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1. Que la prima de riesgo lleve varios días por encima de 500 puntos es gravísimo, pero no es lo peor. El problema más urgente no es el déficit público y cómo financiarlo (que también). Es el enorme agujero de la banca. Y quién lo va a pagar.

2. Las cuentas que se hacen los mercados: si Bankia necesita otros 19.000 millones de euros del dinero público para evitar el colapso, ¿cuántos millones harán falta para cubrir los boquetes del ladrillo en el resto de las entidades financieras españolas? Lo dirán los dos auditores extranjeros que van a evaluar a nuestros bancos y cajas, pero algunos informes ya hablan de entre 40.000 y hasta 200.000 millones de euros; entre el 4 y el 20% de nuestro PIB. ¿De dónde va a salir esa montaña de dinero? Es ahí donde la prima de riesgo se convierte en un problema aún peor.

3. España no tiene capacidad para conseguir esa financiación en los mercados porque el tipo de interés sería disparatado, imposible de asumir. Y si España tuviese que financiar todo ese sapo sin ayuda, la prima de riesgo subiría todavía más hasta forzar el colapso del país. Que el boquete de Bankia pasase de 4.000 millones a 19.000 en apenas una semana no ayuda: da la impresión de que hay un agujero “a la griega”, que los balances no son de fiar. Que el presidente salga el lunes en rueda de prensa a decir que no sabe de dónde va a salir el dinero para Bankia ayuda menos aún.

4. Alemania hace meses que ofrece un rescate al Gobierno. Zapatero dijo no a Merkel en una docena de ocasiones y otras tantas llevará ya a estas alturas Rajoy. El problema es que un rescate implicaría condiciones durísimas, como las que ya padecen en Grecia, en Irlanda o en Portugal. Con un rescate, las decisiones políticas las tomarían los acreedores y el primer interés del acreedor es cobrar, no el futuro de la economía del país o el bienestar de la población. El rescate es la última opción. El Gobierno de Rajoy es consciente de estas cuentas y por eso está maniobrando para buscar otra salida a la situación que ha provocado Bankia. Ya ha intentado dos cosas: que el fondo de rescate salve a los bancos –sin pasar por el Estado– y también inyectar deuda pública directamente en los bancos.

5. Lo de inyectar deuda pública en los bancos parecía una buena idea. La jugada era la siguiente. El Gobierno, en lugar de poner dinero en Bankia (y los demás bancos que necesiten capital), pone papelitos: inyecta bonos del Tesoro. El banco después lleva esos bonos al Banco Central Europeo (BCE), que se los cambia por un préstamo al 1% de interés; la deuda pública sirve como aval. Y así, sin necesidad de sacar una montaña de deuda al mercado de una vez, España va pagando el dinero en cómodos plazos a un tipo de interés mucho más bajo. ¿El problema? Que el BCE ha dicho que no.

6. La otra opción –que el fondo de rescate europeo inyecte capital a los bancos, sin pasar por los estados– era incluso mejor. Con esa fórmula, son los bancos a título individual quienes piden el rescate y España no tiene que asumir la recapitalización de su sector financiero: es la Unión Europea en su conjunto la que corre directamente el riesgo y la que aporta la financiación necesaria. La idea inicial la lanzó el FMI hace unos meses. Ayer por la mañana, la Comisión Europea entreabrió esa posibilidad. Sin embargo, por la tarde el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, cerró esa puerta de nuevo. ¿La razón? Alemania dice no y la normativa aprobada no permite esta opción.

7. Alemania, por muchos paseos en barco que Mariano Rajoy se dé con Angela Merkel, solo parece dispuesta a aceptar una salida para España: la intervención con todas las letras, el rescate. Si Alemania va a poner el dinero, Alemania quiere decidir cómo se gasta y eso en la práctica conlleva que España pierda la poca soberanía que aún mantiene. Como Grecia. Como Irlanda. Como Portugal. Si Merkel paga, Merkel quiere mandar. Bajo el punto de vista de la presidenta alemana, hay pocos motivos para fiarse de España: no se han cumplido los objetivos de déficit, las autonomías afloran deudas imprevistas después de cerrarse la contabilidad, los balances bancarios no son lo que dijeron los supervisores… La confianza en España está bajo mínimos.

8. El Gobierno, a la desesperada, juega sus últimas carta con Luis de Guindos en Alemania y con otro viaje imprevisto (por mucho que desde La Moncloa se intente vestir la situación de normalidad): el de Soraya Sáenz de Santamaría a EEUU. La vicepresidenta se reunirá hoy con el secretario del Tesoro de Obama, Timothy Geithner, y con la directora del FMI, Christine Lagarde. El viaje de emergencia, dentro de esta situación y con Alemania diciendo a todo que no (salvo al rescate), solo puede significar una cosa: que la intervención es inminente. Así lo interpretan fuentes del propio Gobierno y de la oposición.

9. Solo queda una última oportunidad: que sea el FMI quien preste el dinero a España para refinanciar a los bancos. Pero ese dinero, una vez más, vendrá con un manual de instrucciones; con una serie de condiciones, recortes y “reformas”, como bien saben otros países que han acabado así. Si es el FMI quien nos rescata, el Gobierno podrá vender que en realidad no es una intervención. No es gran consuelo: en caso de ruptura del euro, es mucho mejor deber el dinero a Europa que al FMI, un organismo al que ni siquiera Argentina se atrevió a hacer un default.

10. De una manera u otra, salvo que Alemania dé su brazo a torcer, se acaba el poco margen que le quedaba a España y a su soberanía nacional. El país ya está parcialmente intervenido, hablamos del siguiente escalón. En el mejor de los casos, el rescate se camuflará de “recomendaciones” de la UE, que Rajoy aplicará al dictado a cambio de que se mueva el BCE (que hoy no está por la labor). En el escenario más probable, el rescate podría llegar en un mes, en forma de ayuda para la banca: el Gobierno de Rajoy intentará como sea aguantar hasta el 1 de julio, hasta que entre en funcionamiento el Mecanismo Europeo de Estabilidad; puestos a ser intervenidos, las condiciones de este organismo se supone que serán mejores que las del Fondo europeo de estabilidad. En el peor de los casos, el rescate y la intervención del país podrían ser efectivos en cuestión de días, como busca Alemania. Es lo que hay.

Dispérsense, que aquí no hay nada que mirar: el rodillo parlamentario del Partido Popular ha decidido frenar cualquier cosa que se parezca lejanamente a una investigación en el Congreso sobre la presunta estafa de Bankia. Sí, he dicho estafa: usemos las palabras con propiedad. ¿Cómo calificar, si no, una salida a bolsa en la que se contó a los pequeños inversores unos números que hoy se reconocen falsos? ¿Cómo explicar que Bankia y su matriz hayan tardado tanto en presentar sus cuentas del año 2011, que el auditor se negara a firmarlas y que de un beneficio de 439 millones de euros se pasase a unas pérdidas de más de 3.000 millones? ¿Cómo llamar a un pufo que obliga a soltar casi cuatro billones de pesetas –por comparar, lo de Banesto fueron solo 600.000 millones– para “sanear” esta infecta entidad financiera? ¿Cómo justificar que un directivo de Bankia se lleve 14 millones de indemnización como precio por dejarnos una deuda de 457 euros por español?

Desde el Gobierno aseguran en privado que Rodrigo Rato se la jugó: “No nos dijo la verdad sobre las cuentas de Bankia”. ¿Por qué no poner entonces lo sucedido en manos de los tribunales? ¿Por qué negarse a una comisión de investigación? La justificación que transmite el Gobierno en privado –para el que se la quiera creer– es que ahora no toca, que levantar hoy la alfombra de Bankia dañaría aún más la prima de riesgo y el prestigio financiero del país justo en un momento en el que España se juega la intervención. El PP está intentando aguantar como sea, al menos hasta el 1 julio, hasta que entre en vigor el Mecanismo Europeo de Estabilidad, un fondo de rescate de la UE con condiciones más laxas que el actual.

Mientras tanto, el caso Bankia no solo desgasta al Gobierno: también a la oposición. La decisión de Alfredo Pérez Rubalcaba de no pedir una comisión de investigación no la entienden ni en el propio PSOE, donde muchos en público y en privado están mostrando su disconformidad. La “oposición responsable” que quiere marcar Rubalcaba está mandando a la ciudadanía un mensaje tal vez injusto pero sin duda maloliente: que el PSOE no quiere investigar Bankia y las demás cajas quebradas porque todos tienen mucha mierda que ocultar. Más allá de la prima de riesgo, está en juego el acuerdo social: una ruptura institucional por parte de una ciudadanía que cada día entiende menos y con cada noticia se cabrea más.

Tres semanas después de que la dimisión de Rato destapase un agujero abismal en el cuarto mayor banco español –un pufo que ha convertido a más de la mitad del sector financiero en “bono basura” y ha dejado al país al borde de la intervención–, Mariano Rajoy tuvo el detalle de dar la cara por fin. Era su primera rueda de prensa en España desde que llegó a La Moncloa y se suponía que comparecía ante los medios para calmar a los mercados y a los ciudadanos. Resultó justo al revés: la prima de riesgo siguió creciendo, la bolsa siguió cayendo y los mensajes políticos del presidente fueron cualquier cosa menos algo tranquilizador.

Sirve de poco comparecer cuando no se tiene nada que decir. El “presidente de todos los españoles” –como a él le gusta decir– convocó a los periodistas en la sede del PP, en vez de en La Moncloa o en el Congreso. La rueda de prensa fue imprevista y las respuestas mucho más. En vez de un mensaje institucional, Mariano Rajoy improvisó un discurso de una frustrante vacuidad: cinco puntos para no decir nada que no haya dicho ya; una intervención inicial en la que incluso se permitió el lujo de no mentar siquiera a Bankia, como si no fuese algo de lo que hiciese falta hablar.

Tras sus cinco obviedades –”es malo gastar lo que no tienes”–, llegaron sus respuestas a los periodistas; algunas las llegó a leer también. En los ruegos y preguntas, Rajoy dejó el único gran titular: el presidente no quiere una comisión de investigación sobre Bankia y no ve ningún responsable por la quiebra del cuarto mayor banco del país. Debe de ser que estamos ante un fenómeno natural, como el granizo, que pasa por accidente o porque tiene que pasar. En el colmo del marianismo, el presidente incluso defendió que lo ocurrido con Bankia y con la pésima gestión política de su nacionalización no ha tenido nada que ver con la escalada de la prima de riesgo, que se debe de disparar porque sí, para fastidiar, o porque tienen miedo de la Roja en la Eurocopa. “No creo que influya absolutamente para nada la decisión que se ha tomado sobre Bankia con la prima de riesgo, absolutamente nada”, aseguró ayer el presidente del Gobierno en una de las cumbres del discurso político universal. “Creo que la decisión que se ha tomado sobre Bankia da tranquilidad porque supone un ejercicio de trasparencia”. Si de verdad piensa esto, es como para echarse a temblar.

Tampoco aclaró Rajoy cómo se piensa ejecutar ese rescate a Bankia que cada día que pasa cuesta mil millones más. Después de que Luis de Guindos hablase la semana pasada de una inyección directa de capital, después de que Soraya Sáenz de Santamaría afirmase el viernes que el dinero vendría del FROB, después de que el presidente de Bankia enmendase a los dos al anunciar el sábado que Santa Bankia, Rita (lo que se da no se quita), el presidente del Gobierno no fue capaz ayer de concretar de dónde saldrá el dinero y cómo lo vamos a pagar; insisto, desde que dimitió Rato han pasado tres semanas ya. ¿Cuánto tiempo más necesitarán?

Sobre la mesa está, una vez más, un futuro muy negro: el de la intervención. Rajoy lo negó tres veces: “No habrá rescate a la banca española por parte de Europa”. De poco vale ya que el presidente empeñe su devaluada palabra en que tal cosa no sucederá.

P.D. Y con este panorama, ¿alguien es capaz de entender y explicar por qué el PSOE no apoya YA una comisión de investigación sobre Bankia? ¿Qué más hace falta?

En un alarde más de lo que entiende Mariano Rajoy por “no esconderse y dar la cara“, ha tenido que ser el nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el que explique los detalles de la intervención. Señoras, señores: camino de Irlanda, hemos cruzado el Rubicón. Ya no es un préstamo, como hasta ahora pasaba con el FROB: el Estado entra con todo en la banca, a través de deuda pública; los mismos bonos que faltan para pagar la sanidad o la educación. El boquete de Bankia nos cuesta ya 23.500 millones de euros a fondo perdido, casi cuatro billones de las futuras pesetas. Tocamos a 457 euros por español: niños, pensionistas y parados incluidos.

Todos somos bankeros al fin, o eso ha explicado Goirigolzarri. Por parte del Gobierno aún no hay una versión oficial, a pesar de que lo dicho por el presidente de Bankia contradice una vez más los planes que había contado el Ejecutivo; hasta ahora, solo se hablaba del FROB y hace apenas tres días la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que serían “préstamos a devolver”. Rajoy no le avanzó nada a Rubalcaba en su reunión del viernes por la tarde sobre esta trascendente decisión y sigue el bloqueo a cualquier cosa que se parezca lejanamente a una explicación a los ciudadanos. No habrá comisión de investigación en el Congreso: el PP la ha vetado. Tampoco hablará allí Rodrigo Rato: el PP se niega. Tampoco comparecerá el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez: el PP no lo permite. Para el Gobierno, parece que lo de Bankia es un desastre natural que ni tiene responsables ni merece siquiera analizarse. “A mí me gusta mirar al futuro, aunque ya sé que regodearse en el pasado tiene sus atractivos”, dijo el pasado miércoles Luis De Guindos, el mismo día en que anunció que lo de Bankia “solo” costaría 9.000 millones. “Ahí está la fiscalía, yo no tengo vocación de ángel vengador, cuando uno vuelve la vista atrás se vuelve una estauta de sal”, remató el expresidente de Lehman Brothers en España, hoy ministro de Economía, y pelillos a la mar.

Y mientras el Gobierno prefiere mirar al futuro –uno muy negro: el de la intervención–, Rato sigue dando lecciones sobre economía. No solo cobra como conferenciante en circos romanos: también se ha llevado ya su indemnización de Bankia. Según fuentes de esta entidad financiera, Rato ha cobrado ya su finiquito, que incluye una clásula de no competencia –por si algún otro banco quiere fichar a este genio– y una parte de su plan de pensiones. En total, una cifra millonaria de la que supongo también nos tendremos que olvidar.

P.D. Dice Alberto Ruiz Gallardón que lo de Bankia se investigará “cuando sea oportuno“. Supongo que ese oportuno momento llegará con la prescripción de los delitos, a más tardar.

Carlos Dívar «lamenta el quebranto para el CGPJ, el Tribunal Supremo y la carrera judicial» que ha ocasionado la denuncia presentada contra él por sus lujosos viajes a Marbella con cargo al contribuyente. Pero no aclara a qué viene su llanto: si se arrepiente de su comportamiento o del de José Manuel Gómez Benítez, el vocal que lo denunció. Por sus obras, es fácil de interpretar: Dívar no tiene intención alguna de asumir su responsabilidad y en la reunión de ayer en el CGPJ quedó aún más claro cómo funciona la justicia en este país. Siete votos pidieron la dimisión de Gómez Benítez frente a cinco que se la reclamaron a Dívar. Siete a cinco, gana el corporativismo a la transparencia una vez más.

El archivo de la denuncia contra Dívar es lo que habría que lamentar. No está claro que la decisión de la fiscalía cierre para siempre la vía judicial –atentos a la acusación popular–, pero sin duda no acaba con el escándalo político, por mucho que el ministro Gallardón diga que Dívar «sale reforzado». El presidente del Supremo tiene muchas cosas que detallar. Dívar no ha explicado qué clase de compromiso oficial requiere 20 viajes de fin de semana caribeños a Puerto Banús. Tampoco ha aclarado qué persona le acompañaba en esas lujosas comidas y cenas para dos que pagó el dinero público; es un dato relevante: con el nombre del acompañante es fácil deducir si estamos ante un gasto personal o laboral.

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“¿Qué quiere decir no tener recursos?”, se pregunta el ministro de Educación. Yo se lo explico, señor Wert. En España hay un 22% de las familias que vive por debajo del umbral de la pobreza: una de cada cinco. Hay 11,5 millones de personas que ya están al borde de la exclusión social. El salario medio es de 22.511 euros brutos al año –poco más de esa “miseria” que se gastó Carlos Dívar de turismo en Puerto Banús– pero las medias son engañosas. En esta media entra también el sueldo de Rato, o el de Olivas, o el de usted. La realidad, señor Wert, es que el 60% de los trabajadores españoles no llega a mileurista, hay un 22% que no tiene trabajo y hay también 1.782.400 familias con todos sus miembros en el paro. El 60% de los españoles no llega a fin de mes.

Aunque le parezca increíble, señor Wert, hay más de 50.000 familias que pierden su casa cada año; será porque no saben administrar sus recursos, que diría usted. Hay un 50% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años que viven en casa de sus padres, la mayoría porque no tienen otra opción. Hay medio millón de jóvenes que se emanciparon y, por culpa de la crisis, han tenido que dar marcha atrás y regresar al hogar familiar. Y hay dos millones de niños en España, ¡dos millones, joder!, que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Así es la España de hoy, señor Wert. Y debajo de estas cifras, de estos números, de estas crudas estadísticas, hay gente que lo pasa aún peor. Por eso es tan obsceno escucharle frivolizar con la extrema necesidad de tantas familias, con el esfuerzo que supone para tantos españoles que los hijos puedan ir a la universidad. Ya se quitan “recursos” de otras cosas sin que usted se lo venga a explicar.

Las cinco de ayer, otro día más para olvidar:

“Carlos Dívar sale fortalecido”. “Vivimos en un Estado de Derecho y de garantías en el que se investigan los hechos y se verifican las denuncias. Así la Fiscalía, desde su autonomía, ha certificado que su conducta no supone ningún delito”.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia.

“Han ocurrido cosas difíciles de explicar y de entender en este momento”. “No he tenido más objetivo que servir con la mayor lealtad, dedicación y desinterés personal, pensando siempre que al hacerlo estaba también, de alguna forma, sirviendo a los intereses de la Comunitat Valenciana”.

José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana. El año pasado ganó 1,62 millones “sirviendo a la Comunitat Valenciana”.

“No está contemplada ninguna subida del IVA. Inicialmente había contemplada su reducción, sobre todo en el sector turístico, aunque no es posible en esta situación económica”. “No hay que obsesionarse por la prima de riesgo”.

José Manuel Soria, ministro de Industria.

“Es evidente que esos datos provisionales, que como tales enviamos al Ministerio de Hacienda y que por la razón que fuera los envió a la Unión Europea, o algo hizo con ellos, mucha gente los dio por definitivos, pero nosotros hemos dicho desde el primer momento que eran provisionales”. “El déficit no se ha disparado”.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Que aflore déficit hasta ahora no reconocido es una circunstancia extraordinariamente positiva, porque lo primero que hay que hacer es llevar a la contabilidad pública todo lo pendiente”. “Es un ejercicio de transparencia”.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

El caso Dívar muere antes de empezar. La fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia contra el presidente del Tribunal Supremo sin siquiera ir a juicio. La decisión es un absoluto despropósito, por mucho que se vista de legalidad. Según la Fiscalía, el presidente del Supremo no tiene por qué explicar en qué se gasta el dinero de todos: si él asegura que es un viaje oficial no hace falta decir más. Según la Fiscalía, algunos de estos gastos pueden ser “de carácter reservado” y el señor Dívar tiene derecho a no revelar los detalles, como si fuese un agente secreto en misión especial en Marbella. Según la Fiscalía, la semana caribeña es de lo más legal y el señor Dívar es inocente porque “no pretendió lucrarse”. Solo falta, para rematar, que la Fiscalía asegure como hizo el propio presidente del Supremo, que 18.000 euros es “una miseria” de la que no merece la pena hablar más.

Algún día todo esto saldrá caro: algún día pagaremos con altísimos intereses este constante deterioro institucional, esta permanente sensación de estafa que sufren muchos ciudadanos, esta aparente impunidad. Todo sale gratis: el presidente del Gobierno puede mentirnos a la cara y no pasa nada. El presidente de los jueces puede cargar gastos privados a la visa del trabajo y tampoco pasa nada. El cuarto mayor banco del país puede dejar un agujero de al menos 12.000 millones, un 20% más que el recorte en educación y sanidad, y tampoco pasa nada. El jefe del Estado puede matar elefantes, su yerno puede dedicarse al talonmano, pero nunca pasa nada. Hasta que pase.

¿Qué tienen en común los gobiernos autonómicos de Madrid, Valencia y Castilla y León? Al menos cinco cosas: los tres están en manos del PP desde hace más de quince años, los tres eran hasta hace nada ejemplos de buena gestión de la derecha, los tres alimentaron la trama corrupta Gürtel, los tres mangonearon en las principales cajas de ahorro con las que se forjó Bankia –el mayor desastre financiero de la historia de España– y los tres han ocultado un importante agujero en sus cuentas públicas que no hemos conocido hasta hace apenas dos días; un viernes por la tarde, a última hora, a ver si así nos olvidábamos de la gravedad de lo que está pasando en estas tres plazas donde ya no vale la excusa de la “herencia recibida”. ¿Qué herencia? ¿La de Joan Lerma? ¿La de Joaquín Leguina?

Que el déficit español del año 2011 haya pasado de repente del 8,5% al 8,9% no solo son 4.000 millones más –que ya es dinero–, nos saldrá muchísimo más caro. Es un tremendo boquete en la imagen de España que ha aparecido en el peor momento posible, cuando el país se juega una intervención de la troika que supondría la ruina para toda una generación, para los próximos diez años. Se suponía que las cuentas del año pasado estaban ya cerradas; la mayor parte de las autonomías las dieron por buenas en febrero. Presentar en mayo esta nueva e inesperada desviación en el déficit es, en el mejor de los casos, una enorme chapuza que no se puede ventilar como un ejercicio de “transparencia”, como repiten los portavoces populares.

El mismo viernes por la mañana el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, presumía desde Twitter de que su Gobierno estaba este trimestre “en déficit cero”. ¿Nadie le avisó del pufo que se iba a hacer público esa misma tarde? Peor aún es el papelón de su predecesor en el cargo, Antonio Beteta, hoy número dos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Beteta es, precisamente, el responsable de auditar las cuentas públicas de las autonomías. ¿Con qué autoridad podrá exigir al resto de las comunidades que sean rigurosas con el déficit? ¿Sigue siendo el hombre más adecuado para el puesto?

Pero si malo es el agujero, peores son las excusas. Dice Percival Manglano que esto ha pasado “por mantener los gastos sociales”. No solo es injusto cargar el problema (después vendrá el tijeretazo) en la educación o la sanidad. También es falso: el agujero en las cuentas públicas tiene en España mucho más que ver con el desplome en los ingresos, no con el aumento del gasto. Y es aún más falso en Madrid, una de las comunidades con menor porcentaje de gasto social per cápita y donde Esperanza Aguirre mantiene varios regalos fiscales tan caros como insolidarios. Madrid, por ejemplo, bonifica al 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones y es la única autonomía donde la enseñanza privada desgrava en el IRPF: este “gasto social” suma 90 millones anuales.

También es Madrid, junto con Baleares, la única autonomía que aún se niega a recuperar el impuesto de Patrimonio, que aprobó a finales de septiembre Zapatero. Este impuesto solo lo pagan aquellas personas con más de 700.000 euros en patrimonio, descontando de esta cuenta la vivienda habitual: solo afecta al 0,3% de los españoles, los que cuentan con mayores recursos. Se calcula que en Madrid, este impuesto supondría 630 millones de euros anuales que Esperanza Aguirre prefiere no ingresar. Por comparar, la última subida del Metro recaudará solo 120 millones de euros anuales. En Madrid no hay dinero para el transporte público, pero sí lo hay para perdonar impuestos a los más ricos. Cuestión de prioridades.

Lo llaman rescate y no lo es. Que nuestra economía acabe intervenida por la Unión Europea, el BCE y el FMI no es un salvavidas: implica que la primera prioridad de los interventores será devolver las deudas a los acreedores, en vez de garantizar el futuro del país y el bienestar de sus ciudadanos. Alguno dirá que tal cosa ya es así, que los recortes no pueden ser más duros de lo que ya son. No es verdad. Como ya saben en Grecia, Irlanda o Portugal, toda crisis es susceptible de empeorar: a pesar de las dolorosas medidas que han salido adelante estos meses, notaríamos la diferencia con la intervención. A peor.

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En su estrategia por deslegitimar y despreciar cualquier protesta, el PP ha hecho suyo un viejo concepto de los discursos políticos, el de la mayoría silenciosa. “Vamos a gobernar para los que quieren levantar España, para la mayoría silenciosa, y no para los que hacen algaradas”, dijo recientemente María Dolores de Cospedal. Su consigna se ha repetido después en tertulias, columnas y portadas de periódicos. Los que protestan, dicen algunos voceros, “son una minoría”, “son violentos”, “no representan a nadie “y “dan mala imagen al país”. La gran mayoría de los españoles votó al PP, ergo “el Gobierno tiene las manos libres” para hacer cualquier cosa, incluso romper con todas las promesas que hicieron durante la campaña electoral. Son las falacias habituales que transmiten sin cesar aquellos que reducen la democracia al simple acto de votar (y callar).

Tal vez De Cospedal no lo sepa, pero el inventor de esa idea de la “mayoría silenciosa” fue un político de infausto recuerdo: el expresidente estadounidense Richard Nixon. Fue en noviembre de 1969, durante un famoso discurso sobre la guerra de Vietnam, en el que pedía el apoyo a la “gran mayoría silenciosa” mientras criticaba a los manifestantes pacifistas. “Traicionaría mi juramento del cargo si permitiera que la política de esta nación estuviera dictada por una minoría mediante la organización de manifestaciones en la calle”, decía Nixon. Su trampa argumental era doble: ni eran minoritarias las protestas, ni era mayoritario el silencio a favor de Vietnam. Pero aunque así no lo fuera, es falaz despreciar a quienes se manifiestan –por minoritarios que sean– porque una democracia va mucho más allá que el simple voto: es gobernar para todos, es escuchar al que disiente. Y es aún más falaz interpretar cualquier silencio –sea la abstención electoral, sea la pasividad ante una movilización ciudadana– como un apoyo declarado para aquella minoría poderosa que tiene más voz que el resto.

Al menos Richard Nixon reconocía una cosa: el derecho a la manifestación. “Una de las fortalezas de nuestra sociedad libre es que cualquier americano tiene el derecho de llegar a esa conclusión y defender ese punto de vista”, admitía en aquel discurso Nixon, el mismísimo Richard Nixon, que queda como un moderado al lado de la derecha que nos gobierna, donde cualquier manifestación, cualquier protesta pacífica, es una “algarada” a la que no se responde con el diálogo, sino con la policía.

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Este artículo sale hoy a la calle en el número especial en PDF y en papel que han elaborado varios compañeros, extrabajadores de Público: la cooperativa MásPúblico. Enhorabuena por el primer número. Os ha quedado fenomenal.

Mariano Rajoy, seis meses atrás: «No pienso dar un solo euro público a la banca». Aunque lo grave no es solo esta promesa rota, otra más, sino el precio que va a pagar la sociedad por los abusos y la penosa administración de unos gestores que no solo han arruinado unas instituciones centenarias, sino que han dejado un gran boquete en el bolsillo de todos los ciudadanos. Las cifras marean. Entre el FROB, los créditos casi regalados del BCE y las ayudas directas que ya ha esbozado el Gobierno suman algo más de 80.000 millones de euros públicos, unos 1.700 euros por español. El agujero es tan grande que nos podría tragar. Por comparar, es ocho veces más que el recorte previsto en educación y sanidad.

Lo ocurrido con Bankia es de tal gravedad que el Gobierno debería dar dos pasos: abrir una comisión en el Parlamento donde se aclare la quiebra y ordenar a la fiscalía que investigue si, más allá de las responsabilidades políticas, hay también responsabilidad penal. El dato conocido estos días sobre las cuentas del 2011 –que el auditor externo Deloitte se negó a firmar por estar plagadas de irregularidades– no se puede ventilar sin más.

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La ministra Ana Mato quiere que esos ciudadanos sin papeles a los que se niega el derecho a la sanidad estén atendidos por las ONG. La propuesta es un insulto que ahonda aún más en la medida más injusta e inhumana de entre todos los recortes que ha tomado el Gobierno de Rajoy (y van). La propuesta es reveladora por el trasfondo que muestra: Ana Mato confunde el Estado del bienestar con la caridad.

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No lo llamen nacionalización. En realidad estamos socializando las pérdidas: pagando con carísimos intereses los excesos de unos gestores que han vivido muy por encima de nuestras posibilidades. La autopsia de Bankia detallará la factura, pero las primeras cifras que aparecen son mastodónticas, descomunales: más de 80.000 millones de euros públicos movilizados en el rescate; como toda la sanidad pública y todas las prestaciones por desempleo juntas. Si dividimos la cifra entre todos los españoles, tocamos a 1.700 euros por barba entre préstamos a fondo perdido, avales y bendiciones. Eso sin sumar imponderables: lo que Bankia encarece la prima de riesgo y la financiación de la deuda pública, lo que complica a todas las empresas el acceso al crédito, o lo que abarata ese activo del que tanto se habla ahora la “marca España”, ese país que hace no tanto presumía del mejor sistema financiero del mundo civilizado.

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Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo de un país aconfesional llamado España: “Solo en amar a Cristo y hacerle amar, en una vida coherente y cabal, se encuentra la única y verdadera Justicia”. “En cualquier caso, los católicos obedeciendo al Papa nunca nos equivocamos”. “Sólo Dios, el Bien Supremo, es la base inamovible y la condición insustituible de la moralidad”.

Más allá de Dios, del amor a Cristo y del mismísimo Papa, algunas preguntas, hoy más pertinentes que nunca. ¿Qué clase de justicia es aquella que carga fines de semana en hoteles de lujo a cuenta del honrado contribuyente? ¿Qué moralidad permite al presidente del Supremo ejercer la “semana caribeña”: trabajar solo tres días y pasar los cuatro restantes a todo tren con el dinero público en Marbella? ¿En qué estaba pensando Zapatero cuando decidió nombrar a este integrista católico de hoy dudosa ejemplaridad al frente del máximo tribunal español? ¿Es normal que el principal responsable de los jueces españoles publique en la revista de una asociación filofranquista: la Hermandad del Valle de los Caídos? ¿Qué diríamos si un juez defendiera –por comparar– que solo en el amor a Mahoma y en la obediencia al imán de La Meca está la verdadera justicia?