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El mayor recorte del Estado del bienestar desde que tal cosa existe se aprobó ayer en el Congreso por decreto ley y con el presidente del Gobierno ausente de su escaño; con el Parlamento enrocado, encastillado y protegido por un dispositivo de emergencia de la policía; con los especuladores celebrando el enésimo sacrificio ritual con nuevas subidas de la prima de riesgo; con cientos de miles de personas en la calle, protestando hasta desgañitarse ante lo que consideran una enorme estafa democrática. La intervención de España, –de sus bancos y, como rehenes, de sus ciudadanos– mereció más debate en el Bundestag alemán que en la Carrera de San Jerónimo. En Berlín dio la cara la mismísima Angela Merkel; en Madrid, solo pudimos escuchar a Cristóbal Montoro, negando la realidad hasta extremos sonrojantes. La falta de transparencia es tan escandalosa que conocemos más detalles de lo que pasa en nuestra casa por los documentos que llegan hasta los parlamentos del resto de Europa, por notas de prensa en inglés para inversores internacionales.

La tijera indiscriminada crea extraños compañeros de pancarta y ayer fue bonito ver a los policías protestando mano a mano junto al 15-M, a los bomberos plantando cara frente a los antidisturbios. El PP puede ignorar las manifestaciones, despreciar o minimizar lo que sucede en la calle, como si la vida fuese aquello que se ve por la ventana del coche oficial: una road movie edulcorada. Sus voceros pueden inventarse películas y hasta culpar a los actores de que la prima de riesgo suba o de la muerte de Manolete. Pero el Gobierno se seguirá equivocando si no es capaz de entender que el cabreo ciudadano nunca se resolverá con mano dura y unas reformas legales de dudosa legitimidad democrática contra la resistencia pacífica. Hacen falta explicaciones convincentes, no vale con que Rajoy repita otra vez más esa muletilla de que “no podemos gastar lo que no tenemos” o con que Montoro meta miedo con que no hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios y después suelte una de sus risitas irritantes.

Apenas siete meses después de lograr una abrumadora mayoría absoluta, el crédito de Mariano Rajoy está casi agotado y en los corrillos políticos se especula con la posibilidad de que no llegue a acabar la legislatura, con que ceda el testigo a otro presidente con el apoyo popular suficiente como para poder aplicar los ajustes suicidas que exige el norte de Europa. “Un hombre de Aznar”, dicen algunos; “Alberto Ruiz Gallardón”, apuestan otros. Cuesta imaginar una salida así para un político como Rajoy, capaz de sobrevivir a los cuchillos internos de la derecha española después de perder por segunda vez en 2008. Pero algo vital está rompiéndose en esta democracia: estamos al borde de una ruptura institucional, con la sociedad dividida entre la clase dirigente y el 99% de los españoles. Las vallas metálicas, las porras y los furgones policiales con los que el Congreso se blinda ante los ciudadanos son la imagen de esa enorme división, de ese foso que separa dos mundos diferenciados y que mutuamente se ven hoy como enemigos. La evolución de los acontecimientos es imprevisible y se suceden algunos hechos inimaginables hace muy poco: hasta el mismísimo FMI está en contra de los tijeretazos y el malestar por la gestión del Gobierno enciende la calle, pero también indigna en los más altísimos despachos de las grandes multinacionales españolas.

¿Cómo de enfadada está la sociedad? Hagan una prueba: guarden silencio en cualquier cafetería transitada y escuchen los corrillos de la gente, sus conversaciones, sus enfados y sus miedos. Les sorprenderá el resultado.

De todos los durísimos recortes que el Consejo de Ministros aprobará en este terrorífico viernes 13, hay un hachazo que destaca sobre los demás por su especial injusticia. Es esa rebaja en el subsidio de desempleo a partir del sexto mes de paro, una medida que golpea precisamente a quienes más están sufriendo la crisis, aquellos que deberían ser la absoluta prioridad para cualquier Gobierno. Son unos 125 euros al mes de media y tal vez a Rajoy le parezca un sacrificio menor; por ahora ningún ministro ha tenido la indecencia de traducir la cifra a «cafelitos». Pero para muchas familias -hay más de un millón y medio con todos sus miembros en paro-, ese dinero es la diferencia entre mantener la casa o afrontar un desahucio, entre que los hijos estudien o tengan que dejar la universidad, entre comer caliente todos los días o tener que recurrir a la caridad. Al menos el recorte solo afectará a los nuevos parados, pero es dudoso que la situación mejore en los próximos meses, así que el consuelo es magro.

Si mala es esta medida, mucho peor ha sido la justificación que, en apenas una frase, esbozó el miércoles Rajoy en el Congreso. Decir que este recorte en la prestación es para «animar la búsqueda de trabajo» -y que los diputados del PP aplaudan el discurso- es casi un insulto para los más de cinco millones de parados. ¿De verdad cree el presidente del Gobierno que los parados en España no trabajan porque no quieren?

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Hay una condición del rescate a la banca de la que se está hablando muy poco, a pesar de su importancia. Está en el punto 30 del memorando (página 14): España tendrá que crear un consejo de política fiscal independiente que estudie y controle la política presupuestaria de las administraciones públicas. Este tipo de institución reguladora no es una novedad en otros países. En algunos, como Holanda, no solo evalúa los presupuestos públicos, sino que incluso analiza los programas electorales de los partidos políticos para ver si son viables. En Portugal, el Conselho das Finanças Públicas empezó a funcionar hace unos meses, precisamente como una de las condiciones del rescate. ¿Y en España? Está en el memorando del rescate, en el MOU (memorandum of understanding, quédense con el término que vamos a hablar mucho de él en los próximos meses), aunque Rajoy ayer en el Parlamento no hizo una sola mención sobre el tema. No es casual.

Desde La Moncloa, según fuentes cercanas al Gobierno, no ven con buenos ojos la propuesta y están haciendo todo lo posible por retrasarla, por escaparse a una condición que limitaría su poder político. Dicho consejo –por ejemplo– no habría visado un programa electoral como el que nos contó Rajoy hace medio año, donde se prometía adelantar el IVA a los autónomos e incluso bajaban algunos impuestos. Tampoco habría aprobado la recuperación de la inoportuna desgravación por compra de vivienda. O una ley de Dependencia como la que sacó adelante el PSOE, sin detallar de dónde saldría el dinero para pagar.

El PP, pese a su supuesta alma “liberal”, tiene poca querencia por los organismos reguladores independientes. Una de sus primeras medidas consistió en fusionar los reguladores que ya existían en telecomunicaciones, energía y competencia (CMT, CNE y CNC, entre otros) en un solo regulador mucho más controlado por el Gobierno. La excusa es el “ahorro de costes” pero ese supuesto ahorro al final lo pagaremos caro: sin organismos reguladores fuertes e independientes el mercado tiende hacia los oligopolios y las grandes empresas pueden abusar del consumidor (o la administración del contribuyente) con total impunidad.

Es el mayor recorte de gasto público de la historia de España: 65.000 millones en dos años y medio. La cifra es tan apabullante que solo admite una comparación posible, una equivalencia de dolorosa simetría: es casi idéntica a la factura del rescate a la banca (60.000 millones es el último cálculo). Hace apenas un mes, antes de irse a la Eurocopa, Mariano Rajoy nos contó que “esa línea de crédito” solo tendría condiciones para los bancos y no para los ciudadanos. Fue otra mentira más. Otra de tantas.

España está intervenida y ayer en el Congreso la troika se hizo carne. Y vísceras. Y sangre. Nada se salva de la tijera, tampoco la imagen de Rajoy, que sale del Parlamento cruzado de costurones. No hay crítica más letal contra el Gobierno que las que fueron sus propias palabras hace no tanto. Subir el IVA es “un disparate en tiempos de crisis”, “afecta fundamentalmente a pensionistas y parados”, es “la puntilla para nuestro comercio, nuestro turismo y nuestra industria”. Bajar el sueldo a los funcionarios es “recortar los derechos de los más débiles”. “Yo no soy como usted, que le subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa”, le dijo Rajoy a Rubalcaba en el debate electoral, en noviembre. “Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago”.

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Viendo la velocidad a la que sucede lo inevitable, solo sorprende una cosa: el empeño del Gobierno de Rajoy en negar la realidad. Como estaba cantado, el rescate millonario a la banca no saldrá gratis. Como era de esperar, la ayuda viene con condiciones y no son solo para el sector financiero. Como toda Europa recordaba (y el Gobierno negaba), las recetas de la Comisión Europea son órdenes y no consejos o sugerencias. Como muchos nos temíamos, los sacrificios más duros serán para los españoles, no para los verdaderos culpables.

Esta madrugada se confirmó la catástrofe. España queda en manos de la troika –la UE, el FMI y el BCE–, que mandará cada tres meses sus “hombres de negro” a revisar nuestras cuentas, además de a nuestra banca. Las consecuencias directas de esta nueva situación no solo van a ser la subida del IVA y el recorte a los funcionarios que ayer mismo anunció el Gobierno. Sobre la mesa están también recortes en las pensiones o en el subsidio de desempleo, como el propio vicepresidente de la Comisión europea, Olli Rehn, ha confirmado. No es una intervención equivalente a la de Grecia, Irlanda y Portugal, pero es una intervención en cualquier caso: una vuelta de tuerca más en ese proceso que comenzó con Zapatero en mayo de 2010, que cambió nuestra Constitución el pasado verano y que ahora, tras el naufragio de Bankia, alcanza un nuevo grado.

El Gobierno tendrá que presentar este mismo mes un plan para los próximos dos años. Entre mañana miércoles, con Mariano Rajoy en el Congreso, y el Consejo de Ministros del viernes 13, probablemente conoceremos el resto de los recortes. Están ya cantados: subida del IVA (probablemente del tramo máximo, además de cambios entre los tipos reducidos), despidos de empleados públicos, recortes para los funcionarios (en la jornada laboral y probablemente también en el sueldo), aumento de tasas y copagos, recorte en las pensiones (o acelerar la entrada en vigor de los 67 años, o ambas medidas al tiempo), eliminación de la deducción por vivienda (tal vez retroactiva)…

En resumen: todo lo que el PP durante la oposición dijo que no haría y que una y mil veces negó en el Parlamento.

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De Guindos está contento: “España logró dos buenos acuerdos“. El Gobierno, aún más: presume de haber cumplido “en seis meses” la mitad de las promesas de Rajoy en la investidura. Los éxitos son tan apabullantes que sorprende que no lo celebremos en Cibeles: ¡Campeones, oe!

¿Cuánto dinero ingresa la Iglesia Católica por el cepillo de la Catedral de Santiago de Compostela (cuyas sucesivas obras de restauración hemos pagado entre todos)? ¿Tanto como para que un electricista pueda robar cientos de miles de euros –en sus casas han aparecido 1,8 millones de euros y 300.000 dólares en efectivo– sin que nadie se dé cuenta de que falta? ¿Esos ingresos se declaran? Si el deán sabía del robo, ¿por qué no lo denunció? ¿Podrá recuperar la Iglesia ese dinero supuestamente robado si no justifica que lo había declarado ante Hacienda? ¿Estamos ante un caso similar al de la monja pintora?

¿Qué hace un tesoro bibliográfico de las características del Códice Calixtino en una catedral sin protección alguna ni contra los robos ni contra su deterioro? ¿No estaría mucho mejor conservado en algún museo o en la Biblioteca Nacional? ¿Es normal que el arzobispo, el presidente del Gobierno y el deán manoseen el códice sin los preceptivos guantes con los que hay que acercarse a un manuscrito del siglo XII? ¿Y que el Dean asegurase que había escrito una marca en la última página del libro (más tarde rectificó y dijo que no eran marcas sino marcapáginas)?

¿Qué hace el presidente del Gobierno apuntándose a la foto de la recuperación del códice? Si no hubiese aparecido, ¿habría ido a Santiago a sacarse esa misma imagen y reconocer que la Policía no lo había encontrado? ¿No tiene nada mejor que hacer el presidente del Gobierno ahora que ha terminado la Eurocopa?

Y la última pregunta: alguno de los que hablan del Códice Calixtino –como Nuñez Feijóo, que ve en él “la misma fuente del europeismo“–, ¿se lo han leído?

Parafraseando a Spiderman, un gran sueldo conlleva una gran responsabilidad. Un argumento del estilo solían utilizar algunos de los consejeros de grandes empresas y bancos cuando se cuestionaba su alta remuneración. Por eso es justo que esa responsabilidad se aplique cuando las cosas van mal; por eso es imprescindible para la salud democrática del país que los consejeros de Bankia -que se repartieron más de 14 millones entre 33 personas solo en el 2011 por un trabajo a tiempo parcial- den sobradas explicaciones ante el juzgado y aclaren qué ha pasado para que este banco, que tan bien les pagó por su gestión, nos deje a todos los contribuyentes un agujero de 23.500 millones, 500 euros por cabeza. No aclarar esta inmensa quiebra económica y moral no solo sería injusto y abusivo para los ciudadanos y para esos accionistas minoritarios a los que convencieron para ser bankeros y ahora no les queda ni la k. No investigar las cuentas de Bankia hasta el final es suicida para la estructura institucional del país porque no hay en España un político o un líder, ni mucho menos Rajoy, con la capacidad de explicar a los ciudadanos que deben aceptar durísimos sacrificios en sus sueldos, en sus pensiones, en su sanidad, en su sistema educativo y en sus impuestos mientras los responsables del hundimiento de nuestro sector financiero quedan impunes.

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Un repaso rápido a las biografías y los méritos profesionales de los 33 responsables de Bankia que la Audiencia Nacional, tras la denuncia de UPyD, ha decidido imputar bajo la gravísima acusación de falsificar las cuentas y estafar a los pequeños accionistas de esta arruinada entidad, entre otros presuntos delitos.

1- Rodrigo Rato (PP). Sueldo en 2011: 2.436.000 euros.
Expresidente de Bankia, exdirector gerente del FMI, exvicepresidente del Gobierno y el hombre que pudo ser Rajoy en el lugar de Rajoy (de no ser porque el dedo de Aznar no se acabó de fiar de él).

2- José Luis Olivas (PP). 1.764.000 euros.
Expresidente de Bancaja y del también quebrado Banco de Valencia. Expresidente de la Generalitat Valenciana entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

3- Francisco Verdú Pons. 1.570.000 euros.
Consejero delegado de Bankia hasta hace apenas unas horas. Fue antes vicepresidente de la Banca March. Rato lo fichó como su número dos y Goirigolzarri lo mantuvo en su posición. Fue el único de todo el anterior consejo que continuó.

4- José Manuel Fernández Norniella (PP). 676.000 euros.
Exdiputado y hombre de confianza de Rato, que lo nombró presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Ha sido presidente de Azucarera Ebro, vicepresidente de la CEOE y vicepresidente de Caja Madrid, entre otros cargos.

5- Carmen Cavero Mestre (PP). 173.000 euros.
Cuñada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

6- Arturo Fernández Álvarez. 278.000 euros.
Presidente de la patronal madrileña. Cuñado de Gerardo Díaz Ferrán.

7- Alberto Ibáñez González. 142.000 euros.
Expresidente de Citi en España y consejero de Salomon Brothers.

8- Javier López Madrid. 310.000 euros.
Comenzó su carrera en Goldman Sachs. Está casado con la hija de Juan Miguel Villar Mir, presidente y propietario del Grupo Villar Mir. Es consejero delegado del grupo y llegó a Bankia a propuesta de la patronal madrileña CEIM.

9- Juan Llopart Pérez. 367.000 euros.
Presidente de la comisión ejecutiva de Zeta, a propuesta de La Caixa, principal acreedor de este grupo editorial. Muy cercano al presidente de La Caixa, Isidro Fainé, fue fichado por Rato como consejero independiente.

10- Araceli Mora Enguídanos. 125.000 euros.
Catedrática en Economía de la Universidad de Valencia.

11- José Antonio Moral Santín (IU). 522.000 euros.
Exdiputado en la Asamblea de Madrid, militante del Partido Comunista desde los años 60 y Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Su propio partido pidió su dimisión.

12- Francisco Juan Ros García. 124.000 euros. Consejero delegado del grupo Ros Casares, Consejero de Thyssen Ros Casares, Vicepresidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Nacional y presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección de Levante.

13- José Manuel Serra Peris (PP). 387.000 euros. Exsecretario de Estado de Industria y Energía con Aznar, un dato biográfico nada menor que, curiosamente, no aparece en su currículum oficial que difunde Bankia en su web. Ha sido consejero de la SEPI, de Endesa y de Red Eléctrica Española. Fue uno de los acompañantes del vicepresidente de Madrid, Ignacio González, en aquel polémico viaje a Colombia donde González fue espiado.

14- Atilano Soto (PP). 128.000 euros.
En el auto el juez le llama “Milano”, en vez de Atilano, pero no hay duda de quién es. Presidente de la Caja de Segovia desde 1997. Durante años compatibilizó el puesto con el de presidente de la Diputación de Segovia (1991-2003), presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, presidente del Patronato Provincial de Turismo, consejero delegado de la empresa Segovia 21 y unos cuantos cargos más hasta superar la decena.

15- Antonio Tirado Jiménez. 409.000 euros.
El más veterano de los consejeros de Bancaja, donde llevaba casi 20 años. Fue alcalde de Castellón por el PSOE, partido que abandonó el 1994. La mayor parte de su carrera en la caja la ha hecho con el apoyo del PP, que le nombró presidente de Bancaja tras la salida de Olivas, hace dos meses.

16- Francisco Pons Alcoy. Empresario valenciano, presidente y propietario de Importaco, la empresa que provee frutos secos en exclusiva a Mercadona. Antes fue presidente de la cooperativa Consum, presidente de Caixa Popular y vicepresidente de Eroski.

17- Ángel Acebes Paniagua (PP). 163.000 euros.
Exministro de Justicia, de Interior y de Administraciones Públicas. Exalcalde de Ávila. Exsecretario general del PP. Dejó el Congreso hace poco más de un año, después de una legislatura en la que compaginó el escaño con sus negocios particulares.

18- Francisco Baquero Noriega (CCOO). 317.000 euros.
Miembro durante años de la Ejecutiva de Comfia, la federación de servicios financieros de Comisiones Obreras. Está casado con María Jesús Paredes, también empleada de banca y exdirigente de Comfia. La pareja tiene numerosos negocios empresariales y un gran patrimonio immobiliario.

19- Pedro Bedia Pérez. 308.000 euros.
Consejero a propuesta de Comisiones Obreras.

20- Luis Blasco Bosqued. 178.000 euros.
Vocal en el consejo a propuesta del PP. Es presidente de Telefónica de Argentina y vocal en la junta directiva del Real Madrid. Antes pasó por el consejo de Sogecable y de la constructora OHL.

21- Rafael Ferrando Giner. 307.000 euros.
Empresario valenciano, expresidente de la patronal valenciana y exvicepresidente de la CEOE.

22- José Rafael García-Fuster (PP). 265.000 euros.
Ha sido senador, concejal en el Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Cortes Valencianas.

23- Jorge Gómez Moreno (PSOE). 339.000 euros. Fue diputado en la Asamblea de Madrid y concejal en el ayuntamiento de la capital.

24- Agustín González González (PP). 214.000 euros.
El político de los trece cargos: presidente de Caja Ávila, alcalde de El Barco de Ávila, presidente de la Diputación de Ávila, presidente de ASIDER –la asociación que gestiona los fondos europeos en la zona–, presidente de la mancomunidad de servicios de Barco y Piedrahita, presidente de la Fundación Cultural de Santa Teresa, consejero de la corporación Madrigal… Milita en la derecha desde 1983, con AP. Aseguró en una entrevista que su único sueldo era el de la Diputación, olvidando el dinero que cobró de Bankia.

25- Mercedes de la Merced (PP). 376.000 euros.
Entre otros cargos, ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y eurodiputada. Aznar dudó entre apostar por ella o por Esperanza Aguirre como candidata de la derecha en Madrid.

26- Jesús Pedroche Nieto (PP). 204.000 euros.
Fue consejero en el gobierno autonómico de Madrid con Gallardón y presidente de la Asamblea de Madrid. Dimitió como concejal en el Ayuntamiento de Madrid en 2003 tras una sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el despido de su secretaria personal, a la que mandó al paro pocos días después de saber que estaba embarazada.

27- Remigio Pellicer. 302.000 euros.
Empresario valenciano. Consejero en Bancaja a propuesta del PSOE.

28- José María de la Riva Ámez (PSOE). 202.000 euros.
Exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid.

29- Estanislao Rodríguez-Ponga (PP). 355.000 euros.
Exsecretario de Estado de Hacienda del Gobierno de Aznar, bajo las órdenes de Cristóbal Montoro. Fue vicepresidente de Caja Madrid con Miguel Blesa, en el año 2006, y con Rato tuvo también un papel importante en la caja. Estuvo en el consejo de administración de Cibeles –la corporación industrial de Caja Madrid– y formó parte del núcleo duro de Rato en la toma de decisiones de la entidad financiera hoy quebrada.

30- Mercedes Rojo-Izquierdo (PP). 374.000 euros.
Exasesora de Esperanza Aguirre.

31- Ricardo Romero de Tejada (PP). 270.000 euros.
Fue alcalde de Majadahonda y secretario general del PP en la Comunidad de Madrid. Hombre de Rodrigo Rato, su nombre ha aparecido en numerosas ocasiones ligado al Tamayazo. Mientras era el número dos del partido en Madrid, estuvo en nómina en una empresa de fotocopias, propiedad de dos constructores muy vinculados con el PP.

32- Juan Manuel Suárez del Toro. 235.000 euros.
Ingeniero industrial. Presidente de Caja Insular de Canarias y, al mismo tiempo, presidente de Cruz Roja Española desde 1994.

33- Ángel Villanueva Pareja. 307.000 euros.
Ha sido Secretario del Consejo de Administración de Bancaja. Ha presidido la inmobiliaria de la entidad, Bancaja Habitat, S.L, y ha sido secretario de su fundación.

Los sueldos que cito son siempre de 2011, solo incluyen su remuneración en el grupo Bankia o en BFA y la fuente es esta información de El País.

Aprovechando que la Eurocopa se pasea entre cantos etílicos por Madrid, Mariano Rajoy confirmó ayer que habrá que “pisar el acelerador” con más recortes, aunque el presidente no los llama así. Para él, son “hitos en la modernización del país”: unos tijeretazos que llegarán en julio, con estivalidad y alevosía, presumiblemente en el último Consejo de Ministros del mes, en el último viernes antes de agosto, en el arranque de los Juegos Olímpicos y con medio país saliendo de vacaciones. Sin un pleno parlamentario. Sin debate del estado de la nación. Tal vez en nota de prensa, o en una rueda de prensa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la que, como de costumbre, no comparecerá el propio Rajoy.

Con algo de suerte en los Juegos Olímpicos –con una nueva final–, tal vez consigamos una nueva entrevista de Rajoy antes de septiembre. De momento lleva cuatro: una en la agencia EFE, con Álex Grijelmo, y otra con Carlos Herrera en Onda Cero. Y dos más, justo este domingo: una antes del partido con Matías Prats III, otra después con Sara Carbonero. Dos entrevistas de política, dos de fútbol.

¿Los nuevos recortes? Pocas sorpresas nos vamos a encontrar porque casi todo está cantado ya: subida del IVA, despidos en el sector público, bajada de sueldos a los funcionarios, aumentos de tasas, peajes, copagos… Justo lo contrario a lo que el PP prometió que iba a hacer durante la campaña electoral. El presidente que prometió dar la cara presumió ayer en Sevilla de que sus medidas “no han sorprendido a nadie”. En el mejor de los casos, la frase es una tomadura de pelo. En el peor, es de un cinismo brutal.

Imaginen por un momento que el proyecto de Eurovegas es una enorme mentira, que el multimillonario Sheldon Adelson en realidad no tiene un duro, que es un actor a sueldo de Michael Moore o de Sacha Baron Cohen o de Jordi Évole. Imaginen que detrás de todo este circo no hay una multinacional del juego, sino un equipo de guionistas: un grupo de locos y activistas que tuvo la idea genial de rodar un documental con cámara oculta para denunciar la verdadera cara de Españistán y poner a prueba la solidez democrática del país. Imaginen que el show de Adelson es un imaginativo programa de televisión o una película de esas que mezclan realidad y ficción: una provocadora forma de enseñar lo que sucede en los despachos del poder de este país que un día soñó con ser verdaderamente europeo y que ahora se conforma con ganar la Eurocopa; una monarquía bananera donde las leyes están en venta y, cuando un millonario pregunta por el precio, los poderes públicos se sientan abiertamente a negociar; un Estado dispuesto a permitir que un millonario haga aviones de papel con su legislación a cambio de algo de inversión internacional de dudoso origen y aún más dudosa rentabilidad.

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Una hipótesis provocadora, tal vez equivocada: los actuales años de crisis –los que llevamos y los que están por venir– van a transformar la estructura social, cultural, económica, mediática y política de España del mismo modo en que lo hizo la Transición. Al igual que el lustro entre 1975 y 1980 marcó la evolución del país durante casi tres décadas, el periodo de la crisis (2008, ¿2013?) va a sentar los cimientos sobre los que se construirá la España de los próximos años. No sabemos si el cambio será a mejor. No está claro tampoco qué sobrevivirá del modelo anterior. Lo que sí es evidente es que todo está en juego: los partidos, la monarquía, el Estado autonómico, la justicia, los sindicatos, la prensa e incluso la propia moneda en la que pagaremos los platos rotos que estos años nos van a dejar.

Una maldición china: ojalá vivas tiempos interesantes. En ello estamos ya. Los años de la crisis van a ser lo más parecido a una guerra que padecerá nuestra generación, tanto por su abrasiva destrucción como por la previsible reconstrucción que en algún momento llegará. Este periodo marcará un antes y un después porque se juntan varios factores que empujan a una gran transformación: una revolución más que una simple reforma. No solo es una crisis que destroza el modelo económico –el de la burbuja inmobiliaria– sobre el que se levantó el cuestionable milagro español. No solo es el naufragio del euro, un edificio en ruinas que no sabemos si colapsará. No es simplemente una reestructuración del papel del Estado en la economía, ese anoréxico al que se quiere hacer adelgazar. También es una revolución tecnológica, una nueva moral, una guerra generacional y un cambio en la distribución de la riqueza con ricos más ricos, pobres más pobres y una devaluada clase media que nunca disfrutó de una verdadera redistribución de la riqueza, que vivió un espejismo de crédito barato que ya no existe, y que ahora descubre cuál es su verdadero lugar en esta sociedad.

El fin de la Transición es un proceso que lleva en marcha desde hace cuatro años, desde que la caída de Lehman Brothers en 2008 marcó el inicio de esta pesadilla. Pero es ahora, en estos últimos meses, cuando el momento clave puede llegar. La crisis económica es como una sequía que ha dejado el embalse sin agua hasta mostrar el fondo del pantano, la basura que la lluvia de los buenos años ocultó. Ha derivado en una crisis institucional que corroe las bases del modelo actual. Algún día se saldrá del túnel, pero esa metáfora se suele interpretar mal. Muchos creen que volveremos a la luz por por el mismo sitio por el que entramos, que será un regreso a la España de 2007.Pero del túnel siempre se sale en otro lugar.

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Publicado en Más Público, que hoy estrena web y un nuevo número impreso. ¡Suerte!

Guarden esta foto para la historia. Ahí los tienen, tan contentos. De los siete, cuatro eran militantes del PP. Solo uno contaba con formación financiera. Son los siete magníficos, los siete fundadores de Bankia, los siete genios que nos han dejado en herencia un inmenso agujero a repartir a escote entre todos los contribuyentes. Hoy BFA –la matriz de Bankia– vale menos que nada: menos 13.635 millones de euros.

Para los que se pierden con los grandes números. 13.635 millones son:

• 30 veces más que lo que Sanidad ahorrará con el medicamentazo (440 millones de euros).
• 82 veces más de los recortes en becas para este año (122 millones).
• 71 veces más que los recortes a la minería (190 millones)
• Mas del doble de lo que el Estado recaudó con la última subida del IVA (6.500 millones).
• Casi nueve veces más de lo que ahorró el Gobierno de Zapatero con la congelación de las pensiones (1.530 millones).
• 24 veces más de lo que el Estado ha recaudado en los primeros cinco meses del año con la última subida del IRPF (559 millones).
• 2,2 billones de las antiguas (o futuras) pesetas.
• 290 euros por español, niños incluidos.

Estos 13.635 millones de euros no son el único agujero. A esta cifra hay que sumar el robo que supone para toda la sociedad que haya quedado también arruinada la obra social de las cajas, algunas de ellas centenarias.

Un aplauso para los siete magníficos. Se lo han ganado.

Mariano Rajoy confirmó al fin lo que todos nos temíamos: que el rescate no saldrá gratis; que “pronto” habrá más “medidas difíciles”. No lo ha contado en el Congreso. Tampoco en La Moncloa, en una rueda de prensa, en una entrevista o en una comparecencia institucional. El presidente del Gobierno, el presidente de todos los españoles, el presidente que prometió dar la cara y decir siempre la verdad, avanzó los nuevos recortes en la asamblea general de la patronal. ¿Acaso conocen un lugar mejor?

Ayer supimos también que la subida del IVA –ese secreto a voces– ya está aquí. El Ministerio de Hacienda estudia qué artículos va a subir del tipo superreducido (4%) y del reducido (8%) al normal (18%). La jugada, de la que ya hablaba el PP nada más alcanzar al poder, llega apenas diez días después de que Rajoy negase tal opción. Antes las promesas del PP al menos duraban unos meses. Ahora no cumplen ni dos semanas.

Visto los precedentes, está claro que la política del Gobierno consiste en hacer exactamente lo contrario de lo que se contó sin tan siquiera molestarse en explicar el giro, las razones, las causas de la rectificación. Después de una campaña entera negando recortes en el Estado del bienestar, nos anunciaron 10.000 millones de tijeretazo en Sanidad y Educación con una nota de prensa. Tras un rescate europeo cien veces desmentido no ha habido tiempo siquiera para celebrar un pleno monográfico ni mucho menos el debate del estado de la nación donde poder discutirlo. Después de años diciendo que subir el IVA “es como bajar el salario de los trabajadores“, “la puntilla para el comercio, el turismo y la industria“, “un disparate” que “nos traerá menos crecimiento y más paro”, ¿cómo nos lo explicarán? Vistos los precedentes, tengo una sugerencia. Si los recortes se anuncian ante la Patronal, lo suyo es que la subida del IVA la expliquen allá donde reside la soberanía popular: en el Parlamento alemán.

No hay dinero para rescatar a las familias, a los parados, a los hipotecados, a los enfermos, a los ancianos… No hay dinero para nadie, pero siempre hay excepciones. No solo son sistémicos los bancos, a los que no se puede dejar caer, cueste lo que cueste. En este capitalismo de bingueros donde los beneficios son privados pero las pérdidas son públicas, tampoco pueden quebrar las concesionarias de autopistas. El Gobierno prepara un nuevo plan de rescate para estas ruinosas inversiones. Será el tercero en apenas unos años. En 2009 y en 2010 –con inusual consenso parlamentario– el Congreso aprobó sendos paquetes de ayudas millonarias para las autopistas. No fue suficiente y El País publica hoy que el Gobierno estudia cómo tapar con dinero de los contribuyentes ese enorme agujero: son 3.800 millones de euros.

¿Acaso no puede quebrar una autopista? Desde el Gobierno temen que, en caso de bancarrota, la Administración acabe en el juzgado y tenga que hacerse cargo en cualquier caso de la deuda. Hay argumentos legales para ello: las concesiones se hicieron sobre cálculos de tráficos que jamás se cumplieron, la ley del suelo de Aznar disparó los costes de expropiación de los terrenos y las cuentas, por tanto, jamás salieron. Puede que sea así, que no haya otra salida, pero no es un gran consuelo tener que elegir entre lo malo y lo peor. ¿Acaso las autopistas que generan más ingresos de lo esperado devuelven ese dinero a la Administración?

Con estos obscenos rescates se corrompe una de las reglas más elementales del capitalismo: que el que invierte tiene derecho a ganar porque se arriesga a perder su dinero. Nuestro capitalismo enfermo cada día se parece más a la física y a sus contradicciones. Las reglas que funcionan en las grandes estrellas no rigen igual para las partículas subatómicas. Si debes cien mil euros y no puedes pagar, tienes un gravísimo problema. Si debes mil millones, el problema es de otro.

Detrás de esa fea costumbre del Gobierno de esquivar el Congreso para todo lo que no sea darle al botoncito y aplaudir al líder carismático se esconde un profundo déficit democrático. Hay más síntomas de esta enfermedad. Cada vez que Mariano Rajoy evita una rueda de prensa, no es a los periodistas a quienes niega las respuestas: es a los ciudadanos. Cada vez que el PP bloquea una comisión de investigación o veta un debate en el Parlamento, no es a los diputados a los que desprecia: es a la soberanía popular. Cada vez que el presidente o algún miembro del Gobierno salen corriendo del Senado o del Congreso, escoltados por un mar de guardaespaldas, no es de las cámaras de televisión de quienes huyen: es de su propia responsabilidad, de sus funciones. La democracia no consiste en votar y callar. No es elegir a un dictador cada cuatro años. Entre otras cosas, también pasa por explicar las decisiones a los ciudadanos, que no son súbditos sino los verdaderos soberanos.

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