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La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo milagro, que disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.

La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque hay, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los cubre el Estado.

Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad. Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla en su programa electoral. Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero. Que la Iglesia esté exenta de pagar algunos impuestos, un privilegio medieval, nos cuesta 3.000 millones de euros al año, según Europa Laica. Es una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy.

1. La cifra no es mala: es peor. Un 8,51% de déficit en 2011 implica ajustar 41.000 millones de euros para cumplir este año con Bruselas. Es un tijeretazo del 4,1% del PIB, en plena recesión. Ningún país Europeo –ni siquiera Grecia– se ha enfrentado en las últimas décadas a un recorte tan agresivo como el que nos van a recetar.

2. De esta enorme cifra, el Gobierno de Rajoy solo ha concretado 15.000 millones de euros: 6.200 con la subida del IRPF y otros 8.900 del recorte anunciado a finales de diciembre. Queda por explicar de dónde van a salir los otros 26.000 millones que faltan. Por comparar, el ajuste que aprobó Zapatero en mayo de 2010 fue de solo 10.000 millones anuales (5.000 en el segundo semestre de 2010 y 10.000 en 2011): una cuarta parte que el que tendrá que afrontar Rajoy en este año.

3. El Gobierno aún confía en que la UE relaje el calendario y permita un aterrizaje del déficit más suave que el pactado en un momento en el que no estaba en el horizonte una segunda recesión. La negociación sigue aún abierta y un dato tan malo como el anunciado ayer puede ayudar a Rajoy para presionar. Aun así, Merkel parece poco dispuesta a ceder más allá de un punto y medio en el mejor de los casos: como máximo hasta el 6%, en vez del pactado 4,4%. Eso supondría un alivio de hasta 16.000 millones sobre los 41.000 de partida. Sería un respiro importante pero seguiría siendo un ajuste brutal. Además, Merkel tiene que querer, y hay quien cree que, antes de eso, preferiría una intervención del FMI.

4. ¿Quién no ha cumplido con el déficit? Como se esperaba, dos tercios de la desviación corresponde a las autonomías: 16.400 millones. Sobre el presupuesto previsto, el Gobierno ha gastado 3.000 millones más y los ayuntamientos 800 millones. La Seguridad Social se ha desviado en 5.000 millones.

5. Las autonomías apenas han afrontado ajuste alguno sobre el compromiso previsto. El déficit del gobierno central fue el 9,4% en 2009, el 5,72% en 2010 y el 5,10% en 2011. Las autonomías, mientras tanto, tuvieron un 2% en 2009 y un idéntico 2,94% en 2010 y 2011. Traducido: el Gobierno central redujo su gasto a mayor velocidad de la que menguaban sus ingresos. La mayor parte de las autonomías no lo ha hecho. No es fácil ese ajuste: su principal gasto es en educación y en sanidad. Y uno de los principales recortes que han hecho fue una impopular medida cuyo coste político pagó Zapatero: la rebaja al sueldo de los funcionarios.

6. ¿Están hinchadas estas cifras? En Reuters se ratifican en la información que contaron hace unos días: altos funcionarios de la Comisión Europea sospechan que sí, que es una estrategia para suavizar los recortes de este año. Falta un análisis detallado, pero el Gobierno debería explicar con claridad cómo es posible que las autonomías, que en el tercer trimestre de 2011 cumplían con el objetivo del año, se hayan desviado 16.400 millones en solo tres meses. Lo mismo sucede en el Gobierno central, donde aparecen 3.000 millones inesperados en apenas un mes. El 8,51% del déficit oficial coincide con los pronósticos de los que hablaban varios ministros del PP desde octubre del año pasado. Antes de las elecciones del 20-N, vaticinaban un 8,4% mientras la UE calculaba solo un 6,6%.

7. ¿Y el detalle del nuevo tijeretazo? Ya hay fecha para los Presupuestos: el 30 de marzo de 2012, justo cinco días después de las elecciones andaluzas y asturianas, en el último Consejo de Ministros posible para cumplir con los plazos, en el primero después de que los ciudadanos hayan terminado de votar. Ya es casualidad.

La reportera de investigación Alicia Gutiérrez –la periodista que más y mejores noticias ha publicado sobre la trama Noos– se enteró de que Público cerraba poco después de aterrizar en Palma de Mallorca para informar sobre la declaración ante el juzgado de Iñaki Urdangarin. La corresponsal en Valencia, Belén Toledo, supo que su diario no volvería al kiosco mientras cubría las movilizaciones de los estudiantes del Lluís Vives. Al redactor jefe de Mundo, Carlos Enrique Bayo, la mala noticia le alcanzó cuando preparaba un reportaje especial, una gran exclusiva mundial, con la última filtración desvelada por Wikileaks, que ha escogido a Público como su diario de referencia para España; hoy lo podrán leer en la web, pero ya no en el papel.

Todos estos periodistas, y un centenar más, estaban trabajando sin cobrar sus últimas nóminas. El cierre de la edición impresa no les pilló a ninguno de ellos por sorpresa. Con los enfermos terminales se suele utilizar un eufemismo que también se usó durante las últimas semanas con Público: un futuro incierto. No es verdad en este caso: muchos sabíamos con certeza desde hace algunos días que no aguantaríamos demasiadas ediciones más en el kiosco. A pesar de ello, mis compañeros en esa redacción siguieron trabajando hasta el último día. Tampoco nos rendimos los colaboradores y columnistas, era lo mínimo. Algunos seguirán en Público.es, no se sabe cuántos ni por cuánto tiempo; la empresa pende de un concurso de acreedores.

Hoy sólo tengo dos certezas: que está columna continuará abierta en Escolar.net como cada día, de lunes a viernes a las 6:06 de la mañana. Y que, desde que existe Internet, sólo pierden su voz aquellos que se resignan a estar callados.

Continuará.

Público difunde hoy la última gran exclusiva de Wikileaks. Los voluntarios de la organización fundada por Julian Assange han obtenido millones de correos electrónicos de la Stratfor Global Intelligence, la llamada CIA en la sombra: una compañía privada que elabora informes de inteligencia para los gobiernos, servicios de espionaje y grandes multinacionales de medio mundo. Junto a Público, que participa como único medio español, han tenido acceso a esta nueva filtración de Wikileaks otros 20 diarios progresistas de todo el mundo.

Como demuestra la información obtenida por Wikileaks, Stratfor es un canal de doble sentido: no sólo alimenta a los servicios secretos con sus informes sino que también se nutre de ellos. En los próximas días, Público contará la información más relevante contenida en estos mails y documentos: un material que, al igual que ocurrió con el cablegate, será molesto, incómodo y, por lo tanto, ninguneado y menospreciado por algunos que sólo verán en él “lo que ya sabíamos”. También volverá otra vez el debate sobre la privacidad y la información: si es legítimo difundir lo que sucede en las tripas del poder.

De la importancia de Wikileaks, de su transcendencia, da la medida el tamaño de sus enemigos. No es sólo la CIA. No es sólo el Pentágono, ni el Departamento de Estado, ni los aliados de Washington ni las agencias de inteligencia de medio mundo. Tras la publicación de los cables diplomáticos de EEUU, Wikileaks sufrió un bloqueo bancario extrajudicial, un boicot financiero internacional, que ha intentado silenciarla, estrangulando su financiación. El bloqueo ha funcionado bastante bien: Wikileaks ha perdido el 95% de sus ingresos, que dependían casi en exclusiva de las donaciones. Su imagen también se ha deteriorado en este último año, víctima de una campaña de desprestigio y de algunos excesos de su fundador. Pero ni siquiera así han conseguido detener el funcionamiento de esta organización de voluntarios, que sigue viva, a pesar de las permanentes zancadillas que, cada tanto, la dan por muerta y enterrada.

Dice José Luis Feito, portavoz de la CEOE, que “probablemente en el 80% de los casos”, los parados rechazan ofertas de trabajo por no moverse de “un barrio a otro de su ciudad”. ¿Su fuente? “Probablemente”. Ya que Feito parece interesado en la estadística socio-laboral, le paso algunos porcentajes. Los míos son de verdad.

El paro en España es del 22,85% y hasta la autonomía con menos desempleo –País Vasco, 12,61%– supera la media de la UE. El puesto de trabajo en España que se queda vacante porque no se encuentra a un parado que se quiera mudar hasta allí es un animal mitológico, como el unicornio o el Yeti: aún está por ver.

Los españoles se mueven: a Alemania, a Francia, a Reino Unido y hasta Laponia si es necesario. Una encuesta de Randstad asegura que el 60% estaría dispuesto a emigrar para encontrar trabajo. Muchos lo hacen. Según el INE, el porcentaje de españoles que emigran ha subido un 25%; el 2011 fue el primer año del siglo XXI en que salieron más personas de España (507.740) de las que entraron (417.523).

El problema español no es la movilidad laboral sino el paro y la exclusión social. El 22% de los españoles está ya bajo el umbral de la pobreza (viven con menos de 7.800 euros anuales), según el último informe Cáritas. 580.000 familias han perdido todos los subsidios, además del trabajo.

España es ya el país con mayor brecha social entre ricos y pobres de toda la UE, según Caritas. También somos de los pocos países europeos donde los empresarios –a pesar de ser muchos menos– superan en renta a todos los asalariados juntos. A principios de los años 80, los salarios sumaban en España el 53% del PIB. El año pasado, según el INE, lograron un nuevo mínimo histórico: 46%. Este año caerán aún más.

La prensa conservadora ha encontrado la prueba del nueve de la manipulación política en las protestas estudiantiles en Valencia. Aseguran -ya lo habrán leído por ahí– que el dominio primaveravalenciana.com fue registrado “dos días antes” de que empezasen las protestas. ¿Cómo se puede mentir tanto con algo tan sencillo de comprobar?

Los datos: el dominio en cuestión fue registrado el 18 de febrero, sábado, y alojado dentro de los servidores del partido Compromis, que nunca ha ocultado su apoyo a estos manifestantes. No es ningún delito.

Y las protestas, ¿cuándo comenzaron? Tal vez para la prensa conservadora la cosa arrancó este lunes, que es cuando han empezado a dar cobertura a las movilizaciones valencianas. Pero las primeras cargas policiales y los primeros detenidos entre los chavales del Lluís Vives son del miércoles 15 y jueves 16 de febrero: tres días antes de que se registrase la web.

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Más mentiras: aseguran que el Lluís Vives tiene calefacción. Y es verdad, los manifestantes nunca han dicho lo contrario. Pero ocultan que hay otros centros educativos valencianos que ya no tienen dinero ni para la calefacción, y que decenas de colegios llevan meses sin cobrar de la arruinada Generalitat Valenciana, que ha bloqueado los pagos. Las protestas tampoco son DEL Lluís Vives: son EN el Lluís Vives, que es uno de los institutos más céntricos y emblemáticos de la ciudad; por eso lo escogieron los líderes estudiantiles como lugar para manifestarse contra el deterioro de la educacion en la comunidad.

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Más información sobre primaveravalenciana.com y el origen del nombre del dominio.

1. El decálogo del ministro Luis de Guindos para proteger a los ciudadanos que se enfrentan a un desahucio es tímido, insuficiente, voluntarista y no acabará con el abismo de exclusión social que afrontan miles de familias en España. Pese a todo, no hay que despreciarlo: es más de lo que hizo la exvicepresidenta Elena Salgado, que se ve sobrepasada por la izquierda por un Gobierno que no es precisamente el más progresista de la historia de España. No es la primera vez que ocurre: sucedió lo mismo con la limitación a los sueldos en las cajas intervenidas, que Salgado y Zapatero no se atrevieron a aprobar por ley, contra lo que pedía gran parte de su propio partido.

2. Que el plan sea voluntario para los bancos no implica que se vaya a convertir en un simple canto al sol, fiado a la bondad de los banqueros, esos reconocidos filántropos. Consciente de su nefasta imagen en estos años, la banca necesita hacer algunos gestos ante los ciudadanos. Además, habrá bonificaciones fiscales y todo apunta a que el Gobierno está pactando bajo la mesa un plan global con el sector financiero, con otras contrapartidas a cambio de suavizar algunos abusos en los desahucios.

3. Sólo si la banca acepta aplicar el código de buenas prácticas y sólo en los casos más extremos –familias con una única vivienda y con todos sus miembros en el paro– se aceptará la dación en pago. Es demasiado poco. ¿Por qué con la banca se invita educadamente a las buenas prácticas mientras que con los trabajadores se legisla duramente y por decreto?

4. Quienes siempre ningunean el 15-M suelen olvidar algo: el debate y las medidas sobre los desahucios no habrían existido nunca sin este movimiento, que convirtió este drama nacional en algo prioritario.

Tras la desproporcionada violencia policial en Valencia, el presidente del Gobierno pide “mesura y sentido común”. “Este tipo de cosas no se van a repetir”, añade Mariano Rajoy. Depende de él. En su mano está ejercer la mitad de la mitad de la mano dura que han sufrido los estudiantes y castigar con ejemplaridad a los policías que se extralimitaron con “el enemigo”. Me temo que tal cosa no sucederá.

El viernes pasado, el Gobierno de Rajoy dejó clara cuál es su postura ante los abusos policiales: firmó un indulto para cinco mossos de escuadra condenados en firme por el Tribunal Supremo por torturas, lesiones, maltrato y detención ilegal. Según la sentencia, los mossos propinaron una paliza “con reiterados golpes y puñetazos” a un ciudadano falsamente acusado de un robo. Le pisaron la cabeza contra el asfalto. Le introdujeron el cañón de una pistola en la boca. Le dijeron: “Si la juez te suelta, te podemos matar; no serás el primero”. Fueron condenados a cárcel e inhabilitados, pero ni una cosa ni la otra sucederá. El indulto no sólo implica que se libren de la cárcel: también volverán a vestir el uniforme.

El perdón para los abusos policiales ni siquiera es una política nueva: el Gobierno de Zapatero también indultó, en septiembre de 2011, a otros tres mossos condenados a cárcel por dar una paliza a un hombre en la comisaría de Les Corts.

También está en manos del Gobierno obligar a los policías a mostrar visible su número de identificación en el uniforme. ¿Se acuerdan del violento desalojo de la acampada del 15-M en Barcelona? Un juez investiga esos abusos, sin éxito: pidió a la Generalitat que identificase a varios agentes. La Consejería de Interior respondió hace unas semanas: no sabe quiénes son.

En julio de este año, México votará un nuevo presidente y hay tres nombres con posibilidades. El candidato de la izquierda, del PRD, Andres Manuel López Obrador, que vuelve a intentarlo tras perder por la mínima –y con sospechas de fraude– en las anteriores presidenciales. La candidata de la derecha, Josefina Vázquez Mota, que se presenta por el PAN, el actual partido en el Gobierno. Y Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, el histórico partido de México que lleva ya doce años en la oposición tras décadas ininterrumpidas en el poder.

Casi todas las encuestas estaban dando al candidato del PRI, Peña Nieto, como gran favorito, seguido de Josefina Vázquez. La imagen del PAN ha quedado muy tocada por la sangrienta guerra contra el narcotráfico, que ha disparado la violencia en el país. Sin embargo, una última encuesta publicada en SDP Noticias asegura que López Obrador está ya en segundo lugar, empatado con la candidata del PAN, aunque aún muy lejos del PRI.

Otro vídeo de ayer en Valencia: la Policía carga contra unos estudiantes. ¿Estaban cortando la vía y por eso no quedó más remedio que usar las porras? No. Como se ve, estaban en la acera.

En el vídeo: un policía antidisturbios en Valencia se defiende de un peligroso antisistema, que intenta golpearle en la mano con sus gafas.

Una segunda versión del mismo vídeo, ampliada y a cámara lenta.