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Luis García Montero

La crisis económica actual y la pérdida de autoridad de la política ante los poderes financieros han acentuado el descrédito de los partidos tradicionales. (…) . Así surgen líderes que adquieren un peso decisivo no por lo que significan en rigor, sino por el oportunismo de sus movimientos en el teatro oficial. La historia de España cuenta con el caso destacado de Alejandro Lerroux, que pasó del discurso obrerista más radical y la Conjunción Republicano-Socialista, a pactar con la derecha más rancia, y se olvidó de que había sido ministro de Estado con Manuel Azaña para presidir los gobiernos reaccionarios del Bienio Negro. Se hizo famosa la conversación de dos monjas en la cola de una mesa electoral, muy sorprendidas ante las vueltas de los acontecimientos terrenales. ¡Qué barbaridad -decían-, hemos salido dos veces del convento, una para votar contra Lerroux y otra para votar a favor de Lerroux!

En el paisaje de la política actual, sólo Rosa Díez puede igualarse con Lerroux en sus dotes para el manejo de la farsa. Es sorprendente que haya conseguido encarnar una parte significativa del deseo de regeneración democrática y de frescura electoral. Ni los argumentos superficiales ni las razones profundas justifican su representación de este papel. Si frescura electoral supone un cambio de rostros, ella es esclava de su pasado, después de haber militado durante mucho tiempo en el PSOE, haber ocupado durante siete años la Consejería de Turismo del Gobierno vasco bajo la presidencia del PNV, haber promovido una demanda cívica contra una viñeta del humorista Antonio Mingote -que se había reído de su lema más famoso para la promoción de los viajes a Euskadi, Ven y cuéntalo- y haber sido por dos veces eurodiputada socialista en las legislaturas de 1999 y 2004.

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Juan Carlos Escudier

Aunque sólo sea muy de vez en cuando, hay que complacer a los que votan, que, por lo general, son gente que no entiende de estrategias o de fintas. Y los que votan querían ver este pasado miércoles algún signo de entendimiento entre el PSOE y el PP para salir de la crisis y hasta se hubieran conformado con un simple brindis al sol. Los que votan, al fin y al cabo, son los que pagan, y es muy descortés desairar al que paga, aunque sea por su bien. Por eso, lo de Rajoy ha de ser una pulsión suicida, porque nadie que ve rodar hacia él una gigantesca bola de nieve trata de pararla con ambas manos, y menos si está avisado y puede ver que uno de quienes la empujan es un tipo con corona que habla en plural mayestático. Lo inteligente en estos casos es correr en la misma dirección y, llegado el caso, apartarse a la menor oportunidad.

Será por convencimiento en sus virtudes o por una propaganda de décadas, pero lo cierto es que tenemos idealizados los pactos, especialmente en circunstancias límite. Al empresario asfixiado y sin crédito, al trabajador que se ve próximo al INEM o al que ya está a sus puertas haciendo cola les resulta imposible entender que sus líderes no sean capaces de pensar en otra cosa que no sean sus intereses particulares. Está claro que el pacto no tiene necesariamente que beneficiarles y, no es extraño, que quien lo anhelaba acabe maldiciéndolo, ya que suele incluir medidas que ningún partido se atrevería a plantear en solitario. Sin embargo, es indudable que tiene un efecto placebo en la ciudadanía y genera esperanza. Ignorarlo es muestra de una gran ceguera.

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Ramón Sáez y Santiago Torres

Los delitos graves que afectan a la vida, salud o libertad sexual despiertan emociones de ira y venganza en las víctimas y sus allegados. Los medios de comunicación difunden esos sentimientos al resto de la comunidad, alimentando un clima colectivo, siempre latente, que afirma la impunidad de los delincuentes, provocando desconfianza en el funcionamiento de la justicia. Es cierto que algunas decisiones u omisiones de los agentes del sistema son erróneas y otras incomprensibles, por lo que dan pábulo a la desconfianza. Aunque son excepcionales las que inciden en la seguridad, al ser recordadas una y mil veces construyen una apariencia de normalidad. El escándalo es siempre interesado, se desentiende de la condena o la persecución injusta de un inocente -cuando se llega a descubrir- que en alguna medida es consecuencia de las demandas públicas de rigor patibulario.

Algunos sectores de la política tratan de satisfacer ese estado de opinión, que previamente han propiciado, con soluciones definitivas en clave electoral: incrementar las penas hasta el límite de la vida del condenado. La cadena perpetua. Trasladan un mensaje de que las penas de prisión eficaces deben afectar a toda la vida del agresor. Con lo que pueden convertir las cárceles en contenedores de desechos humanos. Olvidan que nuestro código establece el límite máximo de las penas de prisión en 30 y 40 años. ¿Se puede intuir qué supone estar 30 años en un espacio cerrado, entre la celda y el patio, donde hasta los detalles más insignificantes de la vida privada se encuentran vigilados? ¿No es suficiente sanción? El tiempo, que en libertad se nos escapa por momentos, dentro de la prisión se hace eterno.

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Juan Carlos Escudier

Empezó siendo una impresión de Bono, que hace dos años dijo tener la intuición de que Zapatero no se presentaría a un tercer mandato, y hoy no hay quien deje de hablar de ello, especialmente en el PSOE, donde uno pregunta por el tiempo y le contestan con que el presidente es un líder inconmensurable, incontestable y chiripitifláutico. Porfiando por la continuidad de Zapatero se han manifestado la vicepresidenta, el vicesecretario general socialista, la secretaria de Organización, el portavoz parlamentario, el ex presidente del Gobierno y hasta el recepcionista de Ferraz, que le tiene aprecio. Todos menos el afectado, que se ha puesto en plan Pujol diciendo que ahora no toca y con su silencio sigue alimentando la especulación de que su futuro está en León, tomando vinos por el Barrio Húmedo.

Parece evidente que este mutismo no favorece las expectativas socialistas, especialmente después de que una encuesta de El País revelara que dos tercios de los españoles no sólo no se cortarían las venas con el adiós de Zapatero, sino que se las dejarían largas, y que al menos la mitad de los votantes socialistas vería conveniente el relevo. En consecuencia, el hecho de que Zapatero mantenga sin despejar la incógnita sólo puede significar que la intuición de Bono no era producto de un sueño sino de una revelación del interesado, que por esas fechas lo tenía claro y que ahora, por lo visto, se lo está pensando.

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Eduardo Galeano

La democracia haitiana nació hace un ratito. En su breve tiempo de vida, esta criatura hambrienta y enferma no ha recibido más que bofetadas. Estaba recién nacida, en los días de fiesta de 1991, cuando fue asesinada por el cuartelazo del general Raoul Cedras. Tres años más tarde, resucitó. Después de haber puesto y sacado a tantos dictadores militares, Estados Unidos sacó y puso al presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido el primer gobernante electo por voto popular en toda la historia de Haití y que había tenido la loca ocurrencia de querer un país menos injusto.

Para borrar las huellas de la participación estadounidense en la dictadura carnicera del general Cedras, los infantes de marina se llevaron 160 mil páginas de los archivos secretos. Aristide regresó encadenado. Le dieron permiso para recuperar el gobierno, pero le prohibieron el poder. Su sucesor, René Préval, obtuvo casi el 90 por ciento de los votos, pero más poder que Préval tiene cualquier mandón de cuarta categoría del Fondo Monetario o del Banco Mundial, aunque el pueblo haitiano no lo haya elegido ni con un voto siquiera.

(…) Estados Unidos invadió Haití en 1915 y gobernó el país hasta 1934. Se retiró cuando logró sus dos objetivos: cobrar las deudas del City Bank y derogar el artículo constitucional que prohibía vender plantaciones a los extranjeros. Entonces Robert Lansing, secretario de Estado, justificó la larga y feroz ocupación militar explicando que la raza negra es incapaz de gobernarse a sí misma, que tiene “una tendencia inherente a la vida salvaje y una incapacidad física de civilización”. Uno de los responsables de la invasión, William Philips, había incubado tiempo antes la sagaz idea: “Este es un pueblo inferior, incapaz de conservar la civilización que habían dejado los franceses”.

Haití había sido la perla de la corona, la colonia más rica de Francia: una gran plantación de azúcar, con mano de obra esclava. En El espíritu de las leyes, Montesquieu lo había explicado sin pelos en la lengua: “El azúcar sería demasiado caro si no trabajaran los esclavos en su producción. Dichos esclavos son negros desde los pies hasta la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios, que es un ser muy sabio, haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo enteramente negro”.

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Juan Carlos Escudier

Se ha hecho esperar pero, finalmente, el debate sobre la inmigración ha irrumpido en plena crisis a cuenta de la decisión del Ayuntamiento de Vic de exigir a los foráneos los mismos requisitos para el empadronamiento en el municipio que para la entrada en el país. Se trata de una forma elegante de dar a los extranjeros indocumentados con la puerta en las narices, ya que la inclusión en el censo es clave no sólo para conseguir ulteriormente el permiso de residencia o de trabajo sino también para acceder a la sanidad, la educación y otros servicios sociales. En Vic hay muchos inmigrantes –un cuarto de la población es extranjera- y un partido de ultraderecha que amenaza con mandar a la oposición a la coalición gobernante de CiU, PSC y Esquerra. Para evitarlo, el insólito tripartito se ha aprestado a copiar sus métodos para enseñar al tal Anglada, que así se llama su rival, que de xenofobia saben lo suficiente como para no admitir lecciones.

Como es bien conocido, este país no es racista ni xenófobo y se conmueve mucho con las hambrunas de Etiopía y con las desgracias de esos negros de Haití a los que se les ha caído la chabola encima, sencillamente, se les ha tragado la tierra. De hecho, hasta nos parece bien que alguno haya venido a cuidarnos a la abuela por un sueldo módico, que no estamos para dispendios, siempre y cuando cotice a la Seguridad Social, no nos colapse las Urgencias y no se quede para su hijo las becas comedor del nuestro, que habrá nacido aquí pero por su cara bien podría haberlo hecho en Quito. Los de fuera nos caen bien si son pocos y no nos ponen la radio a lo que da con la última de Carlos Vives.

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Juan Carlos Olarra

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la remisión del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible a los órganos consultivos, trámite que aprovechó para modificar el texto la disposición final primera, que contiene la regulación conocida como ley antidescargas. (…) Desde la entrada en vigor de esta Ley, existirán dos grupos de españoles. El primero, más numeroso, que podrá seguir instando la tutela judicial de sus intereses, incluso de forma cautelar, a través de los procedimientos generales establecidos en las leyes procesales, que teóricamente se tramitan de forma urgente y que en la práctica se traducen en meses. El segundo, más limitado, constituido en casta privilegiada por razón de su capacidad de influencia, para la que no son suficientes los instrumentos que proporciona nuestro ordenamiento jurídico, sino que, como ciudadanos VIP, necesitan un procedimiento First Class a la medida de su escasa paciencia y, al parecer, singular talento.

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Alicia Gutiérrez

Descendiente del general Narváez según sus parientes y consejero de una constructora familiar con 5,2 millones de euros de capital social, Ramón Narváez, de 49 años, hizo anoche a las 22.05 una entrada triunfal en su bar de la madrileña calle Lagasca. Este hombre corpulento pero no muy alto, de pelo cortado a cepillo, aire de boxeador y abrazo contundente es el mismo a quien el PP madrileño presentó como un airado radical que atacó a Tertsch influido por consignas de odio televisivo.

Pero Ramón Narváez ni siquiera ve el programa de José Miguel Monzón en la Sexta: “¿El Gran Wyoming? Yo no veo la televisión, no tengo televisor, lo tiré al cubo de la basura”. (…) “¡Qué le voy a pegar [a Tertsch]. Yo me lo encontré tirado en el suelo!”, exclama entre palmada y palmada este peculiar empresario a cuyos antecedentes por lesiones restaban ayer importancia sus íntimos. “Todo el mundo ha tenido una pelea de joven”, justificaba un cliente. A su lado, un joven de jersey rojo sobre camisa celeste y zapatos castellanos, señalaba la clave: “¿Una agresión política? Si Ramón es de derechas”.

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Nicolás García Rivas | Catedrático de Derecho Penal

De acuerdo con las declaraciones del ministro de Justicia, el Gobierno ha asumido las críticas contra su propuesta de cierre de páginas ‘web’ mediante una simple decisión administrativa (de la Comisión de Propiedad Intelectual, perteneciente al Ministerio de Cultura) y va a reformar el texto del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible para atribuir a un órgano jurisdiccional la decisión al respecto. Sin embargo, el sistema explicado por el ministro parece ideado por un enemigo del Gobierno o, lo que es peor, por los asesores de las entidades gestoras de los derechos de autor.

En efecto, aunque Caamaño ha calificado reiteradamente la propiedad intelectual como derecho ‘fundamental’, lo cierto es que la descarga ilícita de contenidos protegidos afecta sólo a derechos ‘patrimoniales’ de los creadores, que carecen por completo de esa categoría. Por muchas vueltas que le dé el Gobierno, el cierre de una página ‘web’ es una medida restrictiva de derechos individuales que debe adoptarse con los criterios previstos en nuestra legislación para este tipo de asuntos.

Sin embargo, para sorpresa de cualquier jurista, el Gobierno ha decidido aplicar a estos casos el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, que nuestra legislación arbitra a los ciudadanos cuando un órgano administrativo lesiona sus derechos. En una pirueta jurídica de escaso recorrido (el Tribunal Constitucional lo derogará, a buen seguro), el Ejecutivo da la vuelta a la cuestión y sostiene que el propietario de los derechos de autor debe ser tutelado por el órgano judicial ante la conculcación de sus derechos (‘fundamentales’) por un particular.

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Viçens Navarro

Un comentario habitual en la prensa diaria y en la prensa económica es que la recuperación económica ocurrirá mucho antes que la disminución del desempleo. Se acentúa en tales medios que el crecimiento del PIB dejará de ser negativo y comenzará a crecer lentamente este año o el próximo, pero se matiza inmediatamente que tal crecimiento no se traducirá automáticamente en un descenso del desempleo. En realidad, en EEUU, la economía ha comenzado a crecer y en cambio el desempleo en lugar de disminuir ha ido aumentando. ¿Cómo es esto posible?

Para responder a esta pregunta tenemos que entender que esta situación (en la que la recuperación económica no va acompañada de un descenso del desempleo) no es nueva, sino que ha estado ocurriendo en cada ciclo económico existente en los últimos 30 años. Durante este periodo ha habido tres ciclos económicos, es decir, situaciones en las que el crecimiento económico ha disminuido de una manera acentuada para luego recuperarse y crecer de nuevo. Pero cada vez el crecimiento es menor. Así, en EEUU, que ha sido uno de los mayores motores de la economía mundial, el crecimiento económico en cada periodo de recuperación económica ha sido menor que en el ciclo anterior. Mientras que el crecimiento económico anual fue de un 5% del PIB (como promedio anual en las recuperaciones económicas) durante el periodo 1950-1975, este fue sólo de un 2,5% en la última recuperación durante el periodo 2001-2007. Lo mismo ocurrió con la tasa de creación de empleo, que fue de un 2,5% por año durante la época 1950-1975 y sólo de un 0,9% en el periodo 2001-2007.

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Juan Carlos Escudier

Ya fuera por los dictados de la geopolítica, que obliga a la buena vecindad si uno quiere mantener limpio el patio trasero, por afear la conducta de Aznar, que el único viento que bebía por ese país era el duro de Levante, o porque a Felipe González le gusta bajarse al moro y Mohamed VI le trata como a un pachá, las relaciones con Marruecos experimentaron un giro copernicano desde el retorno del PSOE al poder en 2004. Para que no cupieran dudas, Moratinos advirtió en abril de ese mismo año en una entrevista a Le Figaro de cuáles eran las intenciones del nuevo Gobierno: “Es lamentable que se haya dejado crecer una crisis permanente con Marruecos. Nuestra prioridad va a ser establecer una relación privilegiada. Más que nunca, es necesario que haya una complicidad entre España y Marruecos, entre Francia, España y Marruecos y entre Francia, España, Marruecos y el Magreb”. ¿Y los saharauis? Tendrían que conformarse con que algunos de sus niños nos visitaran en verano para que pudieran contar en los campos de refugiados los misterios del aire acondicionado.

Hasta que esa testaruda de Aminatu Haidar vino a recordar a Zapatero que una cosa son los intereses nacionales y otra muy distinta la idea que de la justicia y la dignidad tiene la opinión pública, todo se había desarrollado según lo previsto. Había habido tensiones, como el viaje del Rey a Ceuta y Melilla o las avalanchas de inmigrantes en las sirgas tridimensionales de la frontera, pero la mano izquierda y la billetera habían sido suficientes para aliviarlas. Con Argelia, Túnez o Mauritania se guardaban las formas, pero la decisión de dar preferencia Marruecos no podía ocultarse. Ni una causa perdida como se entendía que era la del Sáhara Occidental ni algo tan etéreo como las violaciones constantes de los derechos humanos debían poner en riesgo los beneficios de una colaboración provechosa en el control del integrismo, la inmigración o el tráfico de drogas. No íbamos a poner peros a los gendarmes marroquíes, a los que además les vendíamos la porra y el resto de abalorios.

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Juan Carlos Escudier

Ni el primo de Rajoy ni el propio Aznar, que no tira de la familia para esas cosas, han podido refutar lo que es una evidencia científica: el planeta se calienta, y por eso se derriten los hielos, aumenta la temperatura media del aire y de los océanos y asciende el nivel del mar. Un centenar de líderes mundiales, apoyados en las conclusiones de los 3.500 científicos que participan en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, se han convencido de que dicho calentamiento ha sido provocado por la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, esto es, por el hombre, y para frenarlo están en Copenhague buscando la salida al laberinto de reducir las emisiones sin que afecte a sus economías.

Frente a ellos, un pequeño grupo de irreductibles estima que las causas del calentamiento, de ser cierto, están en la propia Naturaleza, que es caprichosa y friolera, y que los ecologistas se han inventado un cuento chino para devolvernos a la Edad de Piedra. Se les conoce como negacionistas, y entre ellos se encuentra el ex presidente español, quien debió de firmar en su día el protocolo de Kioto pensando que se trataba de un acuerdo para comprarle ordenadores a Toshiba y ahora expía su pecado.

(…) Quiere esto decir que cuando Aznar afirma que los ecologistas son los nuevos comunistas y que el calentamiento de la Tierra no es una verdad científica es que está a sueldo de alguna petrolera? Pues no exactamente, aunque alguna relación existe. En noviembre del pasado año, la revista Interviú publicó un reportaje sobre la fructífera carrera empresarial del ex presidente, empleado de Murdoch en la News Corporation, en cuyo accionariado sobresalen varios magnates texanos del petróleo como Fayed Sarofim, Charles Wilson y Alfred C. Glassell Jr (ex presidente de Texaco). Y daba cuenta además de sus actividades como conferenciante, ligadas tanto a la Heritage Foundation, otro think tank regado por la Exxon, como a la ya citada AEI, entre cuyos colaboradores figuran altos cargos de la Administración Bush como Dick Cheney o Richard Perle. Para un exhaustivo conocimiento de los tentáculos de esta compañía y sus relaciones con científicos estudiosos y asociaciones variopintas es imprescindible pasearse por www.exxonsecrets.org, una web creada por Greenpeace para desenmascarar la interesada filantropía de la petrolera.

No es casualidad, por tanto, que el núcleo de los negacionistas españoles se aglutinen en torno a FAES –colaboradora de la AEI- y al Instituto Juan de Mariana, una institución creada para dar a conocer los beneficios de la propiedad privada y de la libre iniciativa empresarial que asegura ser independiente y no aceptar subvenciones de ningún Gobierno o partido político, pero sí de la Atlas Economic Research Foundation, otro satélite de Exxon, gracias a cuya “generosa aportación económica”, el Instituto financia algunas de sus actividades. Existen además conexiones entre miembros del Instituto y de la AEI, que giran alrededor de su presidente Gabriel Calzada, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo pensamiento sobre el cambio climático puede resumirse en esta frase: “El calentamiento global se ha convertido en una religión y los calentólogos en una secta dispuesta a mentir todo lo que haga falta con tal de lograr sus objetivos”.

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Tres opiniones muy distintas sobre el editorial, las tres interesantes aunque no comparta todas sus tesis: El TC, el Estatut y la teoría de Julia Roberts, por Francesc Vallès // No es el Estatut, es la Constitucion, por Isaac Rosa. // El hueso, por Beatriz V. Valenzuela

Juan Carlos Escudier

Empezó siendo un sueño y ha terminado en bostezo. Cansados de ver cómo se construye su casa sin que nadie les consulte o de que se les ignore cuando se han manifestado en contra, los europeos han debido de encogerse de hombros al conocer que, a los postres de una cena en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se han puesto de acuerdo para que el belga Herman von Rompuy sea el primer presidente de Europa y la británica Catherine Ashton asuma el cargo de Alto Representante de Política Exterior en sustitución de Javier Solana. Rompuy, que más allá de Bélgica, donde era primer ministro, sólo era conocido por ese señor tan listo llamado Google, será quien encarne la voz de Europa en el mundo. Ahora sí que nos van a oír.

De esta manera tan transparente se pone en marcha la gran reforma institucional de la Unión, ese gran espacio democrático integrado por ciudadanos que se han enterado por la prensa de que ya tienen un presidente. Es la culminación natural a un proceso esperpéntico de refundación, en el que primero se trató de colar como Constitución lo que era una simple carta otorgada al mejor estilo del despotismo ilustrado, y que, tras el rechazo en referéndum de Francia y Holanda, se volvió a servir como si fuera un plato recalentado con el nombre más modesto de Tratado. Por el camino se han ido extrayendo lecciones, la última de Irlanda: para ganar una consulta popular basta con repetirla hasta que el electorado rinda el fuerte y enarbole la bandera blanca. Ya se sabe que repetir es persuadir con más detalle.

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Juan Carlos Escudier

Siendo sinceros, la clase política siempre estuvo desprestigiada. Si por algo destacaba el político en el imaginario popular era por su capacidad para disfrazar la mentira, por hacer de cada solución un problema y por anteponer sus intereses personales a los colectivos. De un político siempre podía esperarse que prometiera construir un puente aunque no hubiera río, y esa impresión se mantiene en la actualidad, con la diferencia de que ahora tenemos la certeza de que a lo largo de la obra alguien se llevará la comisión correspondiente.

A la desconfianza en los políticos ya se refería Clemenceau, quien fuera primer ministro de Francia en la I Guerra Mundial: “Cuando un político muere, mucha gente acude a su entierro. Pero lo hacen para estar completamente seguros de que se encuentra de verdad bajo tierra”. La cita es lo suficientemente ilustrativa.

De los políticos siempre se ha hablado muy mal y se ha generalizado injustamente. Es obvio que los manilargos son la abundante excepción entre quienes se dedican a la actividad pública, aunque en los últimos tiempos, debido a la proliferación de los casos de corrupción, se ha consolidado la vieja creencia de que todos están cortados por el mismo patrón. Esta presunción de que todos son iguales tiene efectos demoledores para el propio sistema democrático, que se basa en la confianza de que los que hacen las leyes no dedican la mitad de su tiempo a estudiar cómo transgredirlas.

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