Escolar.net

Cada vez que alguna orquesta en el mundo interpreta “La Revoltosa”, de Ruperto Chapí, hay un autor que cobra. No es el maestro Chapí, que murió hace ya 102 años, ni los creadores del libreto de esta famosa zarzuela: Carlos Fernández Shaw y José López Silva, también muertos. Tampoco sus herederos: esta obra, en teoría, ya está en el dominio público y no debería generar derechos de autor. El “compositor” vivo de La Revoltosa, el único que aún cobra derechos, nació más de medio siglo después de que esta zarzuela se estrenase. Se llama Emilio Casares Rodicio y tiene su despacho en el sótano del palacio de Longoria, en la sede de la SGAE en Madrid.

Emilio Casares es el director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), un centro de investigación público sin ánimo de lucro, participado por la SGAE, que se dedica a reeditar y recuperar viejas obras del patrimonio musical español. En la práctica, el ICCMU tiene el monopolio de gran parte de las partituras de las que se nutren las orquestas y los teatros porque es el único que accede a los archivos de la SGAE. Cada vez que una orquesta quiere interpretar alguna obra clásica española, tiene que pasar por sus partituras, que se alquilan para cada función.

Casares no sólo tiene a su nombre la partitura de La Revoltosa, de Chapí. También aparece como “autor” -según la propia base de datos de la SGAE, que se puede consultar en Internet- de otras zarzuelas del siglo XIX como “Pan y toros”, “Mis dos mujeres” o “Los diamantes de la corona”, compuestas por Francisco Barbieri; o “La viejecita”, de Manuel Fernández Caballero.

Más en Público.

La SGAE acaba de enviar esta carta a todos sus asociados para explicar la “renuncia” de Teddy Bautista.

Querido/a socio/a,

1.- Aceptar la renuncia de D. Eduardo Bautista García, relevándole de todos sus cargos en la Sociedad General de Autores y Editores y entidades filiales, quedando sujeto a las investigaciones en curso.

2.- Asumir, provisionalmente, la Junta Directiva todas las funciones ejecutivas de la entidad.

3.- Delegar en una Comisión rectora la dirección y supervisión de la gestión diaria de la organización hasta la conformación del Consejo de Dirección, designando como Presidente de la misma a un gestor externo e independiente que asuma las máximas funciones ejecutivas previstas en los Estatutos al Presidente del Consejo de Dirección. Tal designación, que ha sido ya acordado por la Junta, se comunicará en los próximos días.

4.- La Comisión Rectora iniciará inmediatamente una investigación interna encomendada a un Académico, externo e imparcial, con las más amplias facultades para examinar cualquier tipo de documentación. Su informe servirá no sólo para depurar las responsabilidades incurridas, sino para proponer un Código de Buen Gobierno que evite las concentraciones de poder. El informe se entregará a la Audiencia Nacional una vez terminado.

5.- Articular iniciativas para la renovación de la SGAE con la misión de examinar la totalidad de sus actividades y consultar con los socios las reformas estatutarias pertinentes para incrementar la democracia y transparencia, tendiendo puentes a todas las candidaturas participantes en el proceso electoral.

6.- Nombrar al Patronato de la Fundación y los órganos de Gobierno de Arteria con plenas facultades para la reforma integral de todas sus actividades. En este Consejo se integrará a miembros de todos los colectivos a fin de ampliar la reflexión a la mayor base social y consensuar un programa que goce del apoyo mayoritario de los socios. Las funciones ejecutivas en Fundación y Arteria las asumirá igualmente la misma persona designada por la Junta.

7.- La Junta Directiva quiere manifestar su agradecimiento a D. Eduardo Bautista y expresar la mayor confianza en su honorabilidad.

Un cordial saludo.

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Y para celebrar que Teddy Bautista deja la SGAE, el Congreso ha votado justo hoy, por unanimidad, la supresión del canon digital.

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Pasada la una y media de la madrugada, la SGAE envió a sus socios un segundo comunicado, algo más completo. Copio y pego:

En Madrid a 12 de julio de 2011

Querido/a socio/a,

Te enviamos las Decisiones de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores:

1.- Aceptar la renuncia de D. Eduardo Bautista García, relevándole de todos sus cargos en la Sociedad General de Autores y Editores y entidades filiales, quedando sujeto a las investigaciones en curso.

2.- Asumir, provisionalmente, la Junta Directiva todas las funciones ejecutivas de la entidad.

3.- Delegar en una Comisión Rectora –integrada por D. Ernesto Caballero, D Álvaro de Torres, D. Imanol Uribe, D. Víctor Manuel San José y D. Tomás Marco- la dirección y supervisión de la gestión diaria de la organización hasta la conformación del Consejo de Dirección, designando como Presidente de la misma a un gestor externo e independiente que asuma las máximas funciones ejecutivas encomendadas en los Estatutos al Presidente del Consejo de Dirección. Tal designación ha sido debatida y aprobada por la Junta y se comunicará en los próximos días.

4.- La Comisión Rectora encomendará inmediatamente una investigación interna encomendada a un jurista de reputado prestigio, externo a la SGAE, con las más amplias facultades para examinar cualquier tipo de documentación. Su informe servirá para depurar las responsabilidades incurridas y para proponer un Código de Buen Gobierno. El informe se entregará a la Audiencia Nacional una vez terminado.

5.- Articular iniciativas para la renovación de la SGAE con la misión de examinar la totalidad de sus actividades y consultar con los socios las reformas estatutarias pertinentes para garantizar la democracia y transparencia, tendiendo puentes a todos los socios y colectivos que quieran participar en el proceso de reforma de la Sociedad de Autores y Editores.

6.- Nombrar al Patronato de la Fundación y los órganos de Gobierno de Arteria con plenas facultades para la reforma integral de todas sus actividades. En este Consejo se integrará a miembros de todos los colectivos a fin de ampliar la reflexión a la mayor base social y consensuar un programa que goce del apoyo mayoritario de los socios. Las funciones ejecutivas en Fundación y Arteria las asumirá igualmente el Presidente de la Comisión Rectora.

7.- La Junta Directiva quiere manifestar su agradecimiento a D. Eduardo Bautista y expresar la mayor confianza en su honorabilidad.

Un cordial saludo.

Habla José Luis Rodríguez Neri, director general de la SDAE, la filial digital de la SGAE, con la sinceridad del que no sabe que la poli está grabando la conversación: “Toda la pasta que [el Ministerio de Industria] ha estado metiendo en la SDAE era una puta mentira”. La puta mentira, según confiesa el propio Neri, nos ha costado al menos dos millones de euros del dinero de todos, además de lo que presuntamente han robado a los autores. ¿Supervisó el Gobierno esas subvenciones millonarias? La mujer de Neri, también imputada, responde en otra de las conversaciones intervenidas: “Entre que son funcionarios, entre que son el Ministerio de Cultura, que son idiotas, entre que están en elecciones, entre que están de vacaciones, pues imagínate”.

El auto de la Audiencia Nacional no deja nada a la imaginación. La SGAE y la SDAE desviaron a la antigua empresa de Neri, Microgénesis, 26,4 millones de euros. ¿En qué se gastó ese dinero? Es difícil de responder.

La SGAE anunció ayer el cese de Neri de la “dirección de sistemas”. Otro comunicado enviado a los socios reduce lo ocurrido a un “comportamiento irregular” en el “área de informática”. Con ese lenguaje, da la impresión de que Neri y sus chicos del “área de informática” se ocupaban de cambiar el tóner de las impresoras y actualizar los antivirus. No es así. La SDAE fue durante doce años la gran apuesta de Teddy Bautista para intentar ganar para los autores el futuro de Internet. Decían que era una inversión estratégica, clave, fundamental. Que todo ese dinero haya dejado un rosario de imputados y de cadáveres digitales, como la carísima web www.portalatino.com o la tienda de música digital www.duendedigital.com –ambas cerradas–, da la medida de esta “puta mentira” descomunal.

Ahora que la Audiencia Nacional ha imputado a Teddy Bautista y al resto de la cúpula de la SGAE por “apropiación indebida”, “delito continuado de estafa de especial gravedad” y “administración fraudulenta”, sorprende que estén siendo las supuestas víctimas de estos posibles delitos quienes estén defendiendo a los presuntos delincuentes. Si se demuestran estas graves acusaciones, serían los socios de la SGAE quienes habrían sido los principales estafados porque la denuncia que puso en marcha la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (ahí es nada) no tiene nada que ver ni con el canon ni con la ley Sinde ni con las mil y una razones que han hecho de la SGAE una organización popularmente odiada.

Pero volvamos a los artistas. ¿Qué lleva a tantos autores a defender una gestión que hoy está en los tribunales, que ha hundido la imagen de la SGAE y que les ha enfrentado de esta manera con sus teóricos clientes, con el resto de los ciudadanos? Pues supongo que hay de todo. La complicidad –muchos de los que hoy defienden a Teddy han sido miembros de su directiva–, la ignorancia, la eficacia recaudatoria… Pero también cierta respuesta de manada, de grupo que se siente atacado. A Teddy le funcionó: cuanto más impopular era en la calle, más adhesiones internas conseguía. Nada une más que el enemigo exterior. La “defensa Bautista” (quien me ataca a mí, ataca a los autores) es calcada a la que fue la defensa de Jordi Pujol en otros años (quien me ataca a mí, ataca a Catalunya).

Hay también entre los autores muchos que hoy están tan escandalizados como los propios ciudadanos. La gran duda es por qué no alzan la voz cuando saben que son ellos los principales perjudicados.

La SGAE acaba de mandar el siguiente correo electrónico a todos sus socios, es la primera explicación oficial desde que se inició la operación saga. Llama especialmente la atención esa mención al “área de informática” para referirse a la SDAE, como si Teddy Bautista fuese el que repone los cartuchos de las impresoras y le hubiesen pillado robando folios. A todo esto. ¿Lo de “sin ningún tipo de medidas preventivas” es compatible con que les hayan quitado el pasaporte?

De: SGAE
Fecha: 3 de julio de 2011 20:39
Asunto: SGAE operativa desde ya
Para: XXXXXX

En Madrid a 3 de julio de 2011

Querido/a socio/a,

Te informamos para tu tranquilidad que mañana lunes, 4 de julio, la entidad estará plenamente operativa y ofrecerá todos sus servicios con normalidad y plenas garantías.

Queremos que sepas que la Sociedad está prestando su máxima colaboración a la Administración de Justicia para el absoluto esclarecimiento de la verdad.

Si tuviéramos conocimiento de que en el área de Informática se han producido comportamientos irregulares que han ocasionado daños y perjuicios a la entidad, nos personaremos en el proceso y reclamaremos su completa reparación.

Mostramos la solidaridad con las familias y los directores que han sido puestos en libertad sin ningún tipo de medidas preventivas, ni fianza, y cuya presunción de inocencia es incuestionable.

Un cordial saludo

Juan Nebreda
Director de Socios y Clientes

Repasando viejos papeles, me he encontrado con una carta que me envió el departamento de prensa de la SGAE a Público, donde entonces trabajaba como director. Fue unas semanas después de que dedicásemos la portada al tinglado de la SGAE: una información de Ana Tudela Flores en la que después se basó la Asociación de Internautas para presentar la denuncia que ayer provocó la detención de la cúpula de esta organización.

Vista con cuatro años de perspectiva, la carta tiene mucho interés por varias razones: por cómo la propia SGAE reconoce la supervisión del Ministerio de Cultura (algo que hoy la propia ministra prefiere olvidar); por cómo nos criticaban las “inexactitudes” de la información, pero no detallaban ni una sola coma que fuese inexacta; o cómo gente a la que respeto muchísimo -como Luis García Berlanga– se prestaban para avalar con su firma una gestión que ha acabado en un juzgado de la Audiencia Nacional. Aquí va la carta.

Lunes, 19 de noviembre de 2007

En relación con la información aparecida en ese diario el pasado jueves 23 de octubre, con el título genérico “El tinglado de la SGAE”, y en el que se vierten acusaciones e informaciones totalmente inexactas, le ruego traslade a sus lectores las siguientes consideraciones:

Primero, las obligaciones que han de cumplir las entidades de gestión, entre ellas la SGAE, y las amplias facultades de supervisión y control del Ministerio de Cultura sobre sus actividades tienen reconocimiento legal expreso desde la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Por lo tanto es absolutamente falso que nuestras cuentas permanezcan en la penumbra.

Segundo, el reparto de los ingresos a nuestros socios se efectúa de acuerdo con las normas de reparto aprobadas por sus órganos rectores, y obedecen al principio de que la remuneración a los socios sea paralela al uso que se hace de sus obras, siguiendo el clásico principio del derecho de autor, según el cual, el autor sigue la suerte de su obra. La mejor comprobación de la confianza de los autores en la gestión de los derechos que la SGAE realiza se deriva, como es fácil de comprobar, del número de nuestro asociados, y de la fidelidad de los mismos, que han hecho que la SGAE sea una institución con 107 años de vida y una de las entidades de derechos más importantes y prestigiadas del mundo. Distribuimos de acuerdo con nuestras normas estatutarias aprobadas por el Ministerio de Cultura.

¿Por qué no se menciona jamás la intensa labor de ayuda que realiza la Fundación Autor con los creadores que se hallan en una situación precaria?¿Por qué no se airean nuestras numerosas aportaciones en el área de la Cultura? ¿Qué pacto silencioso existe? Sólo a la ignorancia o la mala fe se pueden achacar tales olvidos.

La SGAE, en observancia de los fines que la Ley de Propiedad Intelectual le ha encomendado y que se extienden a las labores de asistencia, formación y promoción de sus socios, es libre para adoptar cuantas decisiones considere adecuadas para el cumplimiento de los mismos. La creación de formulas organizativas más eficaces y funcionales están enmarcadas siempre en la estructura legal de la SGAE como entidad de gestión y en la Fundacion Autor como responsable de las tareas antes descritas. Los beneficios de explotación de los recurosos propios de la SGAE revierten siempre y totalmente en la propia entidad, que los incorpora como nuevos recursos para el cumplimiento de sus fines.

Por último, recordar una vez más que la Socidad General de Autores y Editores no cobra impuestos. Recauda los salarios de los creadores y los reparte entre los que con su esfuerzo y su trabajo ayudan a sostener el nivel cultural de nuestro país. Toda la gestión económica de la SGAE esta sometida, junto a la aprobación del Ministerio de Cultura, a una auditoria externa y a la certificación de la misma incluida en las Memorias de Gestión de la SGAE, plenamente accesible al público. No hay madeja que desentrañar, no hay opacidad, todo es agua clara.

Le ruego que para un conocimiento más exacto de sus lectores, procedan a la publicación de la misma.

Santiago Moncada, Ex consejero de la SGAE y presidente de la Fundación Autor, Luis García Berlanga, consejero de honor de la SGAE, Jaime Salom, consejero de honor de la SGAE, y Pablo Herrero, ex consejero de la SGAE.

A las 10:41 de la mañana, minutos antes de que la Guardia Civil entrase en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores para registrar sus archivos y detener a su cúpula, la SGAE difundió a través de Twitter un comunicado negando que Anticorrupción estuviese investigando sus cuentas. La nota terminaba así: “Ante esta campaña difamatoria, la SGAE realizará las acciones judiciales oportunas en defensa de su imagen, reclamando los oportunos daños y perjuicios”.

La amenaza, tal vez la última, es casi un epitafio del reinado de Eduardo Bautista al frente de esta entidad. Independientemente de cómo acabe este caso judicial, Teddy ya ha pasado a la historia como el hombre que hizo de la SGAE un organismo más impopular entre los españoles que el virus del herpes labial. Sus detectives en las bodas, sus demandas contra Fuenteovejuna, contra las peluquerias o contra un festival de niños discapacitados, sus reiterados insultos a esos que él llama “internautas” (antes conocidos como clientes) o su ilegal canon digital son algunos ejemplos de esa política de relaciones públicas matonil.

Público también sufrió la amenaza intimidatoria de los temidos abogados de la SGAE. Nos demandaron para intentar callarnos después de una portada, en octubre de 2007, sobre “el tinglado de la SGAE”. Meses después, la retiraron porque no tenían con qué seguir. Precisamente aquella investigación de la periodista Ana Tudela Flores fue la semilla de la que nació este proceso judicial.

Hoy hay que leer esta noticia que destapó Ana Tudela Flores en Público hace ya casi cuatro años, en octubre de 2007. SGAE: la punta del iceberg de un entramado societario. Aquella información y esta portada fue el origen de la denuncia contra la SGAE de la que nace esta investigación judicial.

La exclusiva nos costó una demanda por parte de la SGAE. Entre otras cosas, nos acusaban de promover una campaña contra esta entidad de gestión. No llegamos a juicio. Meses después, la SGAE retiró la demanda.

“La SGAE existe desde hace más de cien años, cuando no existía todavía el ministerio, que ni favorece ni deja de favorecer a la SGAE (…) todas las entidades de gestión actúan en España conforme a las leyes”.

20 de enero de 2010. Ángeles González Sinde, ministra de Cultura, defiende a la SGAE tras el durísimo informe de la Comisión Nacional de Competencia en la que acusaba a esta entidad de gestión de prácticas monopolísticas.

Hoy conviene recordar esta carta que Teddy Bautista publicó hace dos años en el diario ABC defendiendo la “inocencia” de Camps para reivindicar el propio honor de la SGAE. Tal vez ahora Teddy, que acaba de ganar las elecciones, se acogerá a la doctrina Camps para argumentar que ha sido absuelto por las urnas. Al hilo de lo que está pasando en estos momentos, mientras la Guardia Civil registra la sede de la SGAE por orden de la Audiencia Nacional, la carta de Teddy se convierte en una perfecta definición de hipocresía.

Los juicios paralelos y la SGAE
Leí con atención y guardé con admiración una Tercera de su periódico firmada por el insigne Manuel Jiménez de Parga bajo el título «Los nefastos juicios paralelos», del pasado 4 de agosto. El talento y el talante jurídico-literario de D. Manuel son de sobra conocidos y la lucidez del artículo de referencia me produjo una honda reflexión y la satisfacción de sentirme identificado con el pensamiento y el texto del ilustre constitucionalista. Pero además celebré la tercera de ABC porque argumentaba impecablemente a favor de la presunción de inocencia, pilar fundamental del Estado de Derecho y valor esencial de cohesión social y ciudadanía. A título personal, defendí la inocencia del president Camps ante tirios y troyanos basándome precisamente en la independencia de la Justicia y en mi experiencia personal de transparencia y profesionalidad en los tratos con la Generalitat de Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad con motivo de la puesta en marcha del proyecto Berklee-Valencia, de ahí que sintiera una íntima satisfacción con la desestimación del caso.

Con la misma objetividad y sin abandonar el tono cordial, lamento profundamente que en su periódico y durante el mismo mes de agosto la SGAE haya sido objeto de un tratamiento informativo lejos de los principios deontológicos de la función periodística y, particularmente, la confusión entre información y opinión o la contrastación de la información antes de ser publicada.

El fundador de esta sociedad, hace 110 años justo en estos días, Sinesio Delgado, fue, ante todo, un periodista, y, además, asiduo en las páginas de su periódico, junto a otros contemporáneos que organizaron la defensa de los Derechos de Autor como Vital Aza, Jacinto Benavente, Benito Pérez Galdos, Ruperto Chapí, Federico Chueca o Amadeo Vives. Es decir, ningún otro periódico, salvo quizás El Imparcial, hizo tanto por la defensa de la propiedad intelectual en los momentos difíciles de su nacimiento en España como el ABC y Blanco y Negro. ¿De dónde viene entonces esa actitud de ataque permanente a una labor que se sostiene íntegramente en la Ley de Propiedad Intelectual y que tutelan los gobiernos como en todas partes del mundo occidental?

Hemos sido auditados, inspeccionados, analizados y encausados por todas las instituciones que velan por la transparencia y el respeto a las normas democráticas del juego, sin que se haya encontrado en nuestra práctica ningún elemento de opacidad o trampa. Por último, ¿porqué no se preguntan los periodistas y los políticos qué pasa con Goldoni en Italia, con Shakespeare en Inglaterra, con Goethe en Alemania o con Moli_re en Francia? ¿No saben que los mas grandes literatos y dramaturgos han adaptado la Pléyade Clásica? ¿Que los nombres mas ilustres de las Reales Academias han ejercido habitualmente la labor de rescate y adaptación de las obras de dominio público?

Eduardo Bautista
Boadilla del Monte (Madrid)

El diario ABC fue el primero que publicó, este miércoles, que la Audiencia Nacional tenía en marcha una investigación contra la SGAE. Ahora que la noticia está más que confirmada, conviene repasar la respuesta que dio el gabinete de prensa del SGAE ante esa información. Se resume en dos puntos, los de siempre en esa casa: negar la mayor y amenazar con los abogados.

Sobre la información aparecida en ABC
29 de junio de 2011

Ante la noticia aparecida en algún medio de comunicación en el día de hoy, desde esta entidad queremos expresar nuestra sorpresa e indignación por la publicación de una información sobre una supuesta investigación judicial a su sociedad filial sDae (Sociedad Digital de Autores y Editores), de la que no tenemos conocimiento y sobre la que no hemos recibido notificación alguna ni de la Audiencia Nacional ni de ningún otro Juzgado. De hecho, puestos en contacto con el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que se alude en la noticia, se nos confirma que no existe en él, ningún expediente vinculado a la sDae o a la propia SGAE.

Que algunos medios se hagan eco, dos días antes de un proceso electoral interno, de la existencia de supuestas “pesquisas” oficiales, sin que exista comunicación judicial al respecto, incide en una práctica periodística que debe ser denunciada por el daño que provoca a la imagen de la Sociedad de Autores y frente a la que se reaccionará desde esta organización con los medios legales que reconoce nuestro Ordenamiento Jurídico.

Al día siguiente, ABC publicó una segunda información dando más detalles (y corrigiendo un leve error del primer día). Así respondió la SGAE desde su gabinete de prensa.

Audiencia Nacional no sigue actuación frente a SGAE
30 de junio de 2011

Ante las informaciones que vinculan a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con una supuesta denuncia de la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional, a raíz de una demanda presentada en noviembre de 2007 por la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), esta entidad de gestión de derechos de autor quiere destacar que ninguno de los juzgados de la Audiencia Nacional ha seguido actuación alguna ni frente a la SGAE ni frente a sus filiales, circunstancia que debe atribuirse ciertamente a la falta absoluta de consistencia de aquella denuncia de hace cuatro años, que algún medio de comunicación ha querido recuperar ahora con el único fin de desprestigiar a la Sociedad de Autores.

La SGAE, cuya actuación se ajusta rigurosamente y en todo momento al cumplimiento de la legalidad vigente en materia de Propiedad Intelectual, quiere recordar asimismo que el Ministerio Fiscal, de acuerdo con sus estatutos orgánicos, dispone de un plazo de seis meses para examinar las denuncias que correspondan a su investigación, periodo de tiempo ampliamente superado en este caso.

Ante esta campaña difamatoria, la SGAE realizará las acciones judiciales oportunas en defensa de su imagen, reclamando los oportunos daños y perjuicios.

Tal día como hoy, hace justo diez años, publiqué este artículo en Baquia.com. He actualizado los enlaces, la mayoría habían dejado de funcionar.

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17-01-2001.

Soy un músico con suerte. Mi grupo ha vendido, por los pelos, más de 10.000 copias de su primer LP. En un mundo en el que Enrique Iglesias coloca seis millones de CDs cantando así, esta modesta cifra tampoco es para tirar cohetes. Pero si me aplicase tanto como futbolista, jugaría en primera división y, si me dedicase a la medicina con tanto éxito, sería neurocirujano. Durante un par de semanas del mes de abril de 2000, uno de nuestros singles se coló en el número diecisiete de las listas de ventas en España; el número tres, si se contaba únicamente a los artistas nacionales. Cada año salen 32.000 discos nuevos al mercado en todo el mundo y sólo 250 convencen a más de 10.000 compradores. Apenas el 0,7% de los músicos que han presentado disco el año pasado (la gran mayoría no llega siquiera a grabar) es más afortunado que yo.

Sigue leyendo “Por favor, ¡pirateen mis canciones!”

Según los autores, millones de euros. Según sus defensores, lo justo para pagar el ancho de banda. ¿El dato real? Es una incógnita. Pero podemos hacer algunos cálculos.

Mi caso de estudio: la famosísima seriesyonkis.com. Según las mediciones de Alexa, es una de las 20 páginas más vistas de España, por encima de la del diario As, por debajo de elpais.com y elmundo.es. Por lo que sé de las audiencias de estos tres diarios, viendo su posición en el ranking de Alexa, seriesyonkis.com rondará los nueve millones de usuarios únicos al mes, que se dice pronto.

Sin embargo, esta publicidad no se vende tan cara como la de otras páginas. Con esa audiencia, un medio de comunicación facturaría varios millones de euros al año, pero no creo que éste sea el caso. No todas las marcas quieren anunciarse en este tipo de webs, así que acaban vendiendo la publicidad al peso, a precios muchísimo más baratos.

El webmaster de la web erótica Greenshines.com (no es seguro abrir esta página desde el trabajo) ha desvelado a través de su cuenta de Twitter varios correos en los que se pueden ver algunas de las tarifas de una web de enlaces a descargas con nueve millones de usuarios. Por un pop-up, cobran 6.000 euros al mes. Según otro correo el CPM (coste por mil impresiones) de un pop-up está a 0,7 euros, aunque lo han llegado a cobrar 2 euros y no les faltan ofertas. Obviamente, en una web cabe más de un anuncio, así que la facturación mensual es una cifra bastante mayor a esos seis mil euros. ¿Millones de euros? No creo que tanto. ¿Cientos de miles? Sin duda. Evidentemente las descargas, para algunos, son un excelente negocio.

¿Y quién está detrás de una página de enlaces a descargas como seriesyonkis.com? Esta tarde, como he ido radiando en mi cuenta de Twitter, he empleado un ratito en contestarme esta pregunta con consecuencias muy llamativas. A través del aviso legal de la web he descubierto a la empresa que está detrás: se llama Burn Media S.L. y también gestiona otras webs: peliculasyonkis.com, videosyonkis.com y juegosyonkis.com. Dos de los cofundadores de Burn Media son dos jovencísimos estudiantes de informática: Jordi Tamargo y David Martínez. Ambos socios también son accionistas de Virtual Box Group, una empresa de ocio y entretenimiento con otras tantas webs.

Jordi Tamargo y David Martínez tienen cuenta en Twitter (Jordi – David). O mejor dicho: tenían. A los pocos minutos de que desvelase su nombre en Twitter, han protegido sus cuentas.

Ya lo dije en mi columna del viernes: lucrarse a costa del trabajo ajeno a través de una web de descargas o de enlaces a descargas no es justo, aunque sea legal. Pero una enorme parte de la responsabilidad de que existan páginas como ésta la tiene la torpe industria del copyright, que no ofrece en España alternativas en Internet que permitan recompensar a los creadores de esas obras. En Estados Unidos, entre las 20 webs más vistas, no aparece nada parecido a Seriesyonkis, pero sí está Netflix. No es un negociete de dos estudiantes, es una empresa que cotiza en el Nasdaq. Ofrece un servicio de alquiler de DVDs que te mandan a casa y también un enorme catálogo de películas online a la carta por streaming a cambio de un abono mensual bastante asequible: sólo 7,99 dólares al mes.

En España, a falta de una oferta mejor, hay quien paga diez euros al mes… a Megavideo.

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Actualización 12:55

Parece que la propiedad y gestión de Seriesyonkis.com es un asunto un poco más complejo de lo que aparentaba en un primer momento. Según su aviso legal, la web la lleva ahora Burn Media S.L., pero no siempre ha sido así por una razón obvia: según el registro mercantil, Burn Media fue fundada hace un año, y la web lleva activa desde 2007. ¿Quién la creó entonces? Buceando un poquito más en Google, me he encontrado con otra empresa: Pousen S.L., con domicilio social en Murcia cuyo administrador único es Alberto García Sola.

Hace un año, García Sola contestó a una entrevista en El Economista donde se presenta como “director ejecutivo de Seriesyonkis”.

En la nueva empresa que gestiona seriesyonkis, Burn Media S.L., García Sola ya no aparece. En su lugar, como administrador único, hay un nombre nuevo: Alexis Hoepfner. Hoefner también tenía una cuenta en Twitter aunque la ha borrado. En la caché de Google aún se puede ver que sus dos únicos contactos son los ya presentados Jordi Tamargo y David Martínez, que en Linkedin se identifican como cofundadores de Burn Media.

En cuanto a las tarifas, una fuente que prefiere mantenerse anónima me asegura que hace un año y medio en Series Yonkis sólo había dos banners por los que cobraban 300 euros al día. En total, en aquel momento: 18.000 euros de ingresos brutos mensuales. Y eso que ya entonces se trataba de la web de enlaces a descargas más visitada de España.

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Actualización 19:09

Se ha puesto en contacto conmigo Alberto García Sola. Me explica que él y su empresa estuvieron a cargo de Series Yonkis, pero que ya no tiene relación con la web. También me asegura que los ingresos por publicidad que tenía la página cuando él se hacía cargo de ella es inferior a estos cálculos, aunque no da detalles exactos de cuánto.

“Facturábamos bastante menos que otras páginas de enlaces con muchas menos visitas”, explica Alberto. “Apenas poníamos publicidad”. García Sola dice no haberse “forrado”: “Llevo mucho tiempo en Internet, y si me metí en esto no es porque fuese un negocio”. “Ahora trabajo de becario, aunque he visto de todo, también algunos que se han podido comprar un Ferrari con estas páginas”.

…

Tras la conversación con Alberto García Solá, he decidido eliminar del post los enlaces a los blogs personales de los actuales responsables de Series Yonkis. Es una información que estaba publicada en abierto en Internet, pero que tampoco aporta gran cosa a este debate.

El argumento se repite sin cesar en tertulias y diarios, pero a juzgar por las propias estadísticas que elaboran los interesados, es un dato falso. Según la BSA (Business Software Alliance, el lobby antipiratería de las empresas de software) España dista muchísimo de los puestos de cabeza mundiales en lo que se refiere a piratería informática. Concretamente, estamos en la posición 79, por debajo de varios países europeos.

En cuando a la piratería musical o cinematográfica, no hay un ranking tan claro, pero seguimos estando muy lejos de ser uno de los países más piratas del planeta. Según los estudios de la International Intellectual Property Alliance (IIPA, otro lobby antipiratería), las tasas de piratería audiovisual en España están en el 20%, no en ese 95% que dice el enloquecido informe que paga Promusicae.

¿Significa esto que en España no hay piratería? Es evidente que no para cualquiera que sepa usar un ratón. ¿Significa que no hay un problema con la propiedad intelectual? Tampoco; sin duda, lo hay. Pero no es cierto que el caso español sea una gran anormalidad tercermundista. Es un problema global.

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Por cierto, que no es la primera vez que nos cuelan estas estadísticas estropeadas.

Lo peor de la ley antidescargas no es que sea una norma impuesta bajo amenaza por EEUU ni tampoco que se utilice un procedimiento exprés para aprobarla en el Congreso. ¡Como si no tuviésemos ya suficientes evidencias sobre el nuevo significado de la palabra “soberanía”! Ni siquiera es lo más grave esa puerta de atrás que se abre en la Justicia y que permitiría a un Berlusconi español cerrar webs por la vía rápida. Lo más estúpido de esta desacertada ley es que, además, no servirá de nada.

Tumbar esas doscientas páginas de enlaces a las que la industria cultural culpa de la piratería en España sólo valdrá para que nazcan otras alternativas, y esto no es una opinión: es un dato refrendado por diez años de victorias legales y judiciales hasta la derrota final. En una palabra: Napster. O Audiogalaxy. O Kazaa. O Emule. O ahora Megavideo. En una eterna pelea del ratón y el gato, cada vez que la industria cultural bloquea en los juzgados o en los parlamentos una tecnología de descargas, nace otra, aún más difícil de frenar.

¿Cómo acabar con la piratería? Muy fácil: ofreciendo alternativas en Internet legales y fáciles de usar a precios razonables, como lo está logrando Spotify con la música. ¿Es razonable que sea más lento y complicado comprar legalmente un ebook que piratearlo? Tampoco lo es querer cobrar en Internet el mismo precio que se pagaba antes, cuando –además de la canción, la película o el libro– había que costear la producción del soporte físico y la carísima distribución de ese objeto por tienda y por camión. La ley antidescargas es un esfuerzo inútil que provocará algo peor que la melancolía. Sólo sirve para otra cosa más: para dar falsas esperanzas a una industria moribunda que se niega a tomar su medicina, que resiste a cambiar.