dieron a su detención y al atestado policial?

Un par de preguntas más para la Fiscalía, al hilo de sus últimas actuaciones: ¿lo de “garantizar la no impunidad” vale para un acusado aún sin juzgar como Willy Toledo y no vale para un corrupto como Jaume Matas? ¿Por qué la fiscalía pide prisión para el actor y permite que este expresidente autonómico condenado a seis años siga en la calle?

Hay un escaño todavía en el aire en Asturias que puede cambiar radicalmente el resultado electoral. El PSOE disputa con FAC un diputado autonómico –sería el 17 para los socialistas y dejaría a Cascos con 12 en lugar de 13– que supondría que la derecha no sumaría mayoría absoluta. Según cuenta en su Twitter el secretario de Organización del PSOE, Oscar López, el escaño depende de apenas 150 votos de diferencia. Son tan pocas papeletas que habrá que esperar al recuento de los residentes en el extranjero, del voto CERA, que se conocerá en dos o tres días. Si ese escaño cambia, el gobierno del Principado dependerá de lo que decida UPyD.

La Delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido una manifestación contra los privilegios de la Iglesia, convocada por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores para jueves santo. Uno de los responsables de la asociación ultracatólica Hazteoir ha mandado a sus socios este correo, presumiendo de su “éxito” contra ese laicismo “salvaje” que “no sabe salir a la calle sin desvelar su nostalgia por el 36”. Conviene leer el mail para entender los métodos y argumentos de esta organización que presume de sumar a “más de 230.000 personas” pero no llega a los nueve mil seguidores en Twitter.

Sigue leyendo “Los ultras presumen de sus éxitos “contra el laicismo salvaje””

En el gráfico: tipo de interés que paga el bono a 10 años de Italia (en azul) y de España (en rojo) desde que Mariano Rajoy es presidente.

Se puede ver la evolución a largo plazo de la prima de riesgo de ambos países en esta web. Durante el último año, España pagó menos intereses que Italia. Con los cambios de Gobierno en España e Italia, la tendencia se ha invertido.

Un detalle importante que el Gobierno se olvidó de explicar cuando nos contó su plan para proteger de los desahucios a los ciudadanos que no pueden pagar: solo aquellos hipotecados que no cuenten con avalistas podrán beneficiarse de esa “dación en pago” descafeinada que De Guindos negoció con la banca. El matiz es importante porque suelen ser precisamente las personas con menos recursos quienes firmaron hipotecas con otros familiares o amigos como avalistas. Aunque cumplan con los otros requisitos –ya duros de por sí–, no podrán beneficiarse de la dación en paga y su deuda se trasladará a sus avalistas si no pueden pagar.

Por ley, la Iglesia Católica está obligada a presentar cada año una memoria justificativa de sus actividades económicas, igual que cualquier asociación o fundación. Hace ya varios ejercicios que no cumple con esta obligación legal: la última memoria difundida por la Conferencia Episcopal Española es del año 2009. De ese documento sale esta página que, al hilo de lo que publiqué ayer sobre la Mezquita de Córdoba, hoy conviene recordar.

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En su memoria, la Iglesia olvida varias cosas. Es falso que haga “un esfuerzo económico muy grande” para mantener el patrimonio nacional: es el Estado quien financia las obras de rehabilitación de catedrales y demás monumentos. Y “muy grande” no es una medida contable: para eso se usan los números; con ellos es más complicado mentir.

Desde finales de los ochenta, está en vigor el Plan Nacional de Catedrales: un programa público que financia las restauraciones con dinero de los contribuyentes. Entre 2006 y 2008, el Ministerio de Cultura presupuestó 10 millones de euros para este plan. Entre 2008 y 2011, la Catedral de Toledo recibió 6,6 millones. Y la rehabilitación de la Catedral de Burgos costó 30 millones de euros en 15 años (fondos públicos y mecenas privados, como cajas y bancos). Hay muchos ejemplos más: según el anuario 2011 de estadísticas culturales –esta información sí está actualizada–, en el año 2010 el Ministerio de Cultura financió obras de restauración en 20 catedrales.

También es falso que estos edificios tengan “una rentabilidad escasa o nula” para la Iglesia. Se cobra entrada en muchos de ellos. Solo la Mezquita de Córdoba, como ayer expliqué, consigue así al menos ocho millones de euros al año (el obispado no ofrece cifras oficiales). ¿Paga la Iglesia las restauraciones de aquellos lugares de culto que son de pago? Tampoco. En los últimos tres años, el Ministerio de Cultura destinó 3,3 millones a su restauración de la Mezquita de Córdoba.

Estoy a favor de que sea el Estado quien financie la conservación del patrimonio. Pero lo justo sería que, a cambio, fuese el Estado quien también explotase los ingresos que generan estos edificios. No está reñido con la libertad de culto: nadie pide a la Iglesia que deje de dar misa allí. Pero si la Conferencia Episcopal Española pretende que las catedrales y otros edificios del patrimonio nacional sean propiedades privadas, que lo sean con todas sus consecuencias: también para las reparaciones y los impuestos.

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La pista sobre la memoria de la Conferencia Episcopal me la dio Máximo Pradera (gracias).