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Reconocer fallos propios nunca es fácil, menos aún en política. El viernes, en sendas ruedas de prensa con las que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy dieron por terminada la legislatura, ambos líderes hicieron ese ejercicio tan difícil como inusual, el de la autocrítica. No fue por iniciativa propia sino a petición de la prensa, que tiró de una pregunta tan tópica como eficaz: ¿Cuáles han sido sus principales errores durante estos cuatro años? ¿De qué se arrepiente?

Uno de los trucos más conocidos para sobrevivir a este tipo de preguntas durante una entrevista de trabajo consiste en contestar a la trampa de “cuál crees que es tu principal defecto” con una virtud: “Mi principal defecto es que soy muy perfeccionista”. A Mariano Rajoy también le funciona.

“¿Mis errores? Quizá no tuve la suficiente capacidad de convicción o no empleé suficiente tiempo para convencer al presidente del Gobierno de que era absurdo ponerse a discutir sobre España y de que era absurdo negociar con ETA”, respondió el viernes el líder del PP a la petición de algo de autocrítica por parte de la prensa. No está de más releer la frase, pues tiene miga. Rajoy nunca se equivoca y, cuando “quizá” (y sólo quizá) comete algún error es por culpa de Zapatero, que no se deja convencer de lo equivocado que está. Mariano, no seas tan duro contigo mismo.
Rajoy no había tenido una floritura argumental tan reveladora desde aquel “Si usted no cumple sus compromisos, le pondrán una bomba, y si no se las ponen, es que ha cedido” con el que consiguió que la entrega de Navarra, la rendición ante ETA y el hecho de que el terrorismo había vuelto a matar, todo al tiempo, fuesen uno y trino.

Dichos y hechos

El viernes, a Zapatero también le preguntaron por sus errores. Reconoció dos y los dos recientes, de los últimos doce meses: el “dentro de un año estaremos mejor” de un día antes del atentado de la T4 y comprometerse a que el AVE estaría el 21 de diciembre en Barcelona.

En ambos casos la autocrítica que asume Zapatero es por cosas que se han dicho mal, no que se han hecho mal. No es como lo de Rajoy –al menos Zapatero reconoce errores propios y no del vecino de enfrente–, pero su respuesta también tiene truco.
Cuando se gobierna, los errores más graves se cometen por acción u omisión. Por lo que se hace, no por lo que se dice. El problema no fue fijar una fecha para la inauguración del AVE sino que el AVE aún no ha llegado a Barcelona y se acaba otro año más, y ya son muchos tarde. El error no fue anunciar, hace un año, que hoy estaríamos mejor frente a ETA. Lo criticable de aquel episodio es que el Gobierno, empezando por el Ministerio del Interior, estuviese tan mal informado con respecto a la evolución del frustrado proceso de paz.

En cualquier caso, ni el retraso del AVE ni mucho menos la negociación con ETA son, en mi opinión, los errores más graves de Zapatero durante esta legislatura. Al presidente se le puede reprochar, desde la izquierda, que no haya intentado ir más allá en los temas sociales, en asuntos pendientes desde el 96 como el aborto, que estaba en su programa, o en el derecho a una muerte digna, que estaba en sus planes. Que no se atreviese a pactar en Navarra por miedo al qué dirán de la derecha. Que respalde el canon de la SGAE. Que la Iglesia cobre hoy del Estado más que antes. Que la Fiscalía actúe cuando el imán de Fuengirola dice que a las mujeres hay que azotarlas pero que no pase nada cuando un obispo afirma que los niños van provocando.

Sin consensos

Sin embargo, de lo que no se puede culpar a Zapatero, como hace el PP, es de haber roto los consensos durante esta legislatura. El viernes, Mariano Rajoy aseguró que, si gana, no sólo se irá a los ocho años sino que “en seis meses habrá acuerdos con el PSOE”. ¿Y si pierde?, preguntaron los periodistas. Rajoy se escapó: “No me lo he planteado. Lo veo muy lejano”.

Mariano Rajoy hace bien en no planteárselo. Si pierde, dejará de ser su problema. Por suerte, pues ya hemos visto estos últimos cuatro años en qué consiste su lealtad institucional cuando es él quien debe ser leal al Gobierno en los temas de Estado, como la lucha antiterrorista. “Si usted no cumple sus compromisos, le pondrán una bomba, y si no se las ponen, es que ha cedido”. Una de dos: o yo gano, o tú pierdes. Es la historia de esta última legislatura.

Mucho antes de Internet, de la grabadora de CD o del MP3 hubo un invento que provocó que miles de músicos se quedaran sin trabajo. Fue un avance tecnológico al que se opusieron, con todas sus fuerzas, las sociedades de autores de todo el mundo. Era su asesino y se llamaba gramófono. Por culpa de la música enlatada, dejó de ser necesario contratar a intérpretes para ambientar con melodías un restaurante, una sala, un baile. El tocadiscos mató a la música en directo y en esa terrible reconversión industrial, como en todas, miles de trabajadores tuvieron que irse sin la música a otra parte.

En Estados Unidos, se llegó a pedir la prohibición del disco y el debate llegó, en 1906, hasta el Congreso. “Esas máquinas que hablan van a arruinar el desarrollo artístico de la música”, declaró ante los congresistas estadounidenses John Philip Sousa, un compositor de marchas militares al que hoy se recuerda tanto por sus profecías apocalípticas como por su música. El resto de su testimonio ante el Congreso es aún mejor: “Cuando yo era niño, en todas las casas uno encontraba jóvenes que cantaban. Hoy uno escucha estas máquinas infernales todo el día y toda la noche. No nos va a quedar ni una cuerda vocal, las cuerdas vocales van a ser eliminadas por un proceso de evolución como sucedió con la cola del hombre cuando evolucionó del mono”.

Un siglo después seguimos teniendo cuerdas vocales y otra serie de avances está matando al viejo asesino, al disco. La tecnología es como Saturno: siempre acaba devorando a sus hijos. Nunca antes fue tan sencillo el acceso a la cultura. Jamás en la historia se ha consumido tanta música como hoy, aunque sea pirata: una revolución que cierra tiendas de discos pero hace que se llenen los conciertos y los musicales. La música fresca está muy viva –en España, los ingresos por conciertos casi se han triplicado en los últimos diez años– pero la música enlatada ya no es tan rentable como fue.

Esta nueva reconversión está provocando que muchos trabajadores pierdan su empleo, aunque esta vez, a diferencia del gramófono, la gran mayoría de ellos no son músicos. Cierran tiendas de discos, las discográficas reducen plantilla por el lado de los expertos en promoción, los estudios de grabación cada vez tienen menos clientes… Pero el dinero que reparte la SGAE entre sus asociados cada año logra un nuevo récord. “Lo que está en crisis no es la música, sino un modelo concreto de negocio porque la música en vivo parece estar experimentando un momento de auge”. La cita, aunque parezca increíble, es del propio Teddy Bautista, presidente de la SGAE.

La culpa, como siempre en estos casos, la tiene el progreso: es el mismo motivo que acabó con las minas de Asturias o con los trenes de vapor. El mismo fantasma que provocó tres siglos atrás el nacimiento de los movimientos obreros enfrentados a la máquina, al telar de algodón, a Frankenstein. El mismo monstruo que mandó a miles de músicos al paro cuando la invención del gramófono sustituyó su puesto de trabajo por un disco de pizarra.

La gran diferencia es que los fabricantes de neveras jamás pagaron un canon a los vendedores de hielo.

No al canon

Dice Mariano Rajoy que “es inaceptable pagar por ser sospechoso”. Y para variar tiene razón. El líder del Partido Popular se ha comprometido “a cambiar la actual situación” y ha hecho bandera contra el canon digital al apuntarse al maremoto que inició hace una semana Jordi Guillot, senador de la Entesa Catalana de Progrés.

La postura crítica del primer partido de la oposición es una buena noticia para el millón y medio de ciudadanos que hemos firmado contra el canon, los que creemos que es una tasa injusta. Es cierto que el canon es una imposición europea, pero Europa sólo dice que hay que compensar a los autores por el derecho a la copia privada, no que se pague a la SGAE con cada teléfono móvil. Si hay que subvencionar a un sector para que afronte una reconversión, el dinero debe salir de los presupuestos generales del Estado y lo debe gestionar directamente el Gobierno, no un club privado que no revela cómo reparte lo que recauda. Los impuestos deben ser públicos, no privados. Su gestión también.

Espero que esta nueva posición del PP dure, pero podían haberlo pensado antes. La “actual situación” que ahora Rajoy quiere cambiar se originó en el año 2003, cuando el PP gobernaba. La SGAE, tras arrinconar con abogados a los fabricantes de CD vírgenes, logró un ventajoso acuerdo extrajudicial que impuso, de facto, el canon digital. Mientras tanto, el gobierno de Aznar miraba hacia otro lado. No les hubiese costado mucho impedir este abuso: bastaba con una simple orden ministerial, pues la anterior redacción de la Ley de Propiedad Intelectual permitía al Gobierno decidir qué soportes estaban obligados a pagar y cuáles no. No hicieron nada.

Hace dos años, en mayo de 2005, el PP descubrió que en este local se juega y presentó en el Senado una enmienda donde se pedía la supresión del canon. La crítica a la SGAE duró poco. Sólo un año después, el Congreso aprobó casi por unanimidad la última reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual, donde se consolida el canon digital. El PP votó entonces a favor.

En la recién estrenada página web de Mariano Rajoy, el “no al canon digital” es una de las propuestas estrella de su programa electoral. También lo fue en el programa del PSOE la ampliación de la ley del aborto y ahora Zapatero, después de cuatro años sin tocar el tema, se conforma con un comité de expertos que estudie si la reforma prometida es necesaria. Contra la SGAE y contra la Iglesia es más fácil prometer desde la oposición que cumplir desde el Gobierno. No hay nada como tener micrófonos.

Miércoles, 12 de diciembre de 2007. Matías Prats saluda a los telespectadores de Antena 3 Noticias: “Muy buenas noches. En nueve días, 558 nuevos delincuentes”. El presentador arranca su informativo con una noticia sobre la nueva ley de tráfico, que condena con cárcel a los automovilistas borrachos. Dentro vídeo. Sobre el rótulo de “558 delincuentes”, aparece en pantalla el más peligroso de todos ellos: nada menos que el líder del Partido Popular. Durante unos eternos dos segundos, 3.292.000 telespectadores contemplan la imagen de Mariano Rajoy mientras Matías sigue hablando. “…Conductores detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol o por hacerlo demasiado deprisa”. Y viva el vino.

Los medios de comunicación son imperfectos por definición, por su propio carácter periódico, por la velocidad a la que se factura la información. Cualquiera que haya trabajado en televisión sabe explicar perfectamente qué pasó hace unos días en Antena 3 Noticias. Es un error humano bastante común cuando se trata de un programa tan complejo como un informativo, donde se mezcla la señal del plató con una veintena de vídeos más. Probablemente alguien en la cabina de realización se equivocó de botón, dio paso al canal que no tocaba y emitió así la imagen congelada de un Rajoy que, con seguridad, era otro de los vídeos previstos. Sucede con bastante frecuencia y hay veces en las que este error da para muchos chistes. En una ocasión, un presentador contó la noticia de una cumbre de ministros de la Unión Europea mientras en pantalla una piara de cerdos subía a un camión de ganado. Gajes del directo.

Ya que hay fallos, al menos que sean divertidos. El de Antena 3 habría tenido más gracia si, en lugar de Rajoy, se hubiese colado en plano José María Aznar y su “¿y quién te ha dicho que quiero que conduzcas por mí?”. Pero, sin duda, la repercusión no habría sido la misma si, en lugar de Matías Prats, el protagonista del anecdótico gazapo hubiese sido Lorenzo Milá o Ana Blanco. ¿Qué habría sucedido si el error se hubiera dado en el Telediario de TVE? No hace falta recurrir a la ficción. Ya pasó y no fue gracioso.

Puño de hierro

Miércoles, 15 de febrero de 2006. En el informativo nocturno de La 2, al final de un vídeo sobre las torturas estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib, aparece un plano de Rajoy. A la mañana siguiente, el PP denuncia la “manipulación” que “no admite ninguna explicación” y pide la dimisión del jefe de informativos, Fran Llorente, y de la entonces directora general de RTVE, Carmen Caffarel. En una indignada nota de prensa, anuncian que ponen el caso en manos de sus abogados. Eduardo Zaplana asegura que “es una manipulación política intolerable e inasumible desde el punto de vista democrático, nadie se cree que haya sido un error”.

Tras siete días más de puñetazos en el pecho, de tertulias, de soflamas, el caso llega al Congreso y no decae. “A mí me asombra que la directora general de RTVE no tenga cinco minutos para explicarse, pero sí los ha tenido para manipular una información”, critica desde el estrado la diputada del PP Macarena Montesinos. Dentro vídeo. La parlamentaria conservadora continúa con su discurso frente a Carmen Caffarel: “Acabamos de asistir a un despreciable ejemplo de manipulación en una televisión pública, a una jugarreta infame, a una asociación de imágenes que tiene un objetivo político bien claro”.

Cualquier error lo suficientemente avanzado es, a ojos del PP, indistinguible de la maldad. Montesinos continúa: “A usted, señora Caffarel, le produce risa; ésa es la risa que le producen los agradecimientos que le deben de dar por manipular y por el sectarismo que ha implantado en TVE.”

Mandíbula de cristal

Volvamos al miércoles pasado. Sólo tres horas después del gazapo del realizador de Matías Prats, Esperanza Aguirre participa en 59 segundos, en TVE. La presentadora, Ana Pastor, hace la primera pregunta: ¿Por qué Rajoy se niega a que el debate electoral sea en TVE? Aguirre, responsable de Telemadrid, responde sin empacho con los argumentos de Rajoy: TVE es “gubernamental” y no garantiza la pluralidad ni el trato igual a todas las fuerzas políticas. Y cita como ejemplo el error del telediario de La 2, Rajoy y Abu Ghraib. Qué bonita simetría.

Mariano Rajoy ha pasado en sólo unos meses del boicot a Prisa a elogiar la “pluralidad” de Cuatro frente a TVE (y se refiere a la de ahora, no a la de Alfredo “ce ce o o” Urdaci). Los enemigos de mis enemigos son fuego amigo. Tampoco es la primera vez que Rajoy rectifica sin reconocerlo. Esta semana, habló tres veces sobre los debates electorales y en cada ocasión dijo una cosa diferente. Primero, que serían tres y en las privadas. Después, que dos sin TVE. Al final, que donde sea y los que sean, que él no se mete. Tras muchas vueltas, ahora suena que uno será en TVE y otro tal vez en Antena 3. Vistos los antecedentes, Rajoy debería vigilar más a los electroduendes, no le vayan a dar con el vídeo equivocado.

La España de las autonomías es la España del eufemismo. Tanto es así que tuvo que venir la Real Academia Española para arreglar el significado de las palabras que los políticos inventaron para no dejar otras escritas. Como el búnker franquista no quería aceptar la realidad, que España es un estado plurinacional, en el artículo 2 de la Constitución se redactó que la nación española “garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. ¿Y qué es una nacionalidad? Hasta entonces la palabra significaba 1. condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación ó 2. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación. Tuvo que crecer el diccionario de la RAE con dos nuevas acepciones para nacionalidad para que el invento cuadrase: 3. Comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural y 4. Denominación oficial de algunas comunidades autónomas españolas.

Esto es lo que los filólogos llaman una definición circular, pues asume una comprensión anterior del término que es definido. La Constitución requiere de diccionario; el diccionario refiere a la Constitución. ¿Qué fue primero: la nacionalidad o la autonomía?

El nombre es arquetipo de la cosa

Una discusión llega a su punto inútil, ése en el que ya no merece la pena seguir, cuando lo que se discute es el significado de las palabras y no las ideas. En España, han pasado 30 años desde que nos inventamos el eufemismo de las autonomías y las nacionalidades para evitar la palabra prohibida, la España federal, y así no tener que discutir. Hemos construido nuestro presente con la ambivalencia como cimiento. La España autonómica era así una definición difusa que permitía a la periferia soñar que vive en un marco federal al tiempo que en la capital no se abrían las costuras por la pérdida del poder central. En este país, siempre parece que estemos empezando.

España necesita algo más que eufemismos para que sobreviva algo más que la palabra. Por mucho que el Ejército aparezca como garante de la unidad de la patria en uno de los artículos más anacrónicos de la Constitución, en democracia un Estado sólo puede existir si las personas que lo conforman así lo desean. En los últimos años, ha crecido el número de ciudadanos a los que el marco ya no convence.

El problema es complejo pero se puede resumir en dos ciudades, en dos epicentros: el españolista y el periférico. Madrid, que conjuga al mismo tiempo su momento de mayor poder económico con una paulatina pérdida de poder político, que se escapa por arriba, hacia Europa, y por abajo, hacia las autonomías. Barcelona, que nunca en tres siglos ha tenido tanta autonomía política como ahora, pero que se encuentra hoy sin un modelo económico claro para afrontar su futuro, que se agrava por un presente con problemas de infraestructuras impropios de la octava potencia mundial. Ninguna de las dos urbes está contenta con esta situación, que no se arregla con eufemismos sino con inversiones y mucha pedagogía.

El viraje al centro

“Zapatero empezó la legislatura hablando de la España plural y la termina hablando del Gobierno de España”, me recuerda un político catalán. Tiene parte de razón en su queja. El PSOE, que fue valiente al afrontar la renovación del desfasado modelo autonómico, termina estos cuatro años con un giro jacobino, azuzado por las encuestas. Según sus análisis, de todos los charcos que ha pisado el Gobierno durante este mandato –la negociación con ETA, la vivienda, los retrasos del AVE, las Cercanías de Barcelona, el juicio del 11-M o el matrimonio homosexual–, sólo las reformas estatutarias pueden pasarle recibo político en las elecciones. De todas las profecías apocalípticas del PP, sólo ha calado el “España se rompe”. Por eso no se pactó en Navarra, por eso el rey viaja a Ceuta y Melilla, por eso se coloca a José Bono como candidato a presidir el Congreso de los Diputados antes de ganar las elecciones.

Dice Zapatero que quiere un Gobierno fuerte. Lo tiene cerca. La porra que ahora circula sitúa al PSOE en 170 escaños: está más próximo de la mayoría absoluta que de perder. Zapatero tendrá así otra oportunidad para encontrar un nuevo equilibrio para las dos Españas, la periférica y la central. No hace falta ni más himno ni más bandera –otra forma de eufemismo–. La España de las autonomías debe convertirse en la España federal. Dentro de un año, la Constitución cumplirá tres décadas. Es un buen momento para reformarla. Ya es hora de que nuestra Carta Magna llame a las cosas por su nombre.

La AVT no está sola, aunque falte Mariano Rajoy. Hoy, por la derrota de ETA y contra el futuro de subjuntivo (negociare o negociase), han salido a las calles de Madrid las Juventudes Falangistas, Democracia Nacional, Alianza Nacional, la Falange, Asociación Comandante Ynestrillas, España y Libertad, Frente Nacional, los Peones Negros, Alternativa Española y Juventudes de la Falange Española. También ha estado el PP.

Hace ya semanas que los estrategas del Partido Popular juegan con dos barajas. Por un lado, encuentran citas ineludibles en Almería para poder escapar a una manifestación, la undécima manifestación del siglo de esta legislatura, que estaba convocada hace semanas. Por el otro, mandan mensajes de ánimo, de respaldo, de apoyo cerrado a Francisco José Alcaraz, al que espera la Audiencia Nacional para que explique con qué pruebas contaba cuando acusaba alegremente al Gobierno de llevar a cabo el proyecto de ETA.

En privado, algunos dirigentes conservadores reconocen que Alcaraz se les ha ido de las manos, que es incontrolable, que es impresentable. A unos periodistas nos cuentan que se quieren bajar de este autobús, que ya no es tan cómodo como antes. A otros les explican que su apoyo a la AVT es tan firme como siempre.

A todos nos dicen lo que queremos oír.

Hay una leyenda, muy extendida durante estos últimos años, que presenta a Mariano Rajoy como a un líder centrista atrapado por un partido de derechas. Según esa escuela de pensamiento, Mariano Rajoy es como el Michael Corleone del Padrino III, ese de “justo cuando pensé que ya estaba fuera, me vuelven a arrastrar hacia dentro”.

En esa fantasía, el líder del PP es un devoto centrista –dialogante y educado– al que le gustaría hablar de bajadas de impuestos, de cambio climático, de vivienda y de las cosas que de verdad interesan a los españoles, pero que se ve arrastrado por la rencorosa sombra de José María Aznar hacia la crispación de extrema derecha.

Es cierto que algo de eso ha habido en alguna ocasión, como cuando Ángel Acebes anunció un recurso contra el matrimonio homosexual sin consultar y contra el criterio de su jefe. Pero si Rajoy es realmente el conservador moderado al estilo europeo que nos vendieron una vez, tras casi cuatro años de oposición, su pecado es aún más grave. Si después de todo este tiempo al frente del PP, Mariano Rajoy no ha sido capaz de marcar su propia línea política hay que hablar de simple y llana incompetencia, no de tópicos de gallegos y escaleras.

¿Es Fernando Grande-Marlaska un juez conservador? Algunos episodios de su currículum: en junio de 2007 atribuyó el accidente del Yak-42 a la incompetencia de la tripulación y eximió de cualquier responsabilidad al Ministerio de Defensa, que contrató el vuelo. El 30 de agosto de 2007 decretó la apertura de juicio oral por injurias a la Corona a varios dibujantes. Esta semana, ha archivado la causa de los errores en la identificación de cadáveres del Yak-42.

Hace unos meses, el juez envió una carta al diario El País quejándose de una información donde se le situaba entre los jueces “conservadores” a los que el CGPJ había favorecido con sus decisiones. Marlaska, en su carta, citaba varios episodios biográficos para desmentir este adjetivo: conservador. Entre ellos, recordaba –con razón– que había sido uno de los primeros jueces en atacar la violencia de género. Pero también utilizaba un argumento sorprendente. Cito textualmente:

Ya que se me tacha de pertenecer a un supuesto sector conservador duro, me gustaría recordarle la entrevista que concedí a una periodista que trabaja para el diario El País, publicada el 11 de junio de 2006, y donde dentro de la normalidad que entiendo debe guiar toda convivencia democrática reconocí mi homosexualidad y cómo me había casado. Y lo hice por una única motivación: exigencia personal y ética. Subrayando, igualmente, como no conozco muchos ejemplos parecidos dentro de la esfera pública, cuando, al día de hoy, aún son necesarios.”

Le doy la razón en parte: sí hacen falta esos gestos en España. Y sí, aún no son habituales y fue valiente por su parte. Pero considerar que ser homosexual es sinónimo de ser progresista sí que es profundamente conservador.

Año 1549. Bartolomé Bustamante de Herrera, arquitecto jesuita, visitador de las obras reales, recorre la cuenca del Pisuerga. Tiene un encargo del regente de España, Maximiliano de Habsburgo, sobrino del emperador Carlos V. El príncipe alemán, que nació en Viena, a las orillas del Danubio y se crió rodeado de canales, en Flandes y los Países Bajos, quiere impulsar el comercio fluvial en una Castilla encastillada, ensimismada. Su salida natural al mar está hacia el oeste, siguiendo el Duero hasta Oporto. Pero la frontera política con Portugal obliga a sacar las mercancías por el norte, en carro hasta Santander. Bartolomé Bustamante de Herrera tiene que responder a varias preguntas del regente español. ¿Es posible hacer del Pisuerga y sus afluentes una cuenca navegable? ¿Se puede conectar Valladolid con Burgos a través del Pisuerga y el Arlanzón? ¿Es viable un canal que desde allí enlace con el Cantábrico para llevar hasta el mar el trigo y la lana? El informe del jesuita es desfavorable. Los caudales de los ríos castellanos son demasiado irregulares y el terreno es demasiado accidentado. Ancha es Castilla. La obra es imposible, demasiado cara.

En Europa los retos imposibles no lo son tanto. Francia comunica el Mediterráneo con el Atlántico en 1681, con el Canal du Midi. Inglaterra construye el canal Bridgewater para llevar el carbón de las minas hasta Manchester en 1761 -tras la obra, el precio del carbón en Manchester bajó a la tercera parte- y lanza así su revolución industrial. ¿Y España? Tarde y mal. En el siglo XVIII, era más barato comprar en Santander el trigo que llegaba de Francia en barco que el que venía desde Palencia a través de los caminos sin pavimentar de la meseta.

El canal obsoleto

A mediados del siglo XVIII, el marqués de la Ensenada recupera los viejos estudios de Bartolomé Bustamante -en doscientos años no se había hecho mucho más- para volver a soñar con el progreso. En 1753 comienza la construcción del Canal de Castilla. El proyecto inicial era ambicioso, el resultado tardó un siglo y quedó inconcluso. Las obras del canal terminaron en 1849, un año más tarde de la primera línea de tren española, del ferrocarril Barcelona-Mataró. El canal estuvo más tiempo en construcción que en funcionamiento. Nunca fue rentable, pues tardó tanto que cuando llegó fue tarde. Castilla encontró por fin su salida al mar pero fue montada en tren, con el Ferrocarril de Isabel II, desde Alar del Rey hasta Santander. Hoy el Canal de Castilla, la costosa infraestructura que nos llevó tres siglos de estudios y uno de obras, sólo sirve para algunos regadíos y para dar paseos en bici por sus orillas.

Al menos el Canal de Castilla llegó a funcionar. El que durante décadas fue el túnel ferroviario más largo jamás construido en España nunca se estrenó. Se trata del túnel de la Engaña. Mide casi siete kilómetros y cruza desde Merindades, en Burgos, hasta Vega de Pas, en Cantabria. La obra llevó 18 años, de 1941 a 1958. Dentro de poco, el larguísimo túnel cumplirá medio siglo y jamás ha visto pasar un solo tren.

El túnel inútil

El paso de la Engaña mide 6.976 metros de largo que fueron excavados casi a martillazos. Y también a latigazos. Lo construyeron sin apenas maquinaria 150 civiles y unos 500 presos republicanos, del cercano campo de concentración de Valdenoceda, que “redimieron sus penas” con trabajos forzados. 11 de ellos murieron en accidentes durante la obra. Muchos más enfermaron después de silicosis, pues se llevaron el agujero de la montaña en sus pulmones. Su sacrificio fue en vano.

El paso de la Engaña era el tramo más difícil de un proyecto aún más ambicioso: el ferrocarril Santander-Mediterráneo. La línea fue aprobada en 1905 y pretendía unir el Cantábrico con el Mediterráneo, Valencia con Santander. El tren iría de un mar a otro, de puerto a puerto, para ahorrar así a los barcos la semana larga que se tardaba entonces en rodear la península.

A lo largo de medio siglo, se completó la mayor parte del trazado: Valencia-Teruel-Calatayud-Soria-Burgos. En 1959, cuando el túnel de La Engaña ya estaba terminado y sólo faltaban 60 kilómetros más para llegar hasta Santander, Franco canceló uno de los pocos proyectos ferroviarios de la España periférica, una de las pocas grandes líneas que no pasaban por Madrid. El 1 de enero de 1985, el plan de saneamiento de Renfe, que dejó fuera de servicio miles de kilómetros de tren, remató el Santander-Mediterráneo. El ministro de Transportes socialista Enrique Barón cerró gran parte de los tramos de una línea que nunca llegó a ser rentable porque jamás se terminó.

El paso de la Engaña se quedó esperando el tren. Hasta hace poco, hubo planes para recuperar el túnel con una carretera -durante años, algunos camiones lo usaron como atajo para evitar la nieve del puerto del Escudo-. Muchos también se atrevían a cruzarlo en bici. La excursión hoy es muy peligrosa: en el interior del túnel los desprendimientos son constantes y un pequeño derrumbe ha cegado el trayecto, tal vez para siempre.

La estación de la Engaña hoy es un establo de animales. En sus paredes, llenas de pintadas, hay una especialmente elocuente: “Los ingenieros hicieron este ferrocarril, los políticos lo destruyeron y el sentido común sigue pidiendo su terminación”. Con todo, la pequeña estación de la Engaña no es el mejor ejemplo en forma de estación de tren de cómo los políticos, con alguna ayuda de los ingenieros, se pueden conjurar contra el sentido común. Ese dudoso honor es para la estación internacional de Canfranc, en Huesca; un Titanic varado en los Pirineos.

Canfranc y el iceberg

La estación de Canfranc mide 241 metros de largo -diez metros más que un lado de la base de la Gran Pirámide de Egipto-. Después de la terminal de Leipzig, es la mayor estación de tren de toda Europa. Es también la única de su tamaño que está abandonada.

La inauguró Alfonso XIII en 1928 al grito de “Ya no hay Pirineos”. Con ella culminaba un proyecto de décadas para cruzar las montañas por tren y comunicar España con Francia. Su historia da para una película en blanco y negro. A través de esta impresionante estación, de este palacio modernista de la era industrial, salió el wolframio de las minas españoles camino de las fábricas de tanques Panzer nazis (el wolframio se usaba para mejorar los blindajes). Por Canfranc entró el oro de los judíos con el que Hitler pagó el favor a su aliado español. Tras la derrota alemana, Francia cerró la frontera durante varios años y Canfranc, la estación más grande y lujosa de España, comenzó su decadencia.

Más allá del desinterés francés, la estación se fue a pique por culpa de una de las decisiones más estúpidas de la historia de España, la de adoptar un ancho de vía diferente al europeo con la excusa del accidentado terreno español. Contra lo que dice la leyenda -que culpa a los políticos o a los militares- la errónea decisión fue cosa de ingenieros, que aconsejaron un ancho de vía mayor porque pensaban entonces que caldera grande -ande o no ande- era también sinónimo de tren más potente, lo cual después se demostró falso. Canfranc era así parada obligatoria para cada mercancía, para cada pasajero. Siempre había que cambiar de vagón.

En 1970, un tren de mercancías descarrilló y en su caída derrumbó el puente francés de L’Estanguet. La línea quedó cortada y ya lleva 37 años así. El Gobierno de Aragón quiere recuperar la vieja estación de Canfranc como un hotel de lujo. Aunque sea sin más tren que el Canfranero, que aún hoy une Valencia, Teruel y Zaragoza con el gigante que chocó con la historia.

La España radial

Cuando vivía en Almería, algunos de mis amigos de Madrid me avisaban si pasaban por Sevilla para ver si podíamos vernos. Quedaban sorprendidos cuando les explicaba que era más fácil para mí encontrarnos en Londres -a tres horas de avión- que en Sevilla, a cinco horas de ferrocarril. La red radial -otro de los trenes perdidos- no sólo existe en los mapas, también en la cabeza de los madrileños. Desde la capital, sorprende cuando nos explican que se tarda casi lo mismo -unas dos horas- de Londres a París o de Madrid a Sevilla que de Barcelona a Castellón.

Si se cumplen los planes de Fomento, para el 2020 España habrá terminado la construcción de su red de alta velocidad y Almería estará a sólo dos horas de Sevilla. Pero cumplir plazos no es algo habitual en nuestras infraestructuras. Los 700 kilómetros del AVE Madrid-Barcelona, si es que se estrena en los próximos meses, habrán tardado en construirse 13 años. No es como para presumir. Es un año más de lo que llevó construir, en el siglo XIX, los 8.000 kilómetros del transiberiano. Puede que cuando el AVE llegue a Teruel o a Soria, las líneas de alta velocidad sólo sirvan para dar paseos en bici. No sería la primera vez que nos pasa.

La cárcel perfecta es aquella donde el menor número de guardianes puede controlar al mayor número de reclusos. La cárcel perfecta es esa donde el prisionero no sólo cumple su condena sino que rehabilita su comportamiento. La cárcel perfecta es el Panóptico, de Jeremy Bentham. En 1791, este filósofo inglés diseñó una prisión muy distinta a los siniestros calabozos o torreones de la época. El Panóptico era un edificio circular con una torre central de vigilancia. Según sus planos, el anillo exterior estaría dividido en celdas con tres paredes opacas y una cuarta, la que mira al interior, enrejada. Los prisioneros, de este modo, no podrían verse entre sí. Pero desde la torre, mediante un sistema de espejos, los carceleros podrían observar sin ser vistos a los reclusos en todo momento, en cada rincón de sus celdas. Los prisioneros nunca sabrían si alguien estaba mirando, por lo que estarían en permanente tensión.

Bentham presumía de que, al cabo de un tiempo, se podría sustituir a los carceleros por algún automatismo que, simplemente, simulase el sonido de sus pasos. Pero no sólo se trataba de ahorrar en carceleros. Su cárcel era un modelo de reinserción. El filósofo inglés aseguraba que los prisioneros, después de una larga temporada en el Panóptico, seguirían actuando al salir de prisión como si siempre tuviesen el ojo de la ley en el cogote.

El Panóptico nunca llegó a construirse. La corona inglesa estaba más preocupada en aquel tiempo por Napoleón que por reformar presidios. Pero sus planos inspiraron después las llamadas cárceles modelo, como la de Barcelona o la de Madrid. Un siglo más tarde, la llegada de las cámaras de vídeo acabó con la necesidad de una estructura circular o poligonal. El diseño del Panóptico dejó de tener sentido. Pero las teorías de Bentham sobre el comportamiento humano cuando un ojo vigila se volvieron más valiosas que nunca.

Las ideas de Bentham inspiraron también a otro londinense: George Orwell y su Gran Hermano. El Panóptico es, sin duda, algo muy británico. Los ingleses siempre han estado en la vanguardia de la videovigilancia. Si hoy caminas por el centro de Londres, cada diez segundos una cámara diferente grabará tu paseo. En la ciudad más vigilada del mundo hay alrededor de medio millón de ojos electrónicos. Tocan a 14 londinenses por cada cámara.

Hace unas semanas, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, viajó a Londres para entrevistarse con su homólogo londinense, Ken Livingstone. Entre otras cosas, el alcalde neoyorquino se mostró interesado en replicar en su ciudad una red de videovigilancia como el llamado anillo de acero londinense. “En estos tiempos hay que ser muy ingenuo para pensar que las cámaras no te están vigilando todo el tiempo”, dijo Bloomberg a la salida de la reunión. “Vivimos en un mundo peligroso y la gente desea tener cámaras de seguridad”. Como de costumbre, es por nuestro bien.

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En el mundo peligroso de esta semana hemos descubierto que España es racista. Nos hemos enterado, como siempre, por la televisión. No se sabe si las cámaras de videovigilancia sirven para evitar que un desequilibrado se comporte como tal –el agresor racista del tren lleva dos años en tratamiento psiquiátrico–. Pero sin duda ayudan a que todo un país descubra sus miserias.

El neng del tren tuvo mala suerte. Si en lugar de un tren con videovigilancia en Barcelona hubiese escogido un descampado en El Ejido, otro gallo le cantaría. En esta ciudad de Almería, el PP ha pedido el indulto para dos vecinos que secuestraron y apalearon con bates a unos inmigrantes. El PAL, el partido del alcalde, el ex del PP Juan Enciso, también apoya la moción. El PSOE, que gobierna la Diputación de Almería con el apoyo del PAL, se opone sólo tibiamente: los socialistas piden ahora el tercer grado, aunque en otras votaciones municipales también respaldaron el indulto. Aquel día no había ninguna cámara de vídeo.

Es difícil encontrar un lugar donde el sentimiento patriótico sea tan intenso como en Estados Unidos. Sin embargo, allí no es un delito pegar fuego al principal símbolo nacional: la bandera de las barras y estrellas. En el país más patriotero del mundo, este tipo de protesta no sólo no conlleva ninguna sanción sino que es completamente legal. En 1989, una sentencia de la Corte Suprema anuló una condena de doce meses de cárcel a un manifestante comunista: Gregory Lee Johnson. Sus abogados dejaron claro que una cosa es quemar un símbolo y otra muy distinta quemar lo que representa.

Cinco años antes, en 1984, Johnson había quemado en público una bandera estadounidense como protesta por la política de Ronald Reagan. “Escupo sobre América”, fue su frase para la historia. El estado de Texas lo encarceló, pero el Supremo consideró que la libertad de expresión estaba por encima de cualquier símbolo. La sentencia sentó jurisprudencia y obligó a todos los estados de la unión a eliminar las leyes contra la quema de banderas, unas prohibiciones que habían nacido con las protestas por la guerra de Vietnam.

Desde la sentencia del caso Johnson, los conservadores estadounidenses han hecho de este tema su propia bandera populista. En numerosas ocasiones han llevado al Senado una enmienda constitucional que permita castigar con la cárcel a los que quemen la bandera. De momento, siempre han perdido la votación y lo tienen difícil: hace falta una mayoría de dos tercios para modificar la Constitución.

En España, arreglar el problema de la quema de símbolos reales es mucho más sencillo. La excepcional defensa del honor de la familia real no se sustenta en la Constitución sino en el artículo 491 del Código Penal. Y no hace falta más que una mayoría simple para modificarlo, para que al menos en eso todos seamos iguales ante la ley y no haya un honor de primera para la sangre azul y un honor de segunda para el resto. Ni siquiera hay que meterse en reformas legales: de momento, al Gobierno le bastaría con pedir algo de moderación a una Fiscalía que, con su política de mano dura forzada por el interesado escándalo de la derecha, ha convertido unas protestas anecdóticas en todo un incendio republicano.

Si la estabilidad de la monarquía española depende de un mechero, muy mal le irá al rey. Siempre que haya medios de comunicación que amplifiquen las protestas, habrá al otro lado quien pegue fuego a la foto. Los mismos que se escandalizan son los que avivan el incendio.

Las protestas vienen bien para recuperar otra vez el ‘España se rompe’, ese viejo éxito de los creadores de otras cintas de catástrofes como ‘La rendición de Navarra’ o ‘La mochila del 11-M’. La derecha española no es ni monárquica ni republicana: sólo oportunista. El rey es un simple accidente geográfico en el camino hacia La Moncloa. Un día se le maltrata y al siguiente se le utiliza como un símbolo más de esa colección -el himno, la bandera, la canción de ‘libertad sin ira’- que se quiere apropiar la derecha.

Los mismos obispos que ruegan a los feligreses oraciones por el pobre monarca, “que tan mal está siendo tratado”, son después los que amparan desde su radio los mayores ataques contra la Corona, los incendios más graves. Gran parte de la culpa, otra vez, es de la Fiscalía, que no aplica el mismo rasero. Pegar fuego a una foto es un delito, acusar al rey de cómplice de un golpe de estado por firmar el Estatut catalán es libertad de expresión. Un chiste verde sobre los príncipes merece el secuestro de una revista. Llamarle “subnormal genético”, como hizo Ynestrillas, es sólo un calentón.

La estrategia no cambia, no lo ha hecho en los últimos tres años. Primero se profetiza el desastre y después se ponen los medios para que la profecía se cumpla. Esta semana, Zapatero se verá más con el rey que con Sonsoles: tiene con él cuatro citas en tres días. Ni con esas evitará que el próximo 12 de octubre se convierta en una pitada pepera por no defender al rey del fuego amigo de la derecha.

Hay una parte positiva: al menos ya no hablan de ETA.